Cuando la Comisión de Vivienda del Senado reciba el próximo martes a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) se sorprenderán. La tormenta política que se desató a partir de que se conociera -a través de radio Universal- que la entonces ministra, Irene Moreira, había entregado un apartamento bajo la modalidad de alquiler con opción a compra de forma directa a una militante de Cabildo Abierto está lejos de quedar atrás.

Es que con el paso del tiempo la lista de viviendas que Moreira pretendió asignar a personas que se lo solicitaban va en aumento. Primero, la propia senadora cabildante entregó a Presidencia una lista con cinco casos. Luego, El País informó que entre esas asignaciones una de las beneficiarias fue una exempleada de Moreira y detalló un sexto caso en Pando.

Y Radio Universal agregó una séptima situación en la que un militar retirado y su familia obtuvieron la vivienda, pero decidieron devolverla antes porque no les servían las condiciones.

Sin embargo, -y a partir de la investigación administrativa que inició la cartera hoy dirigida por el cabildante Raúl Lozano- se constataron otras siete situaciones similares en las que desde la cúpula del ministerio se pedía asignar viviendas de forma directa. En total son 14 los casos, según confirmaron fuentes del MVOT a El País, y esa es la información que los jerarcas brindarán tanto en el Senado como en Diputados, donde también fueron citados en régimen de comisión para el próximo miércoles.

Desde el Frente Amplio, legisladores de ambas cámaras adelantaron que esperan sean reuniones “duras” y en las que se pedirán explicaciones “caso por caso” de las adjudicaciones que realizó o reclamó se otorgaran Moreira.

Una legisladora frentista aseguró a El País que se exigirá que el ministerio actúe investigando “a fondo” las situaciones porque en la fuerza opositora hay “serias dudas” de si no se concretaron adjudicaciones de forma similar en otros programas de la cartera.

El domingo 21 de mayo El País informó que en el ministerio se evaluaba iniciar una investigación administrativa que revisara las resoluciones de Moreira. Unos días después, el jueves 25 de ese mes, el flamante ministro confirmó en rueda de prensa durante la entrega de viviendas (ver aparte) que la investigación “está en curso” y que es reservada.

Está previsto que a ambas convocatorias parlamentarias asistan por el MVOT el ministro Lozano, el subsecretario Tabaré Hackenbruch y el director de Vivienda, Jorge Ceretta.

La postura que adoptarán, de acuerdo a lo que relataron las fuentes, será la de explicar cuáles son los procesos que se aplican en los distintos programas. También cuáles son los marcos normativos que se aplican para las distintas alternativas de adjudicación y se brindarán detalles sobre las etapas de evaluación que se aplicaron en determinados casos para entregarle la vivienda a los beneficiarios.

El 3 de mayo la entonces ministra Moreira dio una rueda de prensa en la puerta de Torre Ejecutiva donde intentó justificar por qué había otorgado de forma discrecional una vivienda a una correligionaria cabildante. Allí, para sorpresa de miembros del gobierno, dijo tener “un cupo” para ese tipo de asignaciones. Con esa frase se desató la crisis que derivó en que ante la falta de justificación legal para tomar ese tipo de decisiones el presidente Luis Lacalle Pou le pidiera la renuncia.

En esa reunión que Moreira mantuvo con el presidente y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, la hoy senadora llevó una lista con otras cuatro adjudicaciones para transparentar la situación y explicar por qué lo había hecho.

Ya con Moreira alejada de la cartera, se sumaron dos casos más que no fueron informados por la entonces ministra en el encuentro con Lacalle Pou.

La llegada de Lozano al MVOT implicó una revisión de lo actuado por su antecesora y fue allí, según las fuentes, que se constató que hubo otras siete solicitudes iniciadas desde la secretaría de Moreira para adjudicar viviendas sin pasar por sorteo previo.

No todas implican que las viviendas se hayan entregado ni tampoco que esté culminado el proceso de evaluación. Sí que desde la secretaría de Moreira se enviaron correos electrónicos a dependencias en los que se planteó que era “de interés” que “se otorgue autorización” para ingresar a determinado beneficiario.

De acuerdo a la información que brindaron las fuentes, las situaciones de las restantes nueve viviendas que Moreira no informó al presidente son variadas. Por ejemplo, en dos casos ya existen informes favorables del equipo social y técnico para que se resuelva adjudicar. Aunque hasta el momento “no se ha formalizado”.

Entre los restantes siete casos se constataron expedientes que continúan a estudio de los funcionarios técnicos, otros que ya tienen un informe negativo de los evaluadores y algunos que quedaron sin ser iniciados.

Además, los programas por los cuales se presentaron las solicitudes tampoco fueron todos iguales. En algunos casos se trata de ingresos a viviendas bajo el régimen de alquiler con opción a compra y en otros de asistencia primaria habitacional.

La salida de Moreira implicó que al llegar Lozano decidiera revisar los casos previo a que se definieran o se continuara con los procesos como forma de garantizar que se estuviera actuando de acuerdo a la normativa. O en caso contrario, de que no se continuaran cometiendo eventuales irregularidades. Así, en Tacuarembó quedó postergada la entrega de una vivienda que contaba con el aval de Moreira.

La primera asignación que se conoció fue la de un apartamento de dos dormitorios en un edificio ubicado entre las calles Nueva York y Yi. Moreira adjudicó sin previo sorteo una vivienda allí bajo la modalidad de alquiler con opción a compra para una militante de Cabildo Abierto. La entrega de llaves se hizo el jueves 25 de mayo y la cartera dirigida ya por Raúl Lozano resolvió otorgar todas las unidades menos la reservada para dicha militante. Su caso quedó a estudio.