Frente Amplio reclama registro de comunicaciones entre Cardama y autoridades de Defensa del gobierno pasado

Representantes de Delpiazzo Abogados, en particular Carlos Y José Miguel Delpiazzo —el profesional que más trabajo en el asesoramiento al gobierno pasado durante la negociación y la firma del contrato con Cardama por la compra de dos patrulleras oceánicas— comparecieron este lunes ante la comisión bicameral que investiga el acuerdo alcanzado en el período pasado y que fue finalmente rescindido por la actual administración.

Según pudo reconstruir El País, las sensaciones como ha ocurrido en el resto de las sesiones sobre el tema son divergentes entre lo que entiende el oficialismo y lo que considera la oposición.

El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo declaró a El País que a su forma de ver lo expresado por los abogados “fue contundente”, mientras que en lo opinión de Pablo Abdala, del Partido Nacional, no se aportó demasiada novedad y se limitaron a relatar hechos, por lo que “depende de la interpretación que cada uno haga a partir de los temas”.

Garlo resumió que los asesores contratados por el Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior señalaron que su trabajo se limitó a la elaboración del contrato y a la evaluación de las garantías presentadas por el astillero español, “ninguna de las cuales fue avalada” por ellos.

“Además, recordaron que habían hecho un informe en el que recordaban que los plazos para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento había vencido y que por tanto el contrato había que dejarlo sin efecto (ocurrió en agosto de 2024)”, comentó Garlo, sobre información que ya ha trascendido.

Asimismo, cuestionó que por parte de las actuales autoridades de Defensa —en particular el director de Jurídica— hubo un pedido explícito al estudio para pedirle “registros de las comunicaciones porque en la cartera no había nada, ningún registro” y el “proceso está documentado gracias a lo que el Estudio Delpiazzo aportó” (mails e intercambios de WhatsApp).

“Reafirma que el proceso de constitución de las garantías entre Uruguay y Cardama fue absolutamente desprolijo y estuvo marcado por una serie de prórrogas interminables que derivaron en la participación de Eurocommerce, una empresa que posteriormente se comprobó que era falsa”, sostuvo Garlo en rueda de prensa. El legislador reiteró la posición del oficialismo de que, por esas razones, el contrato “nunca debió haber entrado en vigencia ni haberse activado el primer pago de 8 millones de euros”.

El diputado por Maldonado agregó que se pidió, ante la falta de documentación, que se “envíen todas las copias de los correos electrónicos del exdirector general del Secretaría (Fabián Martínez) y del exdirector de Recursos Financieros Damián Galó entre el 1° de enero de 2023 y 28 de febrero de 2025.

“Queremos saber si constan comunicaciones entre el Ministerio de Defensa y el Estudio Delpiazzo, pero también con Cardama y su representante en Uruguay, Gerardo Moreira”, reclamó.

En tanto, Abdala consideró que en la comparecencia no se consignaron novedades con respecto al caso, pero sí se confirmó que se actuó “con una gran transparencia”.

“Quedó claro —con respecto a lo propuesto por Delpiazzo en agosto de 2024— que quien tomó la iniciativa o manejaba la alternativa de rescindir ante la demora prolongada para constituir las garantías era la propia administración. Es el Ministerio de Defensa el que plantea la posibilidad al estudio sobre la vía jurídica o procedimiento a cumplirse para dejar sin efecto el contrato. Y el estudio llega a elaborar un borrador que hace llegar al ministerio. Eso fue ratificado José Miguel Dellpiazo. Es posteriormente que aparecen las otras alternativas de Cardama, entre ellas la de Eurocommerce”, afirmó Abdala.