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FA formó grupo para controlar a Antel “por la preocupación que genera” Gurméndez

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Torre de Antel
Torre de Antel.
Foto: Estefania Leal

INVESTIGACIÓN

La coalición de izquierda pretende dar “seguimiento” a los “incumplimientos de campaña” del gobierno.

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En el Frente Amplio saben que una herramienta de trabajo político que genera insumos para sus legisladores y dirigentes es el control del gobierno.

Llevar un registro de lo que se anunció para luego corroborar si se cumplió y en caso de que esté en falta echárselo en cara en debates parlamentarios o discusiones públicas.

Por ello desde que inició su mandato Fernando Pereira como presidente de la coalición de izquierda una de sus propuestas fue la instalación de un equipo que cumpla con el rol de fiscalizar. Le dio el nombre de comisión de seguimiento de incumplimientos de promesas de campaña, tal como quedó definido en el plan político que aprobó Mesa Política del Frente Amplio.

El pasado lunes el Secretariado Ejecutivo frenteamplista resolvió crear dos grupos de seguimiento que estarán focalizados en temas vinculados con el sector agropecuario y con políticas de frontera, dijeron a El País presentes en la reunión.

El presidente de la coalición de izquierda encomendó a los representantes de los distintos sectores que integran el organismo a que aporten nombres de quiénes podrían ser los integrantes.

Estos equipos se incorporarán a otros ya definidos por el Plenario Nacional frentista que a principios de junio aprobó su “plan político”. En él quedaron establecidos varios ejes temáticos sobre los que la fuerza opositora hará relevamiento, entre ellos está la situación de “las carencias de alimentación”, “el aumento de la pobreza”, “el desempleo”, “la rebaja de salarios y jubilaciones”, “la inseguridad ciudadana” y los “aumentos de las tarifas públicas y combustibles”.

Fuentes frentistas reconocieron que en la mayoría de estos equipos de trabajo se confirmaron sus integrantes pero hasta el momento no comenzaron a trabajar.

En el encuentro del Secretariado Ejecutivo los dirigentes definieron la necesidad de crear un grupo de tabajo dedicado especialmente al control de la gestión de Antel.

La estatal de telecomunicaciones está en el ojo de la tormenta luego de una serie de decisiones adoptadas por su directorio que, según los frentistas -y en especial la expresidenta de Antel y hoy intendenta de Montevideo, Carolina Cosse-, apuntan a su desmantelamiento.

El grupo que seguirá de cerca la administración que preside Gabriel Gurméndez estará integrado por representantes del equipo de presidencia del Frente Amplio junto a los senadores Liliam Kechichian, Alejandro Sánchez y Silvia Nane y el diputado Carlos Varela.

“Este equipo se conformó a partir de la preocupación que genera el presidente de Antel (Gabriel Gurméndez) luego de regalarle US$ 10 millones a los canales privados y por la decisión sobre los cableoperadores”, dijo a El País Sánchez.

A mediados de junio el gobierno decidió habilitar a cinco empresas de televisión por cable a ofrecer servicios de internet, lo que generó fuertes críticas de la oposición.

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) agregó que a la fuerza opositora le genera alarma que, en su opinión, “no haya una política de desarrollo” y puso como ejemplo el caso del 5G.

“Hay un freno de mano al liderazgo de Antel en telecomunicaciones e innovación notorio”, sostuvo.

En paralelo con este trabajo en la interna frenteamplista, existe la intención entre legisladores opositores de generar alguna instancia a nivel parlamentario donde el directorio de la estatal de telecomunicaciones dé explicaciones.

Otro tema en el que varios dirigentes y legisladores trabajan es en la revisión de las políticas vinculadas con el puerto de Montevideo. En particular a partir del acuerdo que firmó el Poder Ejecutivo con la empresa de capitales belgas Katoen Natie y cuyo acuerdo la coalición de izquierda denunció ante la Justicia Penal.

El senador del MPP Charles Carrera -integrante de este grupo-dijo a El País que el equipo viene realizando el seguimiento de la denuncia y generando encuentros con sectores afectados. “Hemos conversado con gente del transporte, por ejemplo, que señala que lo que antes se hacía en dos horas ahora lleva cuatro”.

Por otra parte, Carrera sostuvo que también estudian el cumplimiento de los convenios. “Hemos constatado que la empresa presentó su plan de inversión, pero la Administración Nacional de Puertos, actuando con total desidia bajó la presidencia de Juan Curbelo, no se expresó en el plazo de 30 días. Eso se aprobó tácitamente y tiene consecuencias”, sostuvo. Y agregó como parte del seguimiento registraron que hasta el momento “no se cumplió con el cronograma de obras comprometido”.

La fuerza opositora resolvió que este tema sea uno de los ejes centrales y sus dirigentes consideran que la concesión es uno de los hechos que comprometen la administración de Luis Lacalle Pou.

“El puerto hoy, como consecuencia de ese convenio, es una zona de muchos conflictos y de mucha complejidad”, concluyó Carrera.

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