Cazar carpinchos y mulitas en un predio ajeno en Salto, talar un monte nativo sin autorización en Río Negro, darle información falsa a las autoridades para extraer balastro, verter efluentes al alcantarillado público en Canelones, ingresar con un vehículo a la zona protegida de Cabo Polonio, forestar más de 100 hectáreas sin habilitación en Florida… Y esto no es nada. Se trata de apenas algunos pocos motivos por los que el Ministerio de Ambiente aplicó 189 multas en 2025.
Las mismas se suman a las 60 de 2020 -año en el que se creó el ministerio-, las 123 de 2021, las 165 de 2022, las 170 de 2023 y las 189 de 2024. Así, la cartera totaliza 896 sanciones económicas aplicadas en cinco años. Los datos pertenecen a distintos pedidos de acceso a la información pública realizados por El País y contestados por la cartera. Los documentos pueden ser consultados en la cuenta de Pipoint de El País.
Se detectaron incumplimientos de gobiernos departamentales de distintos puntos del país y de empresas públicas, como OSE, UTE y Ancap. Dentro del ámbito público, también se sancionó a ministerios, como el de Transporte y Obras Públicas, debido al proyecto de la doble vía en la ruta 9 (que va desde Pan de Azúcar a Rocha). Y no es la única cartera que quedó en la mira: Ganadería recibió una multa por un horno incinerador en Montevideo.
Al poner la lupa en las intendencias, desde 2020 se detectaron infracciones en Colonia, Soriano, Rocha, Canelones, Maldonado y Tacuarembó. En cuanto a las empresas privadas, los incumplimientos van desde mal tratamiento de los efluentes y toma de agua ilegal, hasta obras vinculadas al Ferrocarril Central.
Los que pagaron más
Al hacer zoom en 2025, se observa que el gobierno departamental fernandino recibió dos multas que totalizaron 1.200 Unidades Reajustables (UR) -US$ 57.336-: una por construir y operar parte de su centro de disposición final de residuos sólidos sin autorización ambiental, y otra por verter residuos en la zona del humedal del arroyo Maldonado.
Pero no es la única intendencia sancionada en 2025: la de Tacuarembó debió abonar 200 UR -US$ 9.556- por irregularidades en un proyecto de residuos sólidos urbanos. En pocas palabras, por no presentar los informes anuales de desempeño ambiental ni ciertos monitoreos en tiempo y forma, y por no renovar en plazo la autorización de operación.
Pero quien recibió la multa más alta de 2025 fue UPM, por su planta de celulosa en Río Negro. La sanción ascendió a 5.000 UR -US$ 238.901- debido al derrame de ácido sulfúrico al sistema de drenaje pluvial en un volumen que podría haber alcanzado los 6.000 litros, según se desprende de la resolución. Cuando esto sucedió, además de generar un gran revuelo, obligó a las autoridades del ministerio a visitar la planta en Fray Bentos.
En tanto, la segunda multa más alta del año fue para los titulares del segundo proyecto de UPM -Cuecar S.A. y Blanvira S.A.-, ubicado en Durazno. La cifra ascendió a 4.600 UR -US$ 219.789- por incumplir con la gestión de líquidos contaminantes.
La tercera estuvo vinculada a la construcción del Ferrocarril Central, la obra que une el puerto capitalino con Paso de los Toros (en función de la segunda planta de UPM). La recibió Sacyr Construcción Uruguay S.A. (por 4.140 UR, o US$ 197.810) por proporcionar información falsa, afectar un área mayor a la informada y operar sin autorización.
Y esta no es la única de las infracciones asociadas a esta obra vial el año pasado. La empresa privada Nge Contracting S.A. recibió una multa por 3.100 UR -que se traducen en US$ 148.119- debido a sus actividades mineras. Entre los motivos figuraron iniciar el proyecto sin autorización, explotar un volumen mayor al autorizado y exceder el área afectada. En tanto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas debió abonar una cifra mucho menor: 350 UR (US$ 16.723) por comenzar las obras sin la aprobación correspondiente.
Más allá de UPM y el Ferrocarril Central, hubo otras empresas sancionadas por irregularidades ambientales. Una azucarera en Paysandú, Azucarlito, recibió una multa por 1.200 UR -US$ 57.336- por la “reiteración del incumplimiento asociado al acopio de fertilizantes” sin autorización.
En Rocha, la empresa Nuevo Manantial S.A. cometió infracciones en su planta de fabricación de aceite de oliva; en concreto, por “haber operado las piletas de acopio de alperujo” sin autorización, según se desprende de la resolución. La imposición de pago ascendió a 1.000 UR, que equivalen a US$ 47.780 a la fecha.
Hubo una empresa que en un año acumuló seis multas por sus distintos proyectos en Florida, Durazno, Cerro Largo y Lavalleja: EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A., que actúa como fiduciaria del fideicomiso financiero forestal Bosques del Uruguay en sus distintas ediciones. La suma de las multas asciende a 3.800 UR -US$ 181.565- por accionar en sus proyectos de extracción de tosca y forestación sin autorización previa.
Años anteriores
Más allá del último año, en los anteriores también se detectaron distintas infracciones. En 2024, el Club Atlético Peñarol recibió una multa de 100 UR -US$ 4.778- por su proyecto del estadio Campeón del Siglo. El motivo fue que no presentó la solicitud de renovación de la autorización ambiental de operación en el plazo establecido por la normativa.
