Expresidente Rafael Correa, condenado por corrupción en Ecuador, se encuentra en Uruguay

El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) se encuentra en Uruguay, según confirmaron a El País fuentes del gobierno. Correa, que exilió a Bélgica en 2017, recibió en 2022 asilo político de ese país de Europa.

"No tiene ningún impedimento de circular libremente", señalaron a El País desde Cancillería. Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, cuestionó en su cuenta de X la presencia del exmandatario ecuatoriano en nuestro país e ironizó que este sería "un nuevo acierto (sarcasmo) del presidente Yamandú Orsi y del canciller Mario Lubetkin en política internacional".

Según informaron desde Presidencia de la República y la dirección del Frente Amplio a El País, no está previsto al momento una reunión entre Correa con autoridades de Gobierno o el FA.

En abril de 2022, la justicia de Ecuador pidió la extradición del expresidente Rafael Correa, condenado a ocho años de cárcel por corrupción, pero Bélgica, país en el que reside, le otorgó asilo político.

Foto: AFP.

Correa fue condenado por cohecho agravado en el caso “Sobornos 2012-2016”, una trama en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.

En ese mismo caso de corrupción fue condenada una veintena de personas, entre ellas ex altos funcionarios, como el exvicepresidente Jorge Glas, quien recientemente salió en libertad gracias a un polémico habeas corpus, mientras otros cumplen prisión y algunos se fugaron, principalmente a México.

El exmandatario defiende su inocencia y critica que fuera vinculado al proceso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido.

La sentencia en su contra fue ratificada en última instancia en 2020, lo que además le inhabilitó para desempeñarse en cargos públicos.

La Fiscalía ecuatoriana sostiene que los implicados pidieron sobornos por casi 7,6 millones de dólares.

Foto de Archivo.