Denuncias por abuso policial en Uruguay: solo 17 condenas de 362 casos entre 2020 y 2024

El Ministerio del Interior recibió entre 2020 y 2024, 362 denuncias por abuso de autoridad, pero esto resultó en solamente 22 personas imputadas y 17 condenadas, según la Fiscalía General de la Nación.

Los datos de la cartera están contenidos en una respuesta a un pedido de acceso a la información pública, fechada el pasado 24 de febrero y elaborada por el Área de Estadística y Criminología del ministerio. Y son parte de una tesis de la abogada por Valentina Piquinela, para su magister en Derechos Humanos por la Universidad Claeh denominada “La prohibición offshore de la tortura en Uruguay democrático: límites y resistencias en la aplicación del artículo 22 de la ley 18.026".

Piquinela, en diálogo con El País, dijo que el marcado desfasaje en las cifras evidencia, a su juicio, que muchas denuncias no son investigadas por la Fiscalía y que esto es así porque los detenidos no cuentan con mecanismos adecuados para canalizarlas.

En la respuesta, que está firmada por Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología, se hace la precisión de que los sistemas de información de la cartera “no permiten distinguir en forma estandarizada y con confiabilidad” si la víctima se encontraba privada de libertad o detenida en el momento del hecho, ni la ocupación o calidad funcional del presunto autor del abuso (policía, médico u otro funcionario público).

Interior respondió también que no se registran casos bajo la tipificación de tortura.

“Se deja expresa constancia que esta área no tiene competencias sobre el control o funcionamiento de los sistemas informáticos del registro de denuncias”, dice la comunicación de Interior, que incluye cifras aportadas por el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP).

Foto: Natalia Rovira/El País

El artículo 286 del Código Penal que refiere al abuso de autoridad determina que incurre en él “el funcionario público encargado de la administración de una cárcel, de la custodia o del traslado de una persona arrestada o condenada que cometiere con ella actos arbitrarios o la sometiere a rigores no permitidos por los reglamentos, será castigado con pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría”.

Interior no respondió a Piquinela una pregunta sobre cuántas investigaciones se realizaron en el período 2006 - 2024 por malos tratos policiales sobre personas detenidas o condenadas en unidades penitenciarias, cuántas investigaciones se formalizaron, ni cuántas derivaron en condenas a policías. El Ministerio del Interior fue condenado el pasado 18 de marzo por el Tribunal de Apelaciones de Quinto Turno a dar esa información a Piquinela.

La abogada, en tanto, deja entrever en el texto que hay un subregistro importante de situaciones que podrían constituir abuso de autoridad.

“A lo largo del período estudiado, las denuncias formuladas por el Comisionado Parlamentario revelan un universo de episodios, constatables empíricamente. Sin embargo, al contrastar este universo documental con la información oficial de la Fiscalía General de la Nación y las condenas del Poder Judicial, aparece un fenómeno diametralmente opuesto: la imposibilