JERARCA DEL MIDES 

Un grupo de legisladoras del Frente Amplio (FA) presentó una ampliación de la denuncia penal contra Gabriela Bazzano, titular de la Secretaría Nacional de Cuidados y encargada del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).  

El nombre de Bazzano está en el ojo de la tormenta desde que el 5 de diciembre La Diaria informara que estuvo investigada por Crimen Organizado cuando era directora de la ONG Seamos que trataba con personas con discapacidad por irregularidades en tenencia de menores.

Según la investigación periodística, entre 2012 y 2017 la ONG implementó un programa de “familias articuladas”, que consistía en la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias pero sin control del INAU ni de ningún organismo estatal. Cuatro fueron entregados a familias que no eran las biológicas y dos se frustraron.

De acuerdo a lo que compartió en su cuenta de Twitter este jueves la senadora Silvia Nane -quien presentó esta denuncia junto a la también senadora Sandra Lazo y la diputada Ana Olivera- es por "los delitos de abuso de inferioridad psicológica de los menores y los incapaces (art. 350 CP) y complicidad en el delito de “asistencia y consejo desleal”. (Art. 194)". 

“Si bien el fiscal (Luis) Pacheco solicitó el archivo de la investigación, por entender suficientemente instruidos los hechos que motivaron el presumario, entendemos que existen elementos para reanudar la misma y, sobre todo, reenfocarla en estudiar el consentimiento brindado por personas que de alguna manera se encontraban en una verdadera situación de dependencia”, indica la denuncia presentada por las legisladoras y a la que accedió El País. “A su vez, debería investigarse el alcance del asesoramiento brindado por los profesionales del Derecho a a los efectos de efectivizar las tenencias”, agrega.

"Entendemos que existen elementos para reanudar la denuncia que no fueron considerados, como el consentimiento brindado relativo a las tenencias de sus hijos e hijas por personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad y dependencia", escribió Nane en su cuenta de Twitter. 

La senadora frenteamplista agregó que "es necesario investigar el alcance del asesoramiento brindado por los abogados y abogadas que participaron en los procesos que efectivizaron las tenencias". 

"Queremos que se investiguen todos los elementos, ya que consideramos que se pudieron haber violentado derechos fundamentales de personas que se encuentran en clara situación de vulnerabilidad ante el asesoramiento y asistencia de la ONG que dirigía Bazzano", planteó la legisladora de la oposición. 

El 6 de diciembre, un día después de la publicación de La Diaria, las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio pidieron la "destitución inmediata" de Bazzano. A su vez, anunciaron que irían a Fiscalía con el fin de reabrir la causa y promover investigaciones para conocer "si existen hechos similares a partir de que la mencionada directora ocupa el cargo en el Mides".

No obstante, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, respaldó públicamente desde un comienzo a Bazzano y dijo queno había "ningún elemento para separarla del cargo".

Bazzano explicó a El País que el programa de “familias articuladas” surgió a partir de una “ausencia de respuesta” que persiste al día de hoy y que ella ahora, desde su rol, se propone subsanar. En ese sentido, indicó que planea llevar el programa a una “coejecución” entre varios organismos del Estado.

Consultado sobre si bajo el programa de "familias articuladas" se perdía el vínculo con la madre en situación de discapacidad, Bartol respondió este lunes de tarde: "Por suerte eso fue parte de lo que pudimos dejar en claro hoy, la directora Bazzano pudo explicar bien cómo era ese vínculo. En muchos casos es diario, en otros casos es más los fines de semana".