La Mesa Representativa del Pit-Cnt rechazó la utilización de vehículos blindados del Ejército en patrullajes policiales en los barrios críticos de Montevideo, tras un anuncio del gobierno, y sostuvo que la medida es inconveniente y fuera del marco jurídico, al tiempo que propuso que esas unidades pasen al Ministerio del Interior para ser operadas por policías capacitados, en un contexto de preocupación social por la seguridad.
El pronunciamiento fue adoptado el 24 de junio y difundido en un comunicado en el que la central sindical fijó posición sobre la estrategia de seguridad. Allí remarcó que la seguridad es un derecho humano fundamental y reivindicó “el derecho inalienable de vivir en paz”.
El Pit-Cnt también advirtió sobre la complejidad de los fenómenos delictivos actuales, que vinculó a factores estructurales como la desigualdad, la pobreza, la exclusión social y los consumos problemáticos, así como a la expansión del narcotráfico en distintos ámbitos de la sociedad.
Cuestionamientos del Pit-Cnt sobre los vehículos blindados del Ejército
La central sostuvo que es “altamente inconveniente” que militares participen en tareas de seguridad pública, incluso si su rol se limita a conducir blindados. Argumentó que las funciones de las Fuerzas Armadas están vinculadas a la defensa nacional, mientras que la seguridad ciudadana corresponde a la policía.
En esa línea, el Pit-Cnt expresó su rechazo a que los efectivos militares operen estos vehículos en zonas urbanas y consideró que la medida se aparta del marco legal vigente. La organización entiende que el despliegue en barrios críticos debe ser llevado adelante por fuerzas policiales con formación específica.
Propuesta del Pit-Cnt sobre los blindados
Como alternativa, la central sindical planteó que los vehículos blindados, al ser propiedad del Estado, podrían ser transferidos al Ministerio del Interior. De ese modo, serían utilizados por policías que cuenten con la capacitación adecuada para este tipo de operativos.
Además, solicitó al Poder Ejecutivo que revise la implementación de estas políticas de seguridad, de forma de garantizar tanto el respeto a la población como condiciones adecuadas de trabajo para los funcionarios policiales.
El Pit-Cnt subrayó que cualquier estrategia eficaz contra el delito debe combinar la represión con políticas integrales que aborden las causas estructurales. En ese sentido, insistió en la necesidad de intervenciones en áreas como empleo, salud, educación y vivienda. La organización sostuvo que solo con esas intervenciones de diversa índole del Estado permitirá mejorar la convivencia ciudadana y ofrecer perspectivas de vida digna a sectores que hoy se encuentran excluidos. También alertó sobre el impacto del crimen organizado en distintos niveles sociales.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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