Gobierno advierte y presiona a Caja de Profesionales para revertir resolución sobre cobro de timbres médicos

Luego de haber votado la creación de un nuevo timbre médico, el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) fue presionado y advertido por el gobierno para que diera marcha atrás y eliminara la posibilidad de imponer un costo a los usuarios para financiar la institución ya asistida por el Estado con decenas de millones de dólares luego de que se votó la ley de salvataje para la paraestatal.

Según informó Canal 12 en primera instancia, en la sesión del pasado 28 de mayo el directorio que asumió en febrero de este año resolvió comenzar a cobrar timbres a “a los informes emitidos por profesionales vinculados a consultas médicas y demás prestaciones sociales”.

La intención es que cada vez que un profesional médico escriba algo en la historia clínica de un paciente se cobre un timbre profesional de $ 170 por ello.

Esta decisión provocó la reacción de la Junta Nacional de Salud (Junasa), que envió a la institución una carta fechada el 17 de junio en la que manifestó su rechazo a la medida adoptada por unanimidad por los siete directores del organismo, incluidos los dos representantes del Poder Ejecutivo.

En la misiva de la Junasa, a la que accedió El País, se hace hincapié en que la resolución que establece un timbre para todos los informes asociados a consultas de atención a partir del 1° de agosto “en los hechos supone la incorporación de un nuevo costo asociado a la atención sanitaria, con impacto directo sobre los usuarios y sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)".

“La medida implica un incremento de los costos de acceso a la atención médica, configurando un aumento indirecto de las tasas moderadoras y, por tanto, de las barreras económicas de acceso a los servicios de salud. Resulta particularmente sensible para usuarios con patologías crónicas, personas mayores y sectores de menores ingresos, quienes requieren una utilización más frecuente de consultas y controles médicos. La medida se orienta en sentido contrario a las políticas sanitarias que viene desarrollando el Ministerio de Salud Pública para reducir las barreras de acceso y facilitar la utilización de los servicios de salud”, advirtió la Junasa.

De parte del gobierno, el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, adelantó en La Diaria Radio que el Poder Ejecutivo de ninguna manera va a permitir que la medida prospere y así le fue comunicado al presidente de la Caja, Andrés Pérez, el pasado martes. La directiva comenzó a sesionar este jueves a las 15 horas.

En diálogo con El País, el jerarca dijo que aunque se respeta la autonomía política de la paraestatal, se le transmitió la posición oficial del gobierno de que se considera la resolución adoptada “irregular desde el punto de vista formal e inconveniente por su contenido y proyección social”.

A su vez, Di Doménico comentó que en la sesión en la que se votó la resolución duró más de seis horas y fue la primera en la que participaron los dos nuevos delegados del Poder Ejecutivo: Pablo Aguirregaray y José Antonio Iglesias.

Según comentó, el tema venía siendo tratado previamente cuando el gobierno no tenía representantes, después de la renuncia de los directores previos, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcué. Su dimisión se dio tras la polémica por haber votado a favor de una partida de $ 131.520 a percibir por los directores que asuman a partir de mediados de febrero.

“En esta caso, además, no tiene facultades orgánicas el directorio de la Caja para establecer o imponer este paratributo, ni tampoco el importe establecido que es una barbaridad”, comentó Di Doménico, en referencia a los $ 170 que se pretendían cobrar a partir de agosto por cada acto médico en la que medie la intervención de un profesional en la historia clínica del paciente.

En esta línea, detalló que la medida como fue propuesta comprende “atenciones profesionales en emergencia y en internación”.

“Es un disparate. Cada vez que un profesional que opera en la salud actúa, que no necesariamente tiene que ser un médico, se registra. Y por cada registro que puede ser de dos palabras: $170. El Ministerio de Salud Pública hizo una estimación de acuerdo a los registros estadísticos y estaríamos hablando en un año piso una recaudación de US$ 60 millones. En uno techo, US$ 100 millones. Implicaría duplicar los aportes de la sociedad, es una barbaridad”, apuntó el ingeniero agrónomo.

En esta línea, Di Doménico aclaró que en caso de que la decisión no se revierta el gobierno va a intervenir directamente para que no prospere la medida.

“No hay que perder de perspectiva que se trata de un instituto paraestatal. Por lo tanto, todo aquello que tenga que ver con seguridad social e implique una nueva instrumentación o estructura contributiva tiene que contar con la intervención del Poder Ejecutivo. Incluso entiendo que el MSP tiene potestad en este caso. Todos los precios que hacen al consumo de servicios de salud son regulados y fundamentales en la economía (del rubro). Esto alteraría groseramente la política de precios e incluso, te digo más, condenaría a mutualistas a su caída directamente”, apuntó.

Por tanto, Di Doménico advirtió que de no haber una rectificación “el Poder Ejecutivo se iba a sentir en la plena facultad de buscar el mecanismo legal más idóneo para revertir los efectos” de la resolución votada hace poco menos de un mes.

En 2025, los profesionales activos aportantes a la institución son más de 63.000, cuando hay en total 170.000 universitarios en el país. Sin embargo, hay 110.000 que se declararon en “no ejercicio”, por ende, no contribuyen con la Caja. De esa cantidad, 90.000 trabajan en relación de dependencia y su contribución a la seguridad social es volcada al Banco de Previsión Social (BPS).

Según informó el economista Isaac Alfie en X, la recaudación por timbres de salud supera los US$ 110 millones anuales y representa cerca de dos tercios del total recaudado por ese concepto. En tanto, los timbres profesionales explican alrededor del 30% de los ingresos que percibe la Caja.