El gobierno de Orsi quiere repensar el esquema de financiamiento del sistema de cuidados

El Pit-Cnt, las cámaras empresariales y la organización de jubilados y pensionistas serán los primeros en conocer, formalmente, la “hoja de ruta” diseñada por el gobierno para guiar al “diálogo social” . El coordinador de todo este proceso será el economista Hugo Bai. Como asesor en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), describe las principales líneas de un plan que pretende “repensar” la matriz de protección social en el Uruguay.

En entrevista con El País, habla sobre la discusión a la que aspira el Poder Ejecutivo y sobre la posibilidad y el margen que puede existir para incorporar, en esa discusión, los puntos que intentó promover la central sindical en el reciente plebiscito sobre la seguridad social.

-¿Cómo se puede definir esta “hoja de ruta” que le presentarán a las distintas organizaciones que, se pretende, participen en el diálogo social?

-En materia de temas es una agenda bien amplia. Queremos tener una visión que integre los temas de jubilaciones y pensiones, pero que también incorpore dimensiones como la protección a la infancia, el sistema de cuidados y también la protección a los activos.

-¿Qué diferencias se visualizan con respecto al anterior diálogo, al que se convocó para poner en práctica el actual sistema jubilatorio?

-Varias. Estamos hablando de una agenda muy diferente. Aquella se concentró, yo diría, en el gasto jubilatorio. Acá estamos pensando en un espacio de diálogo para repensar la matriz de protección social, las contingencias y los riesgos que enfrentan las personas, desde que nacen hasta que mueren. Creo que una diferencia importante tiene que ver con el encare que se le dio a ese proceso, en términos de convocar a una comisión de expertos, dando la idea de que son temas que deben ser conversados entre especialistas. Si bien pretendemos que este proceso tenga un apoyo muy fuerte desde el punto de vista técnico, queremos que sea sustentable a lo largo del tiempo desde el punto de vista económico-financiero. O sea que no es que minimicemos la importancia de la discusión técnica, pero esa comisión ejecutiva del diálogo social, queremos que la comisión ejecutiva esté integrada por representantes políticos.

-¿Por qué se eligió comenzar a presentar esta “hoja de ruta” con el PIT-CNT, las cámaras empresariales y las organizaciones de jubilados?

-Nos parecía importante que, antes del 1° de mayo, la organización sindical y las cámaras pudieran tener este elemento y que, en una día tan especial para los actores del mundo del trabajo, tuvieran de primera mano esta “hoja de ruta”.

-Como coordinador de esta tarea ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país en cuanto a los temas que se plantean en este diálogo?

-Uno tiene que ver, sin duda, con la seguridad económica durante la primera infancia. Hemos tenido un desarrollo del esquema de transferencias no contributivas que tuvo un empuje muy importante a partir de 2005. Pensamos que es un buen momento para mirar de manera integral este sistema. Creemos que hay oportunidades de mejora. Por supuesto que no es momento de adelantar ninguna idea de lo que pretendemos hacer, pero creemos que hay una oportunidad de mejora en este punto.

-Pero el gobierno tiene una dirección planteada...

-Por supuesto. En cada uno de los ejes definidos en sus bases programáticas y en los compromisos que se asumieron en la campaña electoral. No llegamos a este diálogo sin una acumulación previa. Cuando hablamos de protección a la infancia también pensamos en el rol del sistema de cuidados. Pensamos que es una buena oportunidad para repensar un poco su esquema de financiamiento. Si eso lo dejamos sujeto al mercado, muchos ciudadanos no van a tener oportunidad de acceder a derechos.

-¿Está planteada una rediscusión integral de la ley 20.130, que implementó la última reforma de la seguridad social, sobre todo en los aspectos centrales de esa reforma, con el aumento de la edad jubilatoria?

-No vamos a ir a una discusión artículo por artículo de la ley, pero nos parece que hay que intentar ir a los grandes desafíos que tiene nuestro sistema de protección social. Los pisos de protección, las condiciones en que se retiran las personas y las desigualdades que existen al momento de retiro. También en lo que tiene que ver con el pilar de capitalización individual. Desde nuestro punto de vista, se requiere procesar algunos cambios, que en última instancia atiendan el bienestar de las personas y permitan, de alguna manera, disminuir los costos que tiene el sistema en beneficio del ahorro.

-¿Qué margen hay en este proceso para aceptar los planteos que puedan hacer las distintas organizaciones?

-Eso lo va ir dando el propio proceso. Nosotros concebimos este diálogo como un instrumento para alcanzar acuerdos sociales y políticos. También depende de esos actores sociales y políticos. El Poder Ejecutivo tiene toda la vocación y la voluntad de incorporar visiones que no necesariamente sean estrictamente las suyas. En última instancia, en una negociación que es esencialmente política, todos pretendemos que se incorpore algo de lo que planteamos, y cedemos en algún componente de nuestras ideas.

-¿Y qué margen hay para incorporar la baja a los 60 años de la edad jubilatoria, atar las jubilaciones al salario mínimo nacional o eliminar las AFAP, como plantearon el Pit-Cnt y varios sectores del Frente Amplio en plebiscito que se realizó en octubre del año pasado?

-Hubo un plebiscito, que tuvo un determinado resultado. Está bastante claro que las soluciones que se propusieron para esas tres dimensiones no van a formar parte del acuerdo que pueda surgir, tal como fueron planeadas. Ahora, si uno mira la “hoja de ruta”, claramente son tres preocupaciones que están en las bases programáticas del gobierno. Sin duda, estarán en la conversación, pero no bajo la solución que se propuso en ese momento.