Gobierno de Orsi solicitó al de Brasil que los presos de la barra de Peñarol esperen juicio en Uruguay

El sábado 1° de marzo, sobre el mediodía, cuando todavía faltaban varios minutos para que Yamandú Orsi llegara al Palacio Legislativo para participar de la ceremonia de asunción ante la Asamblea General, parte de la barra de hinchas de Peñarol ya estaba contra el vallado, cantando y haciendo sonar bombos y redoblantes, con carteles que fueron ampliamente fotografiados: "No se olviden de los pibes".

El reclamo es conocido, sobre todo bajo la formulación "liberen a los pibes": que los detenidos en Río de Janeiro en la previa al partido de semifinal de Copa Libertadores que Peñarol jugó contra Botafogo en el estadio del club carioca el 23 de octubre del año pasado —tras incidentes con la Policía y otras barras de la zona—, puedan esperar todos en Uruguay el proceso judicial abierto en su contra.

Hoy hay 23 uruguayos que no pueden salir de Brasil, pero solo dos están recluidos en prisión (ver recuadro), y cuyas familias han reclamado tanto al gobierno anterior de Luis Lacalle Pou como al actual de Yamandú Orsi que el Poder Ejecutivo interceda de alguna manera en este conflicto.

El cambio en la enunciación en la cartelería que los hinchas mostraron frente a la circunvalación de la sede del Poder Legislativo se dio luego de un diálogo entre el actual gobierno e integrantes de la barra, en el que se aseguró que lo que está al alcance de Presidencia es solicitar al gobierno de Brasil que los hinchas esperen el desenlace del proceso en Uruguay. Cosa que se hizo, en ocasión de la visita de Luiz Inácio Lula Da Silva a Montevideo, para asistir a la ceremonia de asunción de Orsi.

Fuentes del gobierno indicaron a El País que específicamente se trasladó esta preocupación a la delegación brasileña, y que se acusó recibo.

En paralelo, la defensa de los detenidos, encabezada en Uruguay por el penalista Jorge Barrera —expresidente de Peñarol— y Rodrigo Rey, está esperando la respuesta a una solicitud ya cursada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores que hoy conduce Mario Lubketin. Lo que se requirió a la Cancillería fue la expedición de un documento que certifique que todos los procesados tienen domicilio en este país, para luego usar eso como argumento para insistir ante la Justicia brasileña y cumplir así con el pedido que los familiares están manifestando desde hace casi cinco meses.

Esa es la forma de asegurar la "garantía" ante los distintos jueces —porque hay varios juzgados interviniendo— de que los detenidos tienen domicilio real en Uruguay, dijo Barrera ante la consulta de El País.

La defensa —que en Brasil cuenta con el apoyo de los abogados de Roger Gomes y Eduardo Benfica— espera tener ese documento ministerial esta semana.

Mientras tanto, el equipo de Barrera trabaja en la estrategia de fondo a esgrimir en los tribunales cariocas, además de la preparación de "acciones de sustitución de medidas cautelares".

Este lunes, en tanto, los detenidos comparecieron ante las sedes judiciales para firmar y demostrar "por cuarta vez que hay un correcto cumplimiento de las medidas", agregó Barrera.