Familia de Soledad Barrera recurrirá ante el Tribunal de Ética e insistirá en que se investigue a Lustemberg

La familia de Soledad Barrera recurrirá la decisión que adoptó el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay el pasado viernes, en la que se rechazó la denuncia presentada contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que apuntaba a que se investigue el rol que tuvo la jerarca en los hechos posteriores a la tragedia.

El caso tuvo en el centro, desde octubre de 2023, cuando Soledad se intervino quirúrgicamente —operación de la que nunca salió consciente, ya que quedó en coma hasta su muerte en agosto de 2024— a Inés Miralles, la anestesista que participó de aquel procedimiento. Pero los focos no se pusieron solo en Miralles, quien luego fue condenada en la Justicia por un homicidio culposo, sino también en la titular del MSP, en su caso por haber resuelto, meses atrás, que la pena de inhabilitación contra la profesional que dispuso su propia cartera fuera rebajada de cinco a tres años.

El fallo del Tribunal, que se votó por mayoría y se promulgó el 11 de setiembre, determinó que no se aceptara la denuncia contra la ministra entre otras razones porque, a su entender, la participación que tuvo la jerarca solo puede ser evaluada en tanto política o responsable de un cargo del Poder Ejecutivo, y no como médica.

Sin embargo, y más allá de las discrepancias jurídicas con los argumentos del fallo, el abogado de la familia, Pablo Schiavi, dijo a El País que las "declaraciones" que hizo Lustemberg este lunes "precipitaron" la impugnación planteada.

Lo que se presentará será un recurso de reposición, previsto en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal, con el único objetivo de que la denuncia sea, al menos, admitida para su tratamiento.

"Existen sobradas razones legales para admitir la denuncia y valorar, por parte del Tribunal, si hubo apartamiento en el accionar de Lustemberg", declaró el abogado. "No hay antecedentes de una resolución de 23 páginas para no admitir una denuncia", agregó, y subrayó que en el antecedente citado en la resolución —una investigación de 2018, centrada en el entonces subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian—, en realidad la denuncia fue aceptada. Y no solo eso: el caso avanzó hasta terminar en un Tribunal de Alzada, instancia en la que, recién entonces, se entendió que no se podía juzgar al viceministro porque no había actuado en calidad de médico.

"No son casos comparables. Están a tiempo de ajustarse a derecho y dar curso a nuestra denuncia", opinó Schiavi.

Las declaraciones que llevaron a la familia de Barrera a dar este paso fueron hechas en la mañana de este lunes, en entrevista con el programa Doble Click, de Del Sol.

"Les he pedido (para hablar) y no he tenido esa oportunidad", dijo Lustemberg, al ser consultada si había intentado el diálogo con la familia. "Las decisiones que se toman como ministra son decisiones de gobierno, de política pública, no son desde el acto del ejercicio profesional de la medicina", afirmó también. "En este caso —explicó—, hubo un procedimiento administrativo que se llevó adelante y conforme a la normativa, con todas las garantías y respetando el debido proceso".

Esto motivó, asimismo, reacciones en la oposición. El diputado nacionalista Federico Casaretto, que ha cuestionado a Lustemberg por este caso en sendas oportunidades en el Parlamento, informó ayer que se había comunicado con la familia y que le transmitieron que ese contacto referido por Lustemberg nunca se intentó.

"No nos vamos a callar hasta que sepamos la verdadera razón por la cual benefició a la anestesista homicida, que hasta ahora no la ha brindado. Le erró y feo con la decisión y después tuvo la oportunidad de corregirse y no lo hizo", escribió en su cuenta de X.