Cámaras empresariales tras el retiro del Diálogo Social: críticas a las propuestas y expectativa por la Rendición

Las cámaras empresariales se retiraron del Diálogo Social en la última etapa: no firmaron el documento final ni asistieron a la presentación del gobierno. Ya concluido ese ámbito, están a la espera de lo que incluirá el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas, la cual deberá presentarse antes de que termine junio. En paralelo, continúa la mesa de negociación creada para apaciguar el clima generado por las propuestas que modifican el rol de las AFAP.

Hubo tres motivos por los que las cámaras empresariales se retiraron. Por un lado, no compartían algunas conclusiones, como la eliminación de las condicionalidades para las transferencias monetarias o la reducción -del modo en el que se planteó- de la edad de retiro a los 60 años. A esto se suma que no estuvieron de acuerdo con el tratamiento de ciertos temas y que, además, consideraban que se deberían haber incluido en la discusión la problemática de la informalidad laboral y la transición entre la educación y el primer empleo.

Así lo contaron a El País los dos representantes de las cámaras empresariales en el Diálogo Social: Gustavo Michelin, por la Confederación de Cámaras Empresariales, y Leonardo Slinger, por la Cámara de Comercio y Servicios.

Una de las principales críticas al proceso -explicó Slinger- es que no hubo una propuesta sobre el “financiamiento y sustentabilidad” de las medidas, sobre todo a largo plazo. Aunque pueden tener diferencias con las recomendaciones, comparten la importancia de atender problemáticas como la infancia y adolescencia, la discapacidad y el cuidado de adultos mayores. Sin embargo, entienden que “no se abordó, o no se hizo con la suficiente profundidad, de dónde saldrían los recursos” para aplicar estas ideas “en un sistema ya constreñido”.

Consideran, en tanto, que se podría haber aprovechado la instancia “para que el Estado fuera un poco autocrítico” en vez de “agregar programas sobre otros o abrir casilleros en un organigrama cada vez que surge consenso sobre una idea”, apuntó Michelin. Esto se debe a que creen que en Uruguay hay un “Estado muy grande”, con “duplicación de actividades”, que debe “ser más eficiente al proveer servicios”. No obstante, hizo una salvedad: sí se abordó el problema de la fragmentación de las transferencias monetarias para menores de 18 años.

La recomendación de unificar el sistema de transferencias monetarias -y aumentar los montos- para hogares en situación vulnerable con menores de 18 años será incluida en la próxima Rendición de Cuentas.

Sin embargo, el gobierno aún no se pronunció sobre la propuesta de eliminar la condicionalidad de asistencia a centros educativos para cobrar ciertas prestaciones, que es parte del Diálogo Social -luego de que en campaña se pronunciaran a favor de esto el hoy presidente Yamandú Orsi y su ministro Gabriel Oddone.

Michelin explicó que les parece “razonable” la unificación del sistema, pero que no están de acuerdo con eliminar la condicionalidad. Estudiaron el sistema brasileño denominado Bolsa Familia y señaló: “En ese caso, la condicionalidad se utiliza para hacer más eficiente la prestación de los otros servicios. Es la lucecita que te dice ‘acá algo no funciona’. Entonces, no se trata de usarla como una penalización en primera instancia, sino como un indicativo de que hay que actuar”.

El Diálogo Social emitió muchas otras recomendaciones, compiladas en un documento de 80 páginas. Otra de las propuestas es la creación de un seguro por cese de actividad temporal para trabajadores independientes, pensado para quienes “están en situación de mayor vulnerabilidad”, con el fin de ampliarlo posteriormente “a otros colectivos”.

Desde las cámaras empresariales marcaron sus diferencias y, según contó Slinger, en las reuniones se cuestionó si realmente se escuchó a los prestadores de servicios independientes. Entienden que el tema se atendió “con buena intención, pero con cierta falta de rigor y profundidad”. En esa línea, indicó: “Existe un concepto, a veces sostenido por el Pit-Cnt, de que el trabajo autónomo es un empleo encubierto. Pero hay mucha gente a la que no le interesa el trabajo dependiente y existen sectores de actividad donde ese es el modelo natural”. Y añadió: “Un seguro de paro basado en un régimen con aportación por fictos -y fictos muy bajos- no tiene ningún beneficio real para esas personas. Entonces, me pregunto: ¿les interesa cambiar el sistema de tributación?”.

