Bañados de Carrasco: impulsores sostienen que protección de humedales por parte de Ambiente "no afecta" iniciativa

Los desarrolladores del megaproyecto de 3.000 viviendas en los bañados de Carrasco aseguraron, tras una consulta realizada por El País, que la reciente decisión del Ministerio de Ambiente de blindar la zona por
decreto "no afecta" su iniciativa, al tiempo que celebran la medida como una oportunidad de colaboración público-privada.

El anuncio llegó tras las críticas recibidas por la cartera, que ahora rectifica su postura inicial al haber dejado al humedal fuera del listado de protección ambiental. El plan, que está a estudio de la Intendencia y la Junta Departamental de Montevideo, contempla además del complejo habitacional un área comercial y un parque.

Los desarrolladores privados ven que esta definición del Ministerio de Ambiente “no afecta al proyecto” —señalaron fuentes de Bislun SAS— porque su iniciativa “no toca los humedales”.

En esa línea, añadieron: “Por el contrario, constituye una excelente señal para que el Estado y los privados juntos podamos colaborar en la recuperación de un espacio público clave para que los montevideanos puedan disfrutar y profundizar en su conciencia ambiental”.

También aseguraron que el proyecto “parte de una alta valoración de los Bañados de Carrasco como infraestructura ambiental de Montevideo, y de la necesidad de protegerlos y mejorarlos porque en la actualidad se trata de un área amenazada y degradada”.

La decisión de incluir los humedales en el régimen nacional de protección fue anunciada por el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, este miércoles en el Parlamento, en una comparecencia que se llevó a cabo, en realidad, en el marco de la Rendición de Cuentas.

La decisión responde estrictamente a criterios de conservación ecológica, desestimando cualquier vinculación con proyectos inmobiliarios, señalaron fuentes del Ministerio de Ambiente consultadas por El País, e insistieron en que ninguna iniciativa de este tipo formó parte del proceso de estudio ni fue objeto de análisis durante la resolución.

Además, aclararon que el estatus otorgado a la zona conlleva, “como consecuencia directa e inmediata, la prohibición taxativa de su desecación”. Esta restricción anula cualquier posibilidad de desarrollo constructivo sobre el terreno, blindando así el ecosistema frente a intervenciones humanas. Si se puede construir en la misma zona, en los sitios en los que no haya humedales.

Desde la cartera enfatizaron que el sentido fundamental de la medida es la protección ambiental, reafirmando que el humedal es, bajo la nueva normativa, “un área intangible”.

En paralelo, se mantendrá instalado el grupo de trabajo interinstitucional (Ministerio de Ambiente, Intendencia de Montevideo e Intendencia de Canelones) encargado de abordar la compleja realidad territorial de la zona. El objetivo es gestionar los desafíos críticos que enfrenta el área, tales como la proximidad de asentamientos irregulares y los problemas persistentes de acumulación de residuos, que —se haga o no la obra que desató la polémica— vienen amenazando ya desde hace tiempos los bañados.