El Pit-Cnt, las cámaras empresariales y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), serán las primeras organizaciones en conocer formalmente, la próxima semana, la "hoja de ruta" que el Poder Ejecutivo diseñó con los lineamientos metodológicos y temáticos que guiarán el llamado "diálogo social", que el gobierno de Yamandú Orsi convocará con el objetivo de "fortalecer" el sistema de protección social en el Uruguay.

Un "diálogo" que forma parte de los compromisos de campaña de la actual administración, pensado a través de la discusión de "propuestas integrales, equitativas y sostenibles" frente a los "desafíos democráticos, sociales y económicos" que, se asegura, enfrenta el país.

Esa "hoja de ruta" será presentada luego a las organizaciones políticas y sociales que trabajarán - e intentar llegar a un consenso - para una nueva reforma que, no solo incluirá los aspectos puramente jubilatorios del sistema de seguridad social, sino que pretende cambios de fondo en la matriz de protección que rige actualmente.

Así fue anunciado este martes, en la primera sesión del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que dio inicio práctico al proceso de implementación del diálogo social que, de manera formal, comenzará en julio, según el cronograma previsto. Ese mes quedará una comisión ejecutiva que lo articulará, que tendrá 18 integrantes y que servirá como ámbito de intercambio.

Según el documento elaborado por el Poder Ejecutivo, allí habrá cinco representantes de organismos estatales: la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) servirá como coordinadora, acompañada de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Social y Economía y Finanzas, y el Banco de Previsión Social (BPS). Otros cinco representantes serán sociales: a los sindicatos, pasivos y empresarios se sumarán la Red Pro Cuidados y la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAs).

En tanto, habrá representantes de los partidos políticos: tres por el Frente Amplio y uno del resto de los partidos con representación parlamentaria. El plan del gobierno prevé la integración, eventual, de técnicos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Inau y l Instituto Nacional de Estadística (INE), entre otros.

El documento plantea cuatro ejes prioritarios para ese "diálogo" que se propone: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a activos y jubilaciones y pensiones. Cada una acompañada por dimensiones tranversales a considerar. Entre ellas, la seguridad económica para la infancia, y servicios y prestaciones de educación y cuidados,en particular para personas mayores y con discapacidad.

El resultado final que se pretende es un documento que sistematice los acuerdos alcanzados que, con sus matices y diferencias, puedan transformarse en proyectos de ley y otras acciones. Al respecto, el plazo máximo que se prevé para la presentación del documento final es el 30 de abril de 2026. Solo se contempla, por motivos máximos, una única prórroga de 45 días.

El cronograma prevé una recorrida de la comisión por las 18 capitales departamentales del país, a los efectos de recoger insumos y propuestas así como informar sobre temas, avances y formas de participar en el diálogo. Entre otras actividades, están previstas reuniones abiertas con la ciudadanía. Los aportes y propuestas que allí se reciban serán sistematizados.

En ese contexto se prevén "conversatorios", con participación abierta, a desarrollarse entre agosto y noviembre de este año. La ciudadanía, además, podrá enviar sus propios aportes a través de diversosa canales, como un portal web del Diálogo Social.

En materia de sostenibilidad y financiamiento, y más allá de la pertinencia de mantener o incluso aumentar la inversión proveniente de Rentas Generales, la "hoja de ruta" planteada por el gobierno considera "deseable" que el diálogo social aborde alternativas innovadoras. Sobre todo, se indica, como forma de potenciar los recursos que hoy invierten los hogares, y de genrar complementos que mejoren la calidad de los servicios ofrecidos, al tiempo que permitan generar una mayor equidad en el acceso.

En ese contexto, se agrega, el compromiso de repensar en forma integral la matriz de protección social hace "ineludible" la incorporación del régimen de jubilaciones y pensiones al debate.