El Diálogo Social también puso sobre la mesa la expansión del subsidio de paternidad. Se planteó en el documento que esta prestación, por “su corta duración, contribuye a mantener las brechas de género en los subsidios y limita su impacto en la promoción de la corresponsabilidad en los cuidados”.

Desde las cámaras empresariales se volvió a plantear la interrogante de cómo se financiaría esto y se expresaron reparos sobre el análisis realizado respecto a la corresponsabilidad, pues entienden que “más que información, había suposiciones”, dijo Slinger.

Por su parte, Michelin aclaró que les parece “importante la corresponsabilidad en la crianza”, pero que, si se busca evidencia en otros países, “no es bueno que sea obligatorio que la tome la pareja que no gestó, que mayoritariamente es el padre”. Porque, de esa manera, “se restringe y no se permiten acuerdos dentro de la familia”. En esa línea, planteó que “quizás hay que mirar la extensión de los logros” en lugar de imponer leyes que obliguen.

Hubo dos propuestas en las que se centró el debate político, incluso antes de la presentación oficial de las recomendaciones. Una de ellas es la incorporación de una causal de retiro anticipado a partir de los 60 años, con mecanismos desestimulantes para que las personas opten por continuar trabajando hasta los 65.

Este tema -indicó Michelin- les fue presentado “sin mucha discusión”. La postura de las cámaras empresariales es que este capítulo -junto a la reevaluación del rol de las AFAP- no debía ser parte del Diálogo Social y que surgió por motivos políticos. Además, aseguró que no vieron estimaciones sobre los costos que implicaría dicho retiro anticipado.

“El Poder Ejecutivo dice que se puede instrumentar con un pequeño gasto público. Estoy de acuerdo, pero para que así sea, tenés que abarcar a poca gente y darle una jubilación extremadamente más baja que la que tendrían a los 65 años. Generás una expectativa para ofrecer poco y creemos que esto no es necesario”, señaló Michelin.

“Bajar la edad en vez de subirla es ir en contra de algo inexorable: cada vez habrá más gente viviendo más, con mejor calidad, y menos personas activas. No se sostiene”, añadió.

Más allá de los argumentos demográficos o de costos, las cámaras empresariales recordaron que el plebiscito para modificar el sistema de seguridad social, que se votó en la primera vuelta de las elecciones de 2024, no tuvo éxito -también es cierto que los lineamientos programáticos del FA comprometieron al partido, en caso de ganar, a revisar la jubilación a los 60, y que Orsi dijo durante la campaña que así lo haría. Asimismo, Slinger recordó que en la reforma realizada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, ciertos sectores quedaron con una jubilación anticipada. Y que, además, se establecieron mecanismos para personas con largos períodos de cotización o con edades avanzadas y menos años de aportación.

“Toda ley es perfectible, pero eso no implica tener que bajar la edad para solucionarlo. Podés, de repente, sumar otros sectores. Planteamos analizar los mecanismos que ya tiene la ley vigente, algo que no estuvo sobre la mesa”, agregó.

El otro punto álgido del debate se vinculó al rol de las AFAP. Se recomendó continuar con el sistema actual de tres pilares, pero con la particularidad de que las “cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público”. Este último, en ese escenario, “licitaría o asignaría los fondos (no individualizados)”. Fue tal el revuelo por esto que se creó un ámbito de negociación entre las AFAP y el Poder Ejecutivo. Por eso es “difícil pronunciarse” -señaló Slinger-, dado que la bipartita continúa.

Pero antes de que se conociera la propuesta en el ámbito del Diálogo Social, se recibieron trabajos técnicos -señaló Michelin- que incluían un “cartel grande que decía ‘ojo con las licitaciones’” de los fondos. ¿Por qué esto? “Las licitaciones a nivel internacional son complejas y en Uruguay, que es un país pequeño, este tipo de procesos representan un problema”, explicó.

A esto se suma que, al igual que con la edad jubilatoria, las cámaras empresariales recuerdan que hubo un plebiscito donde ya se trató el rol de las AFAP. Al mismo tiempo, Slinger señaló que es un “sistema que tiene 30 años de funcionamiento correcto, donde el Estado participa con República AFAP ”, y al cual se le hicieron cambios en la última reforma. Por lo tanto, cree que aplicar la recomendación del Diálogo Social es “meter ruido donde no hacía falta”.