Cardama: de la “operación política” que denuncia la oposición a los delitos que el FA sugiere se investiguen

Finalmente, la comisión especial para investigar el proceso de compra de las patrullas oceánicas (OPV) llegó a su fin y se presentaron cuatro informes, que deberán ser tratados por la Asamblea General a partir de la semana próxima. En conjunto, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Independiente (coalición republicana) elaboraron un documento —en minoría—, mientras que el Frente Amplio (FA), Cabildo Abierto e Identidad Soberana presentaron por separado sus propios análisis.

En sus conclusiones finales, la coalición afirmó que la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero Cardama fue en definitiva una “operación política”. En esta línea, la oposición defendió la decisión tomada por la anterior administración y sostuvo que “se ajustó en todo momento a derecho”.

“El expediente muestra, en cambio, que desde marzo de 2025 el gobierno actuó con funcionarios sin designación formal, filtró información reservada, dejó siete meses sin control el astillero y terminó rescindiendo el contrato en cuatro días, sin ningún estudio de contingencia de los gastos económicos por los riesgos ocasionados para el Estado y con una finalidad política”, acusaron los legisladores. Adelantaron que presentarán una denuncia penal contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y dos de sus asesores más cercanos durante el proceso: Damián Rojas y Daniel Marsiglia.

En este último caso, la oposición cuestionó que ambos adscriptos hubieran actuado durante casi tres meses entrevistando a oficiales de la Armada Nacional y accediendo a información reservada, pese a que aún no mantenían un vínculo formal o laboral con el Ministerio de Defensa. A partir de esas actuaciones elaboraron un informe que posteriormente sirvió de fundamento para que Lazo sancionara a cuatro contralmirantes, entre ellos al excomandante en jefe Jorge Wilson.

Para los diputados y senadores de la coalición, el gobierno decidió de “antemano” terminar con el contrato sin medir el costo para el Estado y concentró en pocos días —entre el 20 y 24 de octubre de 2025— los informes jurídicos, las gestiones diplomáticas, la rescisión y la denuncia penal.

“Se resolvió sin una evaluación integral de riesgos, costos ni alternativas, pese a existir asesoramiento jurídico de Presidencia que evaluaba renegociar. El propio gobierno había explorado otros astilleros mientras el contrato con Cardama seguía vigente. El resultado: el país podría haber tenido en diciembre una de las dos patrulleras, pero deberá licitar de nuevo, con la obra parada, gastos jurídicos extras y riesgo de un litigio arbitral internacional. El problema que revela el expediente no es cómo el Estado decidió comprar las OPV, sino como decidió dejar de comprarlas”, apunta el documento, que en líneas generales se defiende el proceso de la compra y critica el llevado adelante a partir de marzo de 2025 por las actuales autoridades.

En tanto, en el caso del FA ,el foco como era de esperar, estuvo puesto en la garantía de fiel cumplimiento falsa de Eurocommerce que presentó Cardama y también en la “irregularidad” constatada en la de reembolso emitida por Redbridge (“no constituía la póliza exigida contractualmente, sino un documento de términos y condiciones”).

En el extenso documento de 96 páginas, el oficialismo reconstruye minuciosamente el proceso previo a la compra y señala que la propuesta de Cardama llegó a la Armada Nacional a través del intermediario Gerardo Moreira —según se desprende de declaraciones de Wilson—, quien ya había oficiado como representante de otros astilleros en el pasado.

Además del énfasis en la falta de experiencia de Cardama en la construcción de OPV, el informe en mayoría vuelve a señalar que las garantías, tal como ha sostenido el gobierno, “no tenían carácter accesorio ni secundario dentro de la estructura contractual”. En ese sentido, se recuerda que la cláusula 36 estableció expresamente que su constitución era un requisito para la entrada en vigor de las obligaciones entre las partes.

Finalmente, el FA apuntó, entre los diversos cuestionamientos que se han dado a lo largo de casi un año, a la “conducta de los funcionarios públicos intervinientes”.

“Cardama es el principal responsable de las maniobras descritas. Sin embargo, la consumación del fraude y la magnitud del daño causado no hubieran sido posibles sin la intervención de funcionarios que, mediante decisiones activas u omisiones en el ejercicio de sus cargos, permitieron que la situación se desarrollara en los términos que se hizo. La eventual determinación de si esa intervención fue concertada con la empresa o constituyó negligencia grave en el cumplimiento de deberes esenciales corresponde establecerla a la Justicia. Los hechos acreditados justifican que la Fiscalía examine si la conductas de los jerarcas y funcionarios que actuaron encuadran figuras penales aplicables”, finaliza el informe del FA, que también cuestiona la autorización de pagos sin el control previo pertinente del cumplimiento de los hitos.

Para el FA, las figuras penales a perseguir deberían ser: abuso de funciones, omisión a los deberes del cargo y falsificación ideológica por funcionario público. Todo lo surgido será enviado al Ministerio Público.

La bancada de Cabildo Abierto presentó un breve informe de menos de una página en el que valoró como “importante que todos los responsables admitieran que la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato era falsa”.

“La elección del astillero a nuestro entender no fue correcta. La Armada admitió que no están preparados para la elección de un astillero en su totalidad, ni para profundizar en las estructuras económicas de los proveedores”, se expuso en el informe.

Asimismo, Cabildo marcó su preocupación por la situación de “los hierros” correspondientes a parte del casco construido, que todavía permanecen en las instalaciones de Cardama, y se advirtió que “no están claras las posibles soluciones”.

En el caso de Gustavo Salle, el diputado destacó la “la solvencia” del informe en mayoría y su relato de como el “astillero defraudó al Estado uruguayo con garantías emitidas por una entidad inexistente”.

No obstante, recordó que el episodio no terminó el 1° de marzo de 2025, ya que después de esa fecha se realizaron dos pagos más por un total de 16 millones de euros. “Un informe que se detiene en marzo de 2025 no es un informe, es un alegato”, puntualizó.

En concordancia con lo planteado por la oposición, cuestionó que se haya cancelado la misión de oficiales de inspección —ocurrió durante los primeros seis meses desde que asumió el gobierno—, así como la actuación de Marsiglia y Rojas, que accedieron “a información confidencial del contrato e interrogaron a oficiales superiores sin acto administrativo habilitante”.

“El Estado uruguayo fue víctima de una maniobra defraudatoria mediante garantías apócrifas emitidas por una entidad inexistente y respaldada por documentación notarial falsificada. Esa maniobra fue posible porque el Estado no ejerció ninguno de los controles a que estaba obligado”, fueron algunas de las conclusiones de Salle.

En su descargo enviado al Parlamento este jueves, el propietario del astillero español, Mario Cardama, acusó al gobierno de no haber tenido en ningún momento interés en que se sustituyera la garantía falsa de Eurocommerce y deslindó su responsabilidad sobre ser parte de un fraude, como se lo ha acusado.

“Si el Estado uruguayo no hubiera traicionado el principio de inocencia y hubiera razonado que no necesariamente Cardama era culpable de nada en lugar de verse cegado por lo que le interesaba concluir, habría intimado la constitución de una nueva garantía, pero no lo hizo. Es más, en la conferencia del 22 de octubre directamente se fue al anuncio de la rescisión, sugiriéndose en forma implícita que Cardama era responsable del fraude, y enlodándonos todo lo que se pudo. Pero ello no es cierto y no hay tampoco elemento alguno para sostener tal cosa”, afirmó.