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Javier García: las Fuerzas Armadas están peor de lo previsto

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Ayer se produjo la segunda reunión por la transición en el Ministerio de Defensa. Foto: Marcelo Bonjour

LA TRANSICIÓN

"De aquí a cinco años no podrá funcionar la mitad de los buques de la Armada y en 10 años ninguno”, advirtió el futuro ministro de Defensa.

El futuro ministro de Defensa Nacional, Javier García, afirmó ayer que el estado general de las Fuerzas Armadas es peor que lo esperado. “De aquí a cinco años no podrá funcionar la mitad de los buques de la Armada y en 10 años ninguno”, advirtió García, tras la segunda reunión por la transición con el ministro saliente, José Bayardi.

El actual jerarca aseguró que se han mantenido diversos intercambios para conseguir financiamiento que permita actualizar las flotas. Mencionó que hay gestiones que las podrá realizar este gobierno y otras que quedarán en manos de las nuevas autoridades. Aclaró que se pudo refaccionar algunos buques que están operativos.

En tanto, García pretende que los soldados que se ocupen de la custodia de la frontera terrestre tengan los mismos derechos que los policías que se beneficiarán con la ley de defensa presunta. En ese sentido, anunció que la ley de urgente consideración incluirá esa norma. “El Estado les pide esa misión, les tiene que dar esa protección”, señaló García.

Hasta el momento no se ha conseguido la firma de todos los ministros para poder concretar el decreto reglamentario y así comenzar con las operaciones. Hace 14 meses el Parlamento votó por unanimidad el proyecto de ley. “No puede ser la burocracia el límite para la seguridad de los uruguayos”, señaló García.

Por otro lado, remarcó que Jurídica de Defensa se encuentra analizando el decreto sobre las reglas de empeñamiento que aplicarán los soldados desplegados en la frontera.

García confirmó que también se incluirán en la ley de urgente consideración las normas que permitirán el derribo de aeronaves civiles sospechosas de traficar drogas o afectar la seguridad pública. El futuro ministro aclaró que Uruguay es uno de los pocos países de la región que no cuentan con esa apoyatura legal.

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