Oposición hará denuncia penal contra ministra de Defensa, Sandra Lazo, por rescisión con el astillero Cardama

El diputado nacionalista Pablo Abdala anunció este lunes en conferencia de prensa que la coalición presentará esta semana una denuncia penal contra la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por el delito innominado de funciones, tras la rescisión de la compra de las patrullas oceánicas (OPV) al astillero Cardama.

“Creemos que claramente ella ha protagonizado hechos de apariencia delictiva evidentes”, afirmó Abdala sobre la denuncia que recaerá sobre Lazo, y otros dos funcionarios de su cartera. "La ministra Lazo es responsable legalmente, políticamente y legalmente", agregó.

El mensaje ocurre a dos días de conocerse los respectivos informes de una una comisión especial que investigó el proceso de adquisición de las patrullas, que ocurrió durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y que rescindió el presidente Yamandú Orsi.

“No hay ningún cuestionamiento o irregularidad descubierta en esta comisión, ni planteada, que cuestione legalmente la compra que se hizo al astillero Cardama por parte del gobierno”, enfatizó el diputado colorado Maximiliano Campo.

Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, aseguró que sigue “sin saber en base a qué cálculos, a que análisis fue que indujeron al presidente de la República a firmar una rescisión a todas luces ruinosa”.

El diputado opositor apuntó que “no hay ningún hecho de corrupción que se haya encontrado, ningún ilícito”, tras cinco meses de investigación, y de diez meses que “el Poder Ejecutivo instalara esta operación política”.

Sotelo agregó que a nivel de la coalición observaron conductas del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y la ministra de Defensa que “podrían eventualmente significar la violación de la ley.

En concreto, dijo que buscarán conocer si Díaz y Lazo actuaron conforme al artículo 23 de la ley 19.823 (Código de Ética de la función pública). Dicha norma establece que "el funcionario debe motivar los actos administrativos que dicte, explicitando las razones de hecho y de derecho que lo fundamenten". “Claramente, la existencia de una garantía inconsistente, insuficiente o falsa, no es un motivo suficiente”, sostuvo Sotelo.

“¿Cómo van a hacer para recuperar los US$ 30 millones, US$ 20 millones de los cuales los pagó este gobierno, que están convirtiéndose en chatarra en un astillero en Vigo?”, cuestiónó Sotelo, que dijo tener la “sospecha” que la marcha atrás con Cardama fue para “satisfacer intereses políticos menores y mezquinos”.