Por Joaquín Silva
La actual senadora Irene Moreira defendió ante el gobierno y la prensa que ella, como ministra de Vivienda -cargo del que fue depuesta por Luis Lacalle Pou- disponía de determinados “cupos” para otorgar casas en forma directa a determinadas personas que, por una razón u otra, estuvieran en condiciones de vulnerabilidad y necesitaran un hogar.

Lo hizo en cinco oportunidades, como consta en un documento que hoy está a disposición del gobierno, y que contiene el caso que la llevó a la renuncia del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial el viernes pasado: la entrega de un apartamento a una mujer que es militante de Cabildo Abierto, el partido al que pertenece Moreira -esposa del líder de esta fuerza política, Guido Manini Ríos.

Pero la exministra -senadora desde este lunes, cuando asumió en su lugar Raúl Lozano- también favoreció con otra vivienda mediante la misma forma a una mujer que durante un año (entre el 12 de julio de 2013 hasta el 10 de julio de 2014) trabajó en su casa como empleada doméstica, tal como consta en la historia laboral de esta trabajadora en los registros del Banco de Previsión Social (BPS), según supo El País. Allí también figura que la mujer trabajó entre 2010 y 2013 para la Agrupación Nacional Herrerismo del Partido Nacional.

En el documento ministerial que describe a los cinco beneficiarios de vivienda -titulado “Situaciones Excepcionales - Reserva de Cupo”- se lee el caso de una pareja -entre la que está quien trabajó en la casa de Moreira- que accedió a una apartamento ubicado en Vitoria y Timote, barrio Belvedere. La “modalidad de acceso” fue la misma que se usó en el caso que propició la renuncia de la cabildante al ministerio: alquiler con opción a compra.

El apartamento al que accedió la exempleada doméstica de Moreira es de dos dormitorios, y su situación familiar se resume de esta manera en el documento citado: “Hogar nuclear con un menor de 7 años a cargo. Ingresos totales $ 45.300. No presentan incumplimiento en clearing”.

La existencia o no de una base jurídica que legitime esta práctica -que los dirigentes del Frente Amplio tildaron de “clientelar”- ocupó buena parte de la discusión dentro del oficialismo y el propio gobierno hasta el viernes pasado, cuando el presidente Lacalle Pou entendió que la argumentación de la entonces ministra no había sido suficiente y le pidió que diera un paso al costado de la cartera de Vivienda.

Tanto Manini Ríos como su esposa defendieron la legalidad del procedimiento, que según señalaron se hizo decenas de veces en gobiernos anteriores, y el líder de esta fuerza política incluso habló de una resolución del 2009 que en lo medular hace referencia a la “reserva del cupo” por parte del ministro en distintos programas de viviendas, de manera que se pudiera dar respuesta a “los sectores más necesitados que perciban ingresos inferiores o iguales a la línea de pobreza”, como relató el senador.

Moreira señaló en su declaración de prensa del viernes a la noche que “volvería a tomar la misma decisión” que llevó a la entrega de un apartamento a la militante cabildante, “amparada por el marco normativo”. “La ciudadana -apuntó sobre ese caso- tendrá que pagar (la casa) por 30 años”.

Hay todavía un caso más: según informó El Observador este domingo, otra de las cinco viviendas entregadas en forma discrecional benefició a una persona vinculada a la militancia de Cabildo Abierto. En ese caso se trató de un apartamento de cuatro dormitorios ubicado en la ciudad de Rivera, que dio cobijo a una familia de cinco integrantes.

El nuevo ministro Raúl Lozano -suplente de Moreira en el Senado, por lo que hasta este lunes ocupaba una banca en la cámara alta- tuvo ayer su primera reunión con el presidente Lacalle Pou y con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

A la salida del encuentro, el nuevo ministro dijo que tendrá como prioridad acelerar los “distintos planes y programas” en curso de la cartera para que la gente necesitada acceda a soluciones habitacionales en forma “rápida”.

Consultado acerca de la “normativa” vigente que para su partido puede admitir la lectura de una habilitación expresa a entregar viviendas en forma discrecional e individualizada, Lozano admitió que entiende que es un tema a “rever” y que buscará que “no haya terrenos grises”.

Este asunto fue de las principales preocupaciones del exsenador al asumir en las primeras conversaciones mantenidas con las autoridades, indicaron a El País fuentes del gobierno. Lozano incluso dijo ayer más temprano que esto era inquietud directa del jefe de Estado. “Justamente se va a derogar esa parte de la normativa que tiene un terreno gris; digamos que el propio presidente la derogaría”, declaró.