JUSTIFICACIÓN IRREGULAR DE HORAS

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Según abogados de Secundaria, los que concurrieron a la comisión por la justificación irregular de horas a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), las autoridades de la época debieron disponer una investigación administrativa por el caso de Marcel Slamovitz.

El profesor de historia de San José acumuló 250 horas de faltas entre 2016 y 2017. Y el pedido de justificación que hizo por el artículo 70-10 del estatuto docente no correspondía, de acuerdo a lo que afirmaron diferentes abogados de Secundaria que asistieron el pasado lunes a la investigadora que funciona en el Parlamento.

La abogada Jimena Morales, integrante del departamento jurídico de Secundaria, y responsable de firmar el informe donde recomendó no justificar las faltas a Slamovitz por el 70-10, señaló que llegó a la conclusión debido a que el convenio al que se aludía nunca fue remitido por el docente.

“Estoy prácticamente convencido de que no existe”, coincidió Richard Vaccaro, integrante del Departamento Jurídico de Secundaria, sobre el convenio (que supuestamente amparaba la justificación por el 70-10), el cual nunca fue agregado al expediente abierto por la entonces directora del liceo 1° de San José, Miriam Arnejo.

“No queda bien que yo diga si fue prolijo o no prolijo lo que hizo (...) Yo hubiera actuado diferente”, señaló sobre que se comunicara de forma verbal la decisión del Consejo de justificar las horas a Slamovitz.

A lo que el diputado colorado Gustavo Zubía preguntó: “¿No hubiera justificado no solamente culminar el expediente en forma, sino además tomar las medidas disciplinarias necesarias atento a la gravedad del hecho que se informaba?”. “No voy a eludir la respuesta, yo al menos hubiera iniciado un procedimiento administrativo, por lo menos una investigación, a los efectos de profundizar un poco, ver el convenio, ver si había presentado estos certificados”, contestó Vaccaro.

Además, consideró que hubiera consultado a los inspectores y a directores “para saber si era frecuente la presentación de esos certificados”.

“Y si había elementos para ampliar la investigación, yo la hubiera ampliado a otros centros; (...) y así podía tener una idea de la magnitud del tema y quedarme tranquilo”, explicó.

Washington Gómez -encargado de Jurídica de Secundaria desde agosto de 2019- fue en la misma línea al indicar que en base a su conocimiento del expediente de Slamovitz el caso “no terminó bien”.

“Tendría que haberse procedido de otra forma, capaz que, disponiendo, en el caso que ameritara, una investigación administrativa”, opinó en la investigadora.

En ese marco, añadió que el procedimiento -al igual que el inicio de un sumario- ofrece garantías a los propios interesados. Ante la consulta de Zubía acerca de si no hubiera ameritado una denuncia ante la justicia penal, Gómez contestó: “Entiendo que podría ser el caso, pero nuevamente las denuncias, en este caso de tipo penal, se realizan como resultado de una investigación administrativa o un sumario”.

Por su parte, la secretaria de actas de Secundaria, Elianne López, confirmó que tomó notas de las reuniones del Consejo del 2017, cuando los liderados por la directora Celsa Puente aprobaron la justificación de faltas a Slamovitz y se refirieron a una “larga lista” de docentes en la misma condición. Además, señaló que el 80% de las actas de ese año no fueron firmadas por las autoridades.

Tras la sesión, el diputado denunciante Felipe Schipani (Ciudadanos) dijo que en base a las declaraciones de testigos se puede concluir que “se debió realizar una investigación administrativa, que el 70-10 no se podía usar para licencia sindical y el convenio no existía”.