Entre polémicas y suba de la desaprobación, gobierno apuesta a transferencias para bajar la pobreza infantil

El gobierno de Yamandú Orsi, de cara a presentar en las próximas horas la Rendición de Cuentas correspondiente a 2025, llega tras haber atravesado un complejo escenario político, marcado por fuertes polémicas con la oposición -a raíz de la compra con descuento de la camioneta Hyundai Santa Fe por parte del presidente- y, más recientemente, por tensiones internas en el Frente Amplio (FA), luego de la decisión de utilizar vehículos blindados propiedad del Ejército -equipamiento militar donado por Estados Unidos- para el apoyo de patrullaje policial en los barrios más críticos y con mayor índice de criminalidad.

Una resolución que, aunque resta por dilucidar la forma en que se hará operativa y su verdadero impacto -incluso se habló de la posibilidad de usar cinco modelos blindados diferentes-, el presidente reafirmó con convicción pese a ser consciente de que una medida de este tipo golpea, al menos en lo simbólico, a una importante cantidad de militantes o simpatizantes de la coalición de izquierda, como han dejado de manifiesto dirigentes de primera línea como el ministro de Trabajo, Juan Castillo; Óscar Andrade y Constanza Moreira.

Aun así, y pese a otro revés político tras la divulgación de una nueva encuesta de opinión pública -en este caso de Cifra- que dio a la administración Orsi una desaprobación del 65%, con una tendencia que sigue al alza incluso entre sus propios electores, desde el Poder Ejecutivo persiste la convicción de que, por lo pronto, hay prioridades irrenunciables.

En primer lugar, atacar un flagelo que preocupa a la ciudadanía uruguaya desde al menos 2008. Según el director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar -así como otras encuestadoras-, la seguridad ha sido el principal problema mencionado por la población, salvo durante algunos momentos puntuales de la pandemia, cuando la preocupación por la salud lideró el ranking.

Sin embargo, ni los diferentes gobiernos del Frente Amplio ni el de la Coalición Republicana han logrado encontrar una solución o, al menos, mitigar un problema que se ha agravado en las últimas décadas, incorporando además nuevas aristas, como el aumento de las personas en situación de calle, con el consiguiente deterioro de la convivencia ciudadana, en particular en la capital del país. Ambos temas -además de educación- fueron marcados como entre los cuatro más relevantes en la conferencia de prensa del pasado viernes que dieron los ministros Gonzalo Civila, Carlos Negro, Gabriel Oddone, Sandra Lazo y el director de la OPP, Rodrigo Arim.

Sin embargo, para atender esas tres problemáticas desde el Ejecutivo se aclaró que los incrementos de recursos en seguridad, educación y personas en situación de calle provendrán de “reasignaciones presupuestales” - desde el Ministerio de Economía se viene trabajando desde hace meses en mecanismos de ajuste en otras reparticiones del Estado para obtener más recursos-, mientras que para la pobreza infantil el aumento de las transferencias efectivamente implicará un incremento de US$ 31 millones en la Rendición de Cuentas con respecto a los US$ 50 millones ya establecidos de crecimiento del gasto en el Presupuesto para todos los rubros.

En materia de pobreza infantil y adolescente, en la interpelación al ministro de Economía, Gabriel Oddone, se adelantó que -en base a las recomendaciones surgidas del Diálogo Social- en la Rendición de Cuentas el énfasis estará puesto primordialmente en un aumento en las transferencias para la población en situación más vulnerable, y aunque se anunció una inversión inicial de US$ 31 millones, no se precisó en ese momento si se trataba realmente de un gasto extra con respecto a lo establecido presupuestalmente. Con la confirmación de este viernes, el gobierno apuesta a destinar mayores recursos de los previstos a un drama social que tuvo consenso en la campaña electoral de parte de los principales partidos políticos de que era el principal problema a resolver en Uruguay, pese a que aunque busca combatir una situación estructural país, puede no tener réditos políticos a corto plazo.

Y es que, aunque el diagnóstico del sistema político sobre la pobreza infantil -es decir, los niños que viven en hogares pobres- estaba relativamente bien encaminado, en mayo de 2025 un cambio metodológico del Instituto Nacional de Estadística (INE) puso en cuestión la forma en que Uruguay medía la pobreza y por ende las políticas públicas impulsadas en esa dirección. La actualización reveló que en el país había el doble de personas pobres de lo que se estimaba hasta entonces. Según la medición, 17,3% (bajó a 16,6% en 2025) de la población en Uruguay vive bajo la línea de pobreza y uno de cada tres niños son pobres (en el entorno del 30% los menores de seis años según los últimos datos del INE).

“Si no logramos revertir la situación en la que se encuentra la infancia en nuestro país es difícil pensar en el mantenimiento de nuestro esquema de convivencia social en el futuro”, resumió el subsecretario de Economía, Martín Vallocorba, el lunes en el Parlamento.

Por su parte, el MEF y la OPP destacaron que el nuevo “esquema de prestaciones” representa “el mayor cambio en el sistema de transferencias en dos décadas, y duplica el impacto” sobre la pobreza infantil; se estima que la medida puede bajar 25% esa situación en esa población vulnerable.