Ley de Competitividad: “superpoderes” que se otorga a Defensa de la Competencia abre debate en Diputados

Aunque el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene en términos generales consenso del sistema político y ya fue aprobado en el Senado con voto de todos los partidos, en la comisión de Hacienda de Diputados se marcaron este miércoles algunas diferencias con parte del articulado.

En concreto, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala cuestionó la creación de un servicio descentralizado con el objetivo de sustituir la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que actualmente funciona en la órbita del MEF como órgano desconcertado.

Para el legislador, existe una “paradoja” o contradicción en crear más burocracia mediante un proyecto que tiene como finalidad, justamente, desburocratizar y simplificar los trámites administrativos para mejorar la eficiencia microeconómica, en particular en el comercio exterior, aunque no exclusivamente.

“Más burocracia y más avance del Estado en el proyecto de competitividad. Se crea como servicio descentralizado la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. No estamos de acuerdo con un nuevo organismo público (con cuatro cargos de confianza) para concentrar allí la potestad reglamentaria. Sería una entidad con enorme poder sobre todas las actividades económicas y sobre todo el Estado. El proyecto es bienvenido, pero que se ocupen de su aplicación los organismos que correspondan según el caso (MEF, el Banco Central del Uruguay, el Tribunal de Cuentas, el Parlamento, entre otros). Haremos lo que nuestro partido indique, pero somos partidarios de no votar los artículos 96 al 109”, escribió en X el legislador.

Consultado por El País, Abdala dijo que el problema que identifica es que, además de la creación de una nueva Dirección de Investigación —y un cargo de director— y un "procedimiento complejo" de designación para el nombramiento de los directores, en caso de avanzar la iniciativa se otorga “total autonomía política” a la Comisión, al tiempo que se le confieren “superpoderes”.

“La potestad regulatoria queda por fuera del sistema. Eso más allá de la independencia, entraña riesgos. Escapa totalmente al control político. En principio puede parecer algo bueno, tener buena prensa, pero tiene contraindicaciones. No sabes quienes van a integrar el directorio, mientras en sus manos queda la regulación de toda la actividad económica. No se trata de una unidad reguladora únicamente para energía o comunicaciones, es para todo: compras del Ministerio de Salud Pública, en toda la administración, la actividad comercial, el comercio exterior, las transacciones agropecuarias. Tendrán la potestad de definir todo lo que concierne a la conformación de grupos económicos, autorizar o desautorizar acuerdos entre empresas. Me parece una solución peligrosa”, detalló Abdala.

En resumen, agregó que está perfecto que “actúen con independencia técnica”, pero que le generan dudas y preocupación la “autonomía política” de un organismo que va a concentrar tanto poder.