La empresa Efice ha ocupado titulares de prensa en los últimos años debido a la particularidad de su producción y al brete político que eso significa para todos los gobiernos desde que Uruguay suscribió, junto con la comunidad internacional, el Convenio de Minamata, en 2013 —durante el gobierno de José Mujica. Ese acuerdo obliga a eliminar progresivamente el uso del mercurio, químico clave en la producción de soda cáustica, que es a lo que se dedica dicha firma.
El compromiso de Efice, desde al menos el año 2016, es iniciar una reconversión total para eliminar la utilización de ese contaminante, pero la demora en concretarlo viene generando varias consecuencias para Uruguay, entre ellas que la embajada de Estados Unidos transmitiera meses atrás al gobierno de Yamandú Orsi su preocupación al respecto.
El problema, entonces, lleva una década, pero se intensificó durante esta gestión frenteamplista a partir de las dificultades que fue mostrando la empresa para lograr esa necesaria reconversión a tiempo y cumplir de esa manera con el convenio, que estipulaba como plazo máximo para la eliminación total del mercurio el 31 de diciembre de 2025.
Es así que la empresa solicitó el año pasado al Ministerio de Ambiente, que conduce Edgardo Ortuño, contar con una nueva prórroga de 12 meses, luego de ya haber obtenido otra en 2021 —durante el gobierno de Luis Lacalle Pou—, en ese momento por cuatro años y junto con varias exigencias, entre ellas que se fijara el inicio de los trabajos antes de que terminara el año 2022.
Pero la historia tiene como punto de arranque aquel año 2016, cuando por primera vez el gobierno —en ese entonces de Tabaré Vázquez— intimó a esta firma a reconvertir su planta de producción hacia una tecnología que no utilizara mercurio. Y fue entonces cuando se le otorgó una primera prórroga de unos cinco años.
El asunto también preocupa al sindicato de la empresa, que se ha movilizado durante este año temeroso de que el fracaso de este proceso llevara al cierre de la planta y a una desocupación masiva de sus trabajadores.
El tema llevó, asimismo, a un planteo que formuló la sede diplomática de Washington en mayo de 2025, según informó el semanario Búsqueda en setiembre pasado. La embajada norteamericana presionó al gobierno uruguayo porque este incumplimiento tenía un impacto negativo en Alliance, una firma de capitales estadounidenses que opera en el mismo rubro y que, por tanto, es competidora de Efice —única compañía que, desde hace años, abastece de cloro a OSE—, pero que sin embargo prescinde del mercurio en su producción.
Ahora bien, mientras Estados Unidos —que presiona al gobierno de Orsi en varios andariveles, como por ejemplo con que se acepte la llegada de cubanos indocumentados y detenidos por su policía migratoria— continúa expectante de que el gobierno cumpla con el Convenio de Minamata, en los últimos días se conocieron dos novedades que, de momento, parecen abrir una esperanza para Efice y para el propio sindicato, en cuyas filas (como ya se verá), sin embargo, son todavía escépticos.
Según señalaron fuentes empresariales, y confirmaron desde el Ministerio de Ambiente, días atrás la cartera "intimó" a Efice a que presenten "plan y cronograma para cumplir con la normativa".
La realidad es que la última prórroga fue excepcional y el ministerio no tiene voluntad de otorgar otra.
Desde la cartera señalaron, en este sentido, que esa comunicación se dio "luego de que se registraran nuevos retrasos" en el proceso de reconversión, algo que generó "preocupación sobre un posible incumplimiento" del convenio en cuestión.
En ese diálogo, el ministerio entendió que la empresa continúa demorada por "dos factores": por un lado, debido a "problemas en la importación de la tecnología", particularmente como consecuencia de la guerra en Oriente Medio; por el otro, por "inconvenientes" para acceder a fondos solicitados al Banco de la República (BROU) que permitirían llevar adelante las obras.
La otra noticia tiene que ver, precisamente, con esto último: según informó La Diaria, las tratativas con el BROU finalmente condujeron a buen puerto, y la empresa pudo acceder al crédito solicitado —la consulta con Ambiente por parte de El País se llevó a cabo antes de que el banco confirmara los fondos.
El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de Efice, Esteban Stiffano, aseguró a ese medio que el riesgo de que la empresa cierre era real porque la situación estaba dada para que no no se cumpliera con el plazo "que el propio gobierno estableció para esta reconversión tecnológica".
"Por eso nosotros acudimos a las autoridades nacionales para (también) pedirles un año de prórroga", dijo el también coordinador del Sindicato de Trabajadores de la Industria Quimica.
"No solo estamos los 130 trabajadores de Efice, están un montón de puestos indirectos que también se iban a ver afectados con el cierre de la empresa, como los funcionarios del transporte, las empresas que nos venden la comida o el servicio de limpieza, las empresas de control de plagas, además de todos los comercios de la zona" en el departamento de San José, agregó.
En diálogo con El País, Stiffano añadió que el gremio de trabajadores continuaba "expectante" de que la empresa pueda tener "el tiempo necesario" para completar la anhelada reconversión, más allá del último plazo fijado, que vencerá a fines de este año.
"Está transcurriendo el año que se dio, no sabemos qué va a pasar en diciembre, de esto depende el trabajo de mucha gente", advirtió.