NEGOCIAN PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, volvió a cargar contra la administración anterior dado que realizó cálculos muy alejados de la realidad y manejó tiempos imposibles de cumplir. Heber aseguró que esto no significa que termine colapsando el proyecto ferroviario para unir el centro del país con el puerto de Montevideo. Una delegación encabezada por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario Rodrigo Ferrés, integrada además por Heber y los ministros de Ambiente, Adrián Peña, y de Vivienda, Irene Moreira, recorrió ayer los avances de la obra en Paso de los Toros.

“Estamos hablando con la empresa (UPM) y con el grupo Vía Central, a quien le fue otorgada la licitación por parte de la administración anterior. En el contrato establecieron que a los 10 días de la firma, que fue el 15 de mayo de 2019, (el gobierno) iba a entregar los padrones de expropiación. En aquel entonces se habían identificado unos 440 padrones, hoy estamos en 1.035”, advirtió.

“Realmente deja muy mal parado al gobierno en las negociaciones que tenemos por delante y estamos considerando que no hemos tenido la posibilidad de entregar esos 400 y menos los 1.035 padrones que demanda el proyecto en su totalidad. Esa cláusula es un flanco débil”, cuestionó Heber. A su juicio, el estudio realizado por la administración Vázquez “no resiste el menor análisis y habría que preguntarles a los actores que pusieron las cláusulas y luego sus firmas”.

De ese total de terrenos, hay 150 que “están en situación crítica” y en proceso judicial porque no se llegó a un acuerdo con los propietarios por el dinero a percibir. Este imprevisto ha determinado que tanto el gobierno como la empresa piensen en Ruta 5 como alternativa.

“Si la planta está pronta y produciendo y no tiene el tren, va a tener que utilizar la carretera. Hay que priorizar esto, aunque la Ruta 5 esté superpoblada y tenga que soportar 200 camiones más por día” indicó. Una opción es construir una tercera vía entre Paso de los Toros y Durazno.

“Esto cambia nuestros parámetros y el calendario de las obras del ministerio de forma de mitigar la situación de atraso, pero de ninguna manera hará colapsar el proyecto. Acá hay 2.850 personas trabajando y habrá muchas más; esto impactará en el empleo y en el producto bruto nacional. No está en discusión”, indicó Heber.

Javier Solari, vicepresidente de UPM Uruguay, sostuvo que hay que tener “una mirada más de largo plazo” y apuntó que la forestación se transformó desde la década del 80 en una política de Estado, que asumieron y apoyaron todos los gobiernos.

“La forestación responsable que tenemos en Uruguay es porque tenemos esta industria, es la punta del iceberg y claramente un desarrollo de este tamaño genera estrés en las distintas etapas. Hay que ponerle las soluciones que se puedan tener”, expresó el jerarca de la empresa multinacional.

Solari también contó que la empresa está “armando sus planes de contingencia para transportes alternativos” y explicó que llegado ese momento la celulosa se transportará por Ruta 5 en camiones con remolques especialmente adecuados.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo categóricamente que el problema “no es imputable a este gobierno”. “Fue parte de una situación heredada y estamos buscando soluciones para que las cosas se concreten en los tiempos acordados”, dijo y destacó la buena voluntad de las partes de forma que en “plazos razonables se pueda inaugurar esta planta, el ferrocarril y la terminal portuaria, y una serie de otras obras viales vinculadas al emprendimiento”.

Delgado dijo que en la negociación con los empresarios “seguramente se acuerde una prórroga en los plazos, obviamente de algunos meses y este era el ámbito para plantearlo”. Luego agregó: “Todos podemos atribuir de quiénes o de dónde salieron los problemas, quién tuvo la culpa de generar malos procedimientos, que esperemos se asuma. Pero más allá de eso tenemos la obligación de encontrar soluciones”.

En la reunión de ayer no se avanzó en la cifra final del costo millonario que habrá que asumir para seguir adelante con el proyecto. Tampoco estuvo sobre la mesa el recurso de amparo presentado por el Movimiento por un Uruguay Sustentable ante la jueza civil de 15º Turno, María Magela Otero, denunciando el incumplimiento de UPM de las condiciones requeridas en la autorización ambiental previa.

“Vamos a ver qué proceso tiene en la Justicia. La verdad que opinar sobre lo que puede llegar a pasar no sería del todo responsable”, indicó el secretario de Presidencia.

Adrián Peña, ministro de Ambiente, explicó en rueda de prensa que UPM2 está obligada a entregar información de cómo se impactará el aire y el agua de la zona. “En algún caso la información que presentó la empresa se ha atrasado, pero se trata de faltas administrativas e incluso faltas administrativas leves”, aclaró.

También contó que la empresa tuvo tres sanciones “por temas menores”. A su vez, “hay un cuarto expediente donde la Dinama tiene una propuesta de sanción, pero la empresa presentó sus recursos y está en jurídica del ministerio”.