La agenda del sistema político ha sido cooptada por la rescisión del contrato con el astillero español Cardama. En medio de una tensión parlamentaria -más que nada entre el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN)-, el Partido Colorado (PC) critica que el gobierno pone foco en el tema para desviar la atención de otros problemas, como los homicidios y la inseguridad en general.
El secretario general y senador colorado, Andrés Ojeda, aseguró a El País que el caso Cardama “no solamente no es un tema central para la gente, sino que seguramente muchísima gente ni sabe lo que es, hay temas muchísimo más importantes”.
“Hoy creo que el principal tema es la seguridad. Alcanza con ver lo que ha sido febrero, con la acumulación de homicidios, hechos violentos, una niña de cinco años baleada, un comerciante que dice ‘alguien que se ponga las pilas porque esto no va para más’, después de una rapiña violenta. Si en algún momento fue ‘educación, educación, educación’, hoy es ‘seguridad, seguridad, seguridad’. No es razonable que el gobierno le dedique todo su tiempo a Cardama cuando hay tiroteos todos los días y uruguayos muriendo, hasta más de uno por día”, sostuvo.
En ese sentido, criticó la decisión del oficialismo de aplazar la comparecencia de las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) -citadas por la muerte de seis menores en su custodia-, en pos de priorizar el tratamiento de Cardama: “Parecería que quieren meter el foco ahí para tratar de tapar lo grave. Postergaron la comparecencia de las autoridades del INAU. Tienen un problema de prioridades”. Según Ojeda, “está bien” que se trate el tema, pero condenó que el gobierno “imponga a Cardama como más importante que la seguridad”.
En tanto, también en diálogo con El País, el senador Pedro Bordaberry se expresó en la misma línea que el secretario general. “Mientras nos distraen con Cardama, sigue la inseguridad insoportable, el atraso cambiario que erosiona la base productiva del país, las muertes de niños a cargo del INAU. No gobiernan para el pueblo. Se pelean, buscan pelea y no encaran los temas importantes”, declaró.
El legislador, no obstante, reconoció que es lógico que Cardama tenga determinada relevancia en la agenda, pero por la “demora” en la construcción de las patrulleras, lo que “facilita la labor del narcotráfico y la falta de control”. Además, señaló que “el monto son US$ 30 millones, menos que los ocho colonos que quieren meter en María Dolores; tampoco son los US$ 350 millones del agujero del FA en Gas Sayago, ni los US$ 800 millones de (Raúl) Sendic en Ancap”.
Felipe Schipani opinó que la polémica se está “utilizando como una gran cortina de humo” y “una estrategia deliberada” para “no debatir otros temas que son los realmente importantes”. Además, en declaraciones a El País, dijo que la polémica involucra principalmente al FA y al PN, y recordó que, en el gobierno de Luis Lacalle Pou, los colorados no tuvieron “ninguna participación en los temas de Defensa”, ya que el ministerio “estuvo a cargo del Partido Nacional”.
El diputado Conrado Rodríguez coincidió en que “el oficialismo quiere imponer a toda costa su agenda y relato” de Cardama, “y no quiere que se discutan otros temas que son fundamentales”. Así, aseveró que la polémica del astillero “es importante, pero no es lo principal ni lo único que está sucediendo en la sociedad”.
¿Emergencia?
Los legisladores también manifestaron dudas sobre la utilidad de declarar la emergencia nacional en seguridad y qué medidas dispararía. Para Bordaberry, sin primero “establecer las consecuencias”, es “un grito para la tribuna”. “No sé cuál es su efecto práctico. Me parece que es una declaración política, pero a los efectos prácticos no sé en qué puede cambiar”, opinó por su parte Schipani.
Medidas y más Guardia Republicana
En cuanto a seguridad, desde el PC se señala que la situación es “grave” y reclaman más presencia del Estado, así como agilidad en propuestas como la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Ojeda y Schipani coincidieron en aumentar y potenciar la presencia de la Guardia Republicana en las zonas “más complicadas”.
Incluso, el diputado planteó la posibilidad de incorporar a las Fuerzas Armadas en el patrullaje, más con un objetivo de “disuasión” del delito que de “combate directo”. “La oposición a esto siempre viene por el lado de la rémora con los militares y la dictadura, pero ya pasaron 50 años”, comentó.
Bordaberry por su parte enfatizó la urgencia de “aprobar ya” la descentralización del INR, e insistió con su proyecto de ley que propone mover el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior al Instituto Nacional de Estadística para “contar con cifras confiables”.
Diego Sanjurjo, director de la AECA e integrante del PC, estuvo en el medio de una polémica por las cifras de delitos; fue apoyado por Ojeda y el Comité Ejecutivo Nacional, y criticado por Bordaberry.