El Directorio del Partido Nacional reclamó al presidente Yamandú Orsi que adopte las medidas necesarias para garantizar la independencia de la Fiscalía General de la Nación y que haga cesar “de inmediato” cualquier presión, intromisión o injerencia del Poder Ejecutivo, luego de las denuncias realizadas por el fiscal Diego Pérez contra el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
En una declaración difundida este viernes, el Partido Nacional sostuvo que la independencia de la Fiscalía y de los fiscales constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y del normal funcionamiento de la República”.
El pronunciamiento se produce luego de que Pérez acusara a Díaz de una “indebida injerencia” y de haber intentado incidir en quién llevaría adelante investigaciones.
Para el Partido Nacional, que un fiscal de la República realice públicamente un señalamiento de estas características “confirma las advertencias” que la fuerza política venía realizando sobre presiones e injerencias sobre la Fiscalía. “Ya no se trata únicamente de una preocupación de la oposición, sino de una denuncia proveniente del propio ámbito fiscal”, señaló la declaración.
El documento enmarca las manifestaciones de Pérez en lo que considera un “contexto especialmente preocupante” para el funcionamiento de la institución. Allí menciona los reclamos de la Fiscalía por mayores recursos presupuestales, intervenciones del Poder Ejecutivo sobre decisiones de gestión del organismo y la "demora de la bancada oficialista en aprobar venias necesarias para el ascenso de fiscales".
"Inadmisible"
“El Partido Nacional considera inadmisible cualquier intento de interferir, directa o indirectamente, en investigaciones, decisiones técnicas o determinaciones de gestión que corresponden al ámbito de independencia de la Fiscalía y de sus fiscales”, expresó la fuerza política.
En ese sentido, señalaron que, tras conocerse públicamente la denuncia de Pérez sobre una “indebida injerencia” de una autoridad de su directa dependencia, Orsi “no puede desentenderse de la situación”. Por eso, reclamaron al mandatario que "tome medidas para garantizar la independencia de la Fiscalía General de la Nación y para hacer cesar cualquier presión o intromisión proveniente de integrantes del Ejecutivo".
Finalmente, el Partido Nacional anunció que realizará un “seguimiento permanente” de la situación y que encomendará a su agrupación parlamentaria la evaluación de las medidas que puedan corresponder para preservar la independencia técnica e institucional de la Fiscalía General de la Nación.
"Más que evidente injerencia"
El fiscal de Flagrancia de 5to Turno, Diego Pérez, respondió dichos del prosecretario de Presidencia y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, y lo acusó de realizar una “más que evidente indebida injerencia” mediante sus declaraciones sobre la Fiscalía de Delitos Económicos. Además, sostuvo que sus palabras constituyen una “demostración de poder” que busca incidir sobre el fiscal que finalmente sea designado para encabezar esa sede, que lleva adelante investigaciones clave para los intereses del exfiscal de Corte.
En declaraciones realizadas a El País, Pérez respondió a las afirmaciones realizadas por Díaz en La Diaria Radio. Allí consideró “razonable” que Pérez no asumiera en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1er Turno y aseguró que esa decisión “le va a hacer bien al funcionamiento del sistema de justicia”.
Díaz también cuestionó que esa sede lleve tres meses sin un titular y calificó la situación como una decisión de gestión que no parece “razonable”. La Fiscalía permanece vacante desde que su anterior titular, Alejandro Machado, fue trasladado en mayo a la nueva Fiscalía de Cibercrimen.
Por su parte, Pérez afirmó que la valoración de Díaz “proviene de alguien que tiene marcados intereses específicos "que “vician su opinión” y determinan que no pueda considerarse objetiva.
La Fiscalía de Delitos Económicos de 1er Turno investiga, entre otros asuntos, el caso Cardama, a partir de la denuncia presentada por el actual Poder Ejecutivo por la contratación de dos patrulleras oceánicas durante la administración de Luis Lacalle Pou. También tiene a su cargo la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización, la destrucción de documentación vinculada al caso del pasaporte de Sebastián Marset y República Ganadera.
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