El presidente de la República, Yamandú Orsi, se remitió a las gestiones de Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), ante una pregunta de El País sobre si el gobierno va a declarar la esencialidad del puerto de Montevideo o no. “La ministra viene de hablar allí y explicó la situación”, respondió, mostrando que sus declaraciones reflejaban su posición. El gobierno finalmente resolvió establecer servicios mínimos en la terminal de contenedores.
Esto fue en la Rural del Prado, donde minutos antes Echeverry reconoció en un evento sobre competitividad que la situación del puerto es complicada en el área de los contendedores y que ese tema tiene que estar en la mesa de conversaciones en el país, para mejorar las relaciones entre el sindicato y la empresa.
“La paralización es significativamente menor cuando las conversaciones se comenzaron a dar en un marco institucional”, afirmó.
Etcheverry aclaró que hay avances con un acuerdo para el establecimiento de “servicios mínimos” (que no es lo mismo que “servicios esenciales”) y también en exigir la necesidad de que ambas partes, empresa y sindicato, actúen acorde a las garantías que debe mantener el servicio, según las disposiciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
En tal sentido, destacó que desde el ministerio buscan que la solución del conflicto llegue “no por obligación, sino por negociación”.
Soluciones de equidad
También señaló que existen problemas en el transporte de carga, por costos muy altos que afectan a los transportistas, sobre todo a las pymes del sector. Planteó que deberían buscarse soluciones de equidad, dada la heterogeneidad de las condiciones en el puerto.
El Puerto de Montevideo lleva 50 días de afectación en lo que va del año, por paralización en distintas áreas.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, señaló cómo se perjudica el país con ese conflicto y realizó algunos reclamlos, en especial en materia de precios de energía y logística.
Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) advirtió, en otro orden, que la descarbonización que emprende Uruguay tiene efectos fiscales y laborales, lo que debe planificarse para acompañar una "transición justa".