Representantes del Poder Ejecutivo y los principales partidos de la oposición tuvieron un fuerte cruce, con argumentos contrapuestos, cuando una delegación oficial concurrió al Parlamento a defender el proyecto de ley que el gobierno plantea como una salida a la crisis de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu). Una iniciativa que en la Torre Ejecutiva aspiran a que sea sancionada en plazos perentorios, pero que en la Coalición Republicana ya se rechaza, por motivos técnicos y políticos.

"No podemos dejar pasar que esto podría haberse resuelto en 2023, cuando el Poder Ejecutivo anterior había enviado un proyecto de ley bastante parecido", dijo el diputado colorado Conrado Rodríguez. La diferencia, indicó, es que el proyecto actual termina siendo "más severo". La razón fundamental: resulta más gravoso para los activos, los pasivos y para toda la sociedad.

Rodríguez puso el foco en que una de las salidas diseñadas por el gobierno pasa por un aumento en la edad jubilatoria mínima de los profesionales, llevándola a los 65 años, con un período de convergencia menor al previsto en el sistema general. En su visión, esto representa una "constatación política" en cuanto a que, en Uruguay, hoy es "prácticamente imposible" mantener esa edad en 60 años, tal como pretenden algunos sectores del Frente Amplio.

El gobierno pretende que sea ley antes del 30 de mayo. La razón: la caja está "al límite de su capacidad de cumplimiento de obligaciones previsionales". Según el Ejecutivo "la acumulación de tensiones de orden democrático y financiero" con "resultados operativos negativos" derivaron en una "grave erosión" de sus reservas de capital que, de no actuar legalmente, se agotarán en el mes de julio.

"Estamos en riesgo efectivo de no tener los recursos económicos, de entrar en default por parte de la caja en un mes", advirtió sin vueltas, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, al comparecer el jueves pasado ante la comisión especial que analiza el tema en la Cámara de Diputados.

Las cifras oficiales indican que la previsión del déficit para el período julio-setiembre de este año es de US$ 50 millones. A su vez, las proyecciones de tendencia de resultados operativos acusan un promedio anual de US$ 100 millones de déficit para 2025, y se afirma que, de no tomar ninguna medida llegará a los US$ 120 millones el año que viene, y a los US$ 150 millones en 2027.

Esto, si se mira a largo plazo, significará, según las proyecciones de Economía, un acumulado de US$ 3.000 millones en los próximos 20 años. Ese es el horizonte del "problema" que enfrenta el país, según transmitió el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba. "Ese es el agujero que necesitamos cubrir, ya que la caja no cuenta con reservas propias como para hacer frente a este resultado operativo negativo", indicó.

El plazo de dos décadas es, justamente, es el que el gobierno fijó en cuanto al impacto de las medidas propuestas. Más allá de ese horizonte, la caja "seguiría siendo sustentable", según el cálculo oficial. "Este proyecto resuelve el problema financiero de la caja de manera estructural", afirmó Vallcorba. Algo que, sostuvo, no lograba el proyecto de 2023. El plazo mencionado por el jerarca no está incluido en el proyecto de ley presentado por el gobierno.

El informe que presentaron los representantes del gobierno, al que accedió El País, intentó marcar las causas de la situación de crisis de la caja. Según lo allí indicado, "el origen del desequilibrio financiero está en el desbalance aportado durante la vida laboral y lo cobrado en la etapa pasiva".

Así, según el Poder Ejecutivo, el régimen que aplica para quienes se jubilan hoy por la Cjppu implica que cada afiliado recibe entre dos y tres veces más de lo que aportó a lo largo de su vida activa. "Ese el corazón del problema", afirmó Vallcorba.

Según el informe, ese desbalance se explica por las condiciones diferenciales que existen en la caja para el cálculo jubilatorio en relación a otros subsistemas, además de que los pasivos profesionales representan un colectivo con una mayor longevidad promedio que la población en general.

Esta última comparación molestó a Rodríguez, quien sostuvo que "se trata de una caja paraestatal" y que "claramente no se pueden comparar". El colorado señaló que gobierno "compara peras con manzanas".

El informe del Poder Ejecutivo apuntó además que la Caja de Profesionales ofrece mejores condiciones que el Banco de Previsión Social (BPS) para trabajadores no dependientes, en situación previa a la vigencia de la reforma aprobada en 2023. Así, la tasa de aporte se sitúa en 18,5% frente al 22,5% del banco, con una tasa de reemplazo mínima del 50%, frente al 45% del BPS. A su vez, en la caja el cálculo del salario básico jubilatorio implica los últimos tres años de actividad, en comparación con un máximo de los mejores veinte más un 5% del banco.

"A iguales condiciones (60 años de edad y 30 de servicio) un trabajador no dependiente de la Cjppu tiene una relación entre aportes y prestaciones 63% superior a las del BPS, solamente considerando el pilar de reparto", se aseguró. Según el gobierno, la caja tiene un escenario de déficit pese a una favorable relación activo/pasivo, que es de tres a uno.

En el Partido Nacional, el diputado Pablo Abdala lamentó la "resignación" del gobierno, al proponer en el proyecto un "ajuste parámetrico" sin explorar otras alternativas. Por ejemplo, tomar medidas que permitan reducir la evasión y así aumentar la recaudación del subsistema.

Vallcorba, en tanto, se mostró abierto a discutir posibles fuentes alternativas de financiamiento. Por ejemplo, la incorporación del personal dependiente a la Caja de Profesionales.

Entre otros aspectos, el salvataje diseñado por el Poder Ejecutivo implica un aporte de Rentas Generales, activos y pasivos, a través de modificaciones de los esquemas contributivos.

Según las cifras actualizadas este jueves por el Poder Ejecutivo, el aporte del Estado a la salida de la caja será de US$ 33 millones anuales, el de los pasivos será de US$ 48 millones y el de los activos de US$ 65 millones. En tanto, la recaudación prevista por el ajuste en el precio de los timbres profesionales será de US$ 9 millones.

Tal como había adelantado El País, el directorio de la Caja de Profesionales concurrió este viernes al Parlamento y presentóun proyecto alternativo al del gobierno. Allí la vicepresidenta en ejercicio, Virginia Romero, afirmó que la institución no participó de la elaboración de la iniciativa oficial, que fue rechazada por mayoría. Ante los legisladores, Romero cuestionó la propuesta de incrementar los aportes de los activos hasta el 22,5% y recordó que debido al último ajuste —a 18,5% según la vigente reforma jubilatoria— aumentó la cantidad de cotizantes que declararon no ejercer la profesión.