Un reclamo que lleva tiempo de parte de los defensores públicos —los abogados del Estado que defienden a los imputados que no tienen medio o eligen no contratar defensa legal— parece haber logrado eco en el Parlamento: que el organismo, dependiente de la Suprema Corte de Justicia, tenga autonomía y presupuesto propio, y así mejorar las condiciones de su funcionamiento, y en última instancia fortalecerse.
En las últimas semanas, los senadores de de la comisión de Constitución y Legislación del Senado han avanzado en esta discusión y en la redacción de un proyecto de ley que propone que la Defensoría pase a ser un servicio descentralizado, tal como es hoy la Fiscalía General de la Nación —que mantiene una relación formal con el Ministerio de Educación y Cultura, y que necesita de la venia de los senadores para los nombramientos de sus magistrados.
De hecho, emular el camino de la Fiscalía ha sido la inspiración de este proyecto —y es exactamente lo que propone su redacción, que plantea una dependencia también con el MEC—, y sobre el fondo del asunto los senadores están de acuerdo, lo que es clave ya que al tratarse de la creación de un servicio descentralizado se necesita la aprobación de dos tercios de los votos.
Sin embargo, y pese al objetivo común del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, hay un escollo que tiene que ser salvado para que algunos de los senadores —sobre todo de la oposición— den su aprobación.
Y tiene relación con la formulación de uno de los artículos, que hace mención a que el nuevo responsable del nombramiento o designación de los defensores públicos sea el nuevo director general del organismo, lo que entra en directa contradicción con el artículo 239 de la Constitución —que en su sexto numeral estableció que es una competencia de la Suprema Corte de Justicia, entre otras cosas, "nombrar a los defensores de oficio permanentes".
No salvar este problema de forma clara es determinante para, por ejemplos, el colorado Pedro Bordaberry y la nacionalista Graciela Bianchi. "Desde el punto de vista de la solución jurídica, este proyecto de ley no termina de convencer", dijo el primero, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País.
El tema los tiene "trancados", sostuvo por su parte la senadora nacionalista en la sesión de este martes. "No nos tranquemos más con esto", insistió Bianchi, que instó a sus colegas a encontrar "una redacción" que deje a todos "conformes" y que no contravenga a la carta magna.
El problema constitucional —sobre lo cual la Suprema Corte de Justicia no se quiso expresar cuando fue convocada a comisión— puede derivar también en un problema generalizado de competencias y jurisdicción, para el caso de que, luego de un concurso dispuesto por la Defensoría, haya quien interponga un recurso, advirtieron los mismos dos senadores.
"La Constitución dice que los actos del servicio descentralizado son observados por el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, ahora vamos a tener un servicio descentralizado a quien el Poder Judicial nombra, mediante un acto administrativo, a sus funcionarios, que puede ser objetado por el Poder Ejecutivo ante él, pero en la realidad la designación la hace la Suprema Corte de Justicia. Entonces, hay un lío", dijo Bordaberry.
El senador colorado Andrés Ojeda, mientras tanto, solicitó no "ahogarse en un vaso de agua" y se mostró contrario a que el proyecto naufrague porque no se le encuentra "a vuelta al (verbo) 'nombrar'" definido en la Constitución. "No tenemos un escollo constitucional insalvable", concluyó.
Por el Frente Amplio, y sobre el final, la senadora Constanza Moreira dijo "apoyar lo que dicen los defensores públicos" porque el objetivo es "fortalecer" a la institución, un problema que "se arrastra desde hace mucho tiempo".
Como acuerdo general, se propondrá en los próximos días redacciones alternativas al artículo 10. Fuentes de la oposición señalaron a El País que se buscará que esto quede a cargo de constitucionalistas de prestigio.
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