Frente Amplio apunta contra Lacalle Pou tras denunciar “hechos de apariencia delictiva graves” en compra de OPV

Legisladores del Frente Amplio denunciaron este lunes en conferencia de prensa que hubo “hechos de apariencia delictiva graves” y "responsabilidades políticas" en el proceso de compra de las patrullas oceánicas (OPV) al astillero Cardama, que rescindió el presidente Yamandú Orsi.

“El primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo es el expresidente Luis Lacalle Pou, por ser no solamente comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el momento, sino por haber respaldado políticamente todo el proceso de adquisición de las OPV de la forma irregular con la cual se actuó”, sostuvo el senador frentista Nicolás Viera.

“Ha quedado claro, ya nadie lo discute, que nos quisieron estafar. Que había joda”, afirmó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que participó de la conferencia de prensa, en referencia al astillero español. Y añadió que rescindir el contrato “fue una decisión más que acertada”.

Pereira valoró que “claramente hay responsabilidades políticas” en esta compra, fallida, al nombrar a los “ministros de Defensa, cargos de confianza del ministerio (de Defensa), miembros de la Armada, pero también el expresidente Luis Lacalle Pou, que siguió esta compra y avaló cada uno de estos procedimientos, algunos reñidos con la norma pública”, dijo.

El diputado oficialista Joaquín Garlo, por su parte, aseguró que los hechos con presunta apariencia delictiva están vinculados al “proceso de constitución de la garantía”, a la “documentación falsa” presentada en ese proceso, y a los “pagos” efectuados por el Estado uruguayo a Cardama.

Garlo apuntó que el “principal responsable” del proceso es Cardama, aunque aclaró que los hechos imputados no podrían haberse efectuado sin la “acción u omisión” de funcionarios públicos que intervinieron.

“La voluntad del Frente Amplio es que se investiguen esas actuaciones a efectos de determinar la eventual responsabilidad penal de quienes tuvieron participación en el proceso, funcionarios públicos y particulares, tanto nacionales como extranjeros”, acotó.

Pereira agregó que buscan que la Fiscalía “dentro de su independencia, pueda actuar para investigar a fondo hechos que desde el punto de vista de quienes estuvieron en la comisión constituyen hechos de apariencia delictiva”.