Redacción El País
El senador del Partido Nacional y exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, hizo un pedido de informes tras conocerse que la nueva administración ofreció a los trabajadores sindicalizados optar por una compensación a cambio de desistir de un juicio contra el Estado uruguayo.
En concreto, la administración de Gonzalo Civila llegó a un acuerdo con el sindicato teniendo en cuenta que desde 2023 a unos "251 trabajadores se les incrementó el control de su carga horaria diaria sin el aumento salarial correspondiente", por lo que se resolvió "retrotraer a la condición anterior el control de la carga horaria de los 251 trabajadores afectados por la inequidad, tal como lo hicieron durante el gobierno anterior otros ministerios ante la misma situación".
Este aumento de la carga horaria se debió, durante la administración de Lema, a una norma votada en el Parlamento que establecía que quienes estaban trabajando en organismos públicos por contratos tenían la opción de pasar a ser funcionarios públicos, lo que implicaba que estos desarrollaran una jornada de ocho horas.
Fuentes del Mides sostuvieron, en diálogo con El País, que la regulación efectuada en 2023 se aplicó "de manera injusta" y llevó a que varios trabajadores "iniciaran audiencias de conciliación reclamando las diferencias salariales", el paso previo al inicio de una acción judicial. Fue en virtud de esto, que la cartera acordó "que todas aquellas personas que desistan de las acciones judiciales podrán ampararse al descanso compensatorio estipulado en el convenio para estos casos", indicaron.
"El sindicato les torció el brazo y encima les dan un premio ofreciendo días de licencia a quienes desistan de un juicio", reaccionó Lema en su cuenta de X y añadió: "Juan Pueblo paga. Políticas centradas en las corporaciones y no en los más vulnerables".
"Yo no sé hasta donde es legal eso de ofrecer un premio para dejar sin efecto una acción judicial", manifestó Lema en diálogo con El País, e informó que hizo un pedido de informes.
El pedido que presentó el legislador detalla que el acuerdo celebrado entre el Mides y el sindicato "autoriza a los funcionarios que eran contratados e ingresan a la función pública en calidad de presupuestados a realizar 6 horas diarias de labor" y asegura que para llevar a cabo esta excepción se requiere "un informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil y una resolución del Poder Ejecutivo". "Asimismo, solicito se informe si se están ofreciendo días de licencia a cambio de dejar sin efecto la demanda presentada y cuál es el marco legal y presupuestal en el cual se fundamenta lo ofrecido", añade el texto.
El sindicato les torció el brazo y encima les dan un premio ofreciendo días de licencia a quienes desistan de un juicio. Juan Pueblo paga. Políticas centradas en las corporaciones y no en los más vulnerables. https://t.co/nVYsG8OCV9.
— Martin Lema (@MartinLemaUy) June 4, 2025
La versión de la la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides), en palabras de su secretaria general, Ana Casteluccio, es que "a estas personas siempre se les pagó por seis horas, luego se les aumentó la carga horaria, gratis, y ahora vuelven a hacer el horario por el que se les paga" y señaló que en principio esta medida afectaba a cerca de 300 personas, pero que hubo sucesivas renuncias debido a esto. Fue esta "inequidad", la que llevó a Utmides a declararse en conflicto y demandar al Estado uruguayo.
"Todas estas personas trabajaron un montón de horas gratis, trabajaron cerca de 90 días gratis para la administración, entonces hay un juicio masivo en marcha de Utmides y la administración le ofreció a la gente que se quiera bajar del juicio una cantidad de días, que va a estar calculado en base al trabajo efectivo de esas personas, a compensar. Es una cantidad de días que anda en alrededor de los treinta, pero que de acuerdo a cada caso va a ser posiblemente menos, pero que es una compensación muy parcial de todo el tiempo que trabajaron gratis. Es para bajarse del juicio porque en caso de que el juicio se gané va a ser un juicio muy grande para el Estado", dijo Casteluccio y sostuvo que el sindicato llegó a este punto debido a "un enorme capricho por parte del exministro".