El final de este año legislativo ha sido tormentoso para la coalición de gobierno, y los vientos no parecen amainar ante la posibilidad de un nuevo veto del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a una iniciativa de particular interés para Cabildo Abierto, dos senadores del Partido Nacional y otro del Partido Colorado.

En el centro están los 2.000 exfuncionarios de la mutualista Casa de Galicia -cerrada en diciembre de 2021 tras un fallo de la Justicia posterior a un proceso concursal- que esperan cobrar todo lo adeudado. El monto que les correspondería, de acuerdo a los cálculos del senador blanco Sergio Botana -uno de los promotores de esta iniciativa que es ley desde el martes-, puede superar los US$ 40 millones, si se tienen en cuenta las erogaciones por demandas que promoverían los perjudicados.

El asunto para el gobierno y el mandatario, entonces, es cuánto de este monto tendrá que poner el Estado.

La iniciativa aprobada en el Senado con votos de los blancos Botana y Juan Sartori (representado por su suplente y madre, Rosina Piñeyro), los tres cabildantes, un colorado y el Frente Amplio cubre el pago de créditos laborales por hasta US$ 20 millones.

Ahora bien, la ley puede quedar por el camino, pues el presidente analiza vetarla. Fuentes de Presidencia indicaron a El País que el mandatario tomará una definición al respecto antes de que emprenda su viaje a China -a donde irá a buscar ampliación del intercambio comercial y avanzar en el ansiado Tratado de Libre Comercio (TLC)- este viernes 18 de noviembre.

Dirigentes blancos confían que así sucederá, entre otras cosas por entender que la norma es inconstitucional, puesto que supondría un aumento de gasto público a menos de un año de las elecciones nacionales, interpretación que es rebatida, entre otros, por Botana, quien el martes, durante la sesión del Senado, aseguró que “inconstitucionalidad no hay ninguna”, porque para él no se configura un incremento del gasto. “Es simplemente una ley para que el Estado cumpla la ley; parece mentira, pero es así”, afirmó el legislador.

Además de Botana, el senador del Partido Colorado Germán Cardoso, que también votó la ley, confía en que el presidente no caerá en “el error” del veto. “Uno sabe que él se maneja racionalmente”, dijo Botana a El País.

En caso de vetar la ley, Lacalle Pou derribaría una segunda norma en lo que va del mandato, además de algunos artículos de esta última Rendición de Cuentas, tras la cual descartó la inhibición planteada para los fiscales a ejercer como abogados penalistas durante el año posterior a la salida de sus cargos; cambios en el régimen impositivo de los medios de comunicación; y que la fiscalización de las carnicerías se lleve a cabo por el Instituto Nacional de Carne y no por las intendencias.

De esos artículos, el referido a los fiscales es un asunto que preocupa especialmente a Cabildo Abierto, y la herida que su veto dejó tuvo como represalia -esta es la mirada que prima hoy en el oficialismo- la embestida de Guido Manini Ríos con críticas al Ejecutivo tras la difusión de los audios entre el excanciller Francisco Bustillo y la exsubsecretaria Carolina Ache -vinculados al caso Marset- que llevaron a la renuncia de cuatro jerarcas de primera línea del gobierno.

El enfrentamiento por un eventual veto -que se suma a otras diferencias internas, como la generada en la negociación por la reforma previsional o la discusión por la Rendición- tendría un antecedente: a mediados de diciembre 2021 Lacalle Pou vetó la Ley Forestal, iniciativa que había sido aprobada con los votos cabildantes y los de la coalición de izquierda.

El diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto no siente que haya algo “personal” entre el jefe de Estado y su partido, sino que en cada caso Lacalle Pou tiene su motivación objetiva. “Cabildo es el más propicio a los vetos porque es el que más iniciativas promueve dentro de la coalición. Los colorados y los blancos hacen lo que les pide el Poder Ejecutivo”, dijo a El País.

El gobierno presentó un proyecto para cubrir los créditos laborales de la exmutualista por hasta US$ 8 millones, pero no prosperó.

Además, el director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía, Fernando Blanco, afirmó en octubre ante al Comisión de Asuntos Laborales del Senado que los extrabajadores de Casa de Galicia “ya cobraron” por distintas vías US$ 24 millones y rechazó el planteo de exempleados que sostenían que la solución del gobierno solo alcanzaba a cubrir la cuarta parte de sus demandas.