Ese mismo año, el Instituto Nacional de Colonización recibió una sanción de 200 UR (US$ 9.556) por la explotación de una cantera de tosca en Florida. El ministerio señaló en la resolución que las obras se iniciaron sin autorización ambiental previa. El organismo respondió que se “procedió a la extracción de material por razones de urgencia, debido al deterioro de la caminería por eventos climáticos, lo que hacía inviable el tránsito de personas y productos”.
Un año antes, en 2023, OSE recibió dos sanciones por las que debió abonar 400 UR (US$ 19.112). Una se debió a su sistema de tratamiento de efluentes domésticos en Sarandí del Yí, Durazno, después de que un grupo de vecinos se acercara a la cartera para alertar sobre la situación; la otra, en tanto, por incumplimientos en la planta de tratamiento de efluentes domésticos de Canelones.
Los montos de las sanciones solían ser objeto de crítica porque no “dolían” o porque, debido a su bajo impacto, no lograban el objetivo de disuadir. Por eso, en 2025 se instauró un incremento de los valores que el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, califica de “significativo”.
Este jerarca entiende, dijo a El País, que las nuevas cifras “son acordes a la importancia” que tiene la “protección ambiental”. Y destaca su relevancia: son una “contraparte imprescindible para el cumplimiento de la normativa”, aun cuando se está “mejorando la fiscalización” y haya una “apuesta” a la educación y concientización.
El hombre que tenía 34 aves silvestres
De las 189 multas que el ministerio aplicó en 2025, 35 correspondieron a la caza ilegal de distintas especies. De las resoluciones se desprende que se encontró a personas con ñandúes, mulitas, carpinchos, aves silvestres -con la particularidad de que a un solo infractor le hallaron 34 ejemplares-, tortugas, ciervos, tatús y guazuvirás. Las obligaciones de pago impuestas fueron distintas, sobre todo porque se considera más grave la cacería nocturna.
La caza es un asunto que está en la agenda del Ministerio de Ambiente, el cual solicitó modificaciones en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Uno de los objetivos de estos cambios -argumenta el Poder Ejecutivo- es “ampliar las facultades” de la cartera “a la hora de resolver” sobre las “armas incautadas”.
Además de la caza abusiva, en 2025 hubo otras sanciones a particulares. Dado que la franja costera está protegida, no se puede ingresar con cualquier vehículo sin autorización y, de hacerlo, esto conlleva una sanción (cuando la infracción es detectada, debido a la gran extensión del área protegida).
Más allá de la dificultad que implica la fiscalización, el ministerio aplicó 14 sanciones en 2025 por incumplimientos detectados en Rocha -dos de ellas en Cabo Polonio-, Canelones, Colonia y Maldonado. Sin embargo, los montos fueron menos significativos que los de otras infracciones ambientales: oscilaron entre las 10 UR (a la fecha US$ 478 y las 25 UR (US$ 1.195).
Se insiste con crear delitos ambientales
Más allá del aumento de los valores de las multas registrado en 2025, el ministro Edgardo Ortuño considera que Uruguay “debe dar un paso más” y aprobar una ley que establezca la responsabilidad penal por los daños graves al ambiente. Para ello, el Ejecutivo envió a mediados de junio una iniciativa legislativa con características similares a las discutidas en los dos períodos anteriores, las cuales no prosperaron en el Parlamento por distintos motivos.
En declaraciones a El País, Ortuño dijo sentirse “optimista” respecto a que los legisladores avancen en la iniciativa, al tiempo que señaló percibir una “aprobación y un acuerdo creciente en la sociedad uruguaya sobre la penalización de estos temas”.
La propuesta busca incorporar los delitos contra el ambiente en el Código Penal, específicamente en lo relativo a la contaminación, la biodiversidad y la gestión ambiental.
Entre las propuestas se destaca que la contaminación del aire, del agua y del suelo, así como el tráfico de fauna y flora protegidas, tengan una pena que vaya desde los seis meses hasta los ocho años de penitenciaría. Al mismo tiempo, se prevén sanciones algo menores -de tres meses de prisión a seis años de penitenciaría- para otros delitos contra la fauna y la flora, “dada la mayor amplitud de las conductas punibles y la posibilidad de alcanzar situaciones de menor trascendencia”, según se detalla en la exposición de motivos.
Ante la consulta sobre si existen empresas que prefieren pagar la multa antes que, por ejemplo, tramitar las habilitaciones correspondientes, el ministro Ortuño respondió que esa “pudo ser parte de la realidad” antes del incremento de los valores en 2025.
“De hecho, era uno de los argumentos que promovía el ajuste por considerar que eran montos muy marginales en las ecuaciones económicas de las empresas”, indicó.
No obstante, Ortuño considera que se trata “más una cuestión de concientización, educación y compromiso” que de un tema económico-financiero. Y añadió que si bien se requiere inversión para la “gestión ambientalmente sostenible de los proyectos”, en la “ecuación general” el impacto de los requerimientos “no es significativo y, a la larga, redunda en mejoras en la eficiencia, en los rendimientos y en su utilidad social”.
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