La coalición refuerza ofensiva contra el Diálogo Social y asegura que el gobierno "no tiene un rumbo”

A más de un mes de que terminara el Diálogo Social —ámbito que creó el Poder Ejecutivo en la búsqueda de consensos—, continúan las críticas desde la oposición. Parte de las propuestas, sobre todo las vinculadas al cambio de rol de las AFAP y la edad de retiro anticipada a los 60 años, no tienen el apoyo de la coalición. Esto volvió a quedar en evidencia este miércoles en un evento en el que hablaron referentes técnicos del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente.

Los protagonistas del evento —Rodolfo Saldain (Partido Nacional), Isaac Alfie (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente)— hablaron sobre los riesgos que implicaría implementar medidas incluidas en el Diálogo Social. Al mismo tiempo, se destacaron coincidencias con el documento en la necesidad de mejora en aspectos, como la unificación de las transferencias monetarias, de la seguridad social.

Sin embargo, la escasez de proyecciones económicas sobre los costos de las medidas fue una de las críticas que se reiteró en el evento.

Alfie planteó que “nunca se puede ignorar el marco fiscal” porque “todo tiene un costo”, el que hay que estimarlo. Asimismo, sobre la posibilidad de financiar con impuestos, remarcó que “ya es alta la presión tributaria” en Uruguay y sostuvo que, además, estos “tienen efectos económicos perversos” en distintos aspectos en la sociedad. También llamó a tener presente el ejemplo de Europa, donde existe un “estancamiento virtual” desde hace casi dos décadas y una insatisfacción ciudadana que sube porque sin crecimiento nada mejora.

Por eso, planteó que la “única salida” viable es el crecimiento económico. “Todo lo demás es una aspirina para combatir el cáncer”, indicó, e hizo hincapié en que las transferencias económicas son un complemento pero no la solución definitiva para la salida de la pobreza.

No obstante, el economista colorado mencionó puntos de coincidencia con el documento del Diálogo Social. Uno de los “focos correctos” —así los calificó— es la protección de las personas con discapacidad y la “unificación y la armonización de los programas” destinados a esta población. Otro punto de coincidencia es la unificación de las transferencias monetarias a los hogares vulnerables. Además, se mostró a favor de ir hacia montos de transferencias que se midan per cápita en vez de, como ahora, a través de las escalas de equivalencia.

Se explica en el documento del Diálogo Social que las escalas de equivalencia “penalizan a los hogares numerosos”, lo que tiene como consecuencia “un carácter regresivo”.

Saldain fue uno de los cerebros detrás de la reforma del sistema de seguridad social que se implementó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Ahora, ante las propuestas del Diálogo Social, cuestionó la idea de generar un retiro anticipado a los 60 años aunque se establezcan estímulos para que las personas sigan en el mercado laboral hasta los 65 años.

Para poder reducir la edad —señaló Saldain— “habría que pagar jubilaciones chiquitas”, lo que “no es sustentable social ni financieramente porque rápidamente va a surgir” el reclamo de la población de un aumento del monto debido a que no le va a alcanzar para vivir.

Pero, además, apuntó que el gobierno y el Frente Amplio “no hablaron con la verdad” durante el proceso de la discusión de la reforma en la gestión de Lacalle Pou “cuando sostuvieron que se iba a subir la edad jubilatoria al barrer”. Se previó —argumentó— una “enorme cantidad de excepciones” para sectores y se abrió una “ventana” para sumar otros.

“Alguien del gobierno me ha dicho que (esta disposición de sumar sectores de actividad) le genera una presión importante al gobernante. Pero este tiene que tener la capacidad de decir que sí y que no porque es una decisión que se toma a través de estudios”, añadió.

En conclusión, Saldain consideró que “el gobierno no tiene un rumbo”.

Del Partido Independiente, Posada calificó a la jubilación anticipada como el “punto negativo más importante” del Diálogo Social. Esto porque —argumentó— “tras la aprobación de la reforma en 2023 las agencias tomaron nota y hubo una mejora en la calificación y un cambio con una baja del riesgo país”. Por eso, entiende que aplicar esta medida significaría volver a la situación previa con un “deterioro de la calificación crediticia”.

Por otra parte, dedicó varios minutos a la recomendación del Diálogo Social que modifica el rol de las AFAP en un escenario donde se licitaría o asignaría los fondos no individualizados. Medidas que, de aplicarse, significarían —a su entender— distintos riesgos, como la aparición de conflictos jurídicos debido a que se cambiaría el vínculo entre los afiliados y las administradoras.

Otro posible problema sería la afectación de reputación porque, de aplicarse, habría un “cambio significativo que, de alguna manera, va a estar en el análisis que hagan las calificadoras de riesgo”. Por último, dijo, “las propias autoridades de gobierno han reconocido que estos cambios tendrían resultados marginales desde el punto de vista de la rentabilidad”.

Dados estos motivos, Posada entiende que es una “propuesta que claramente debe ser desechada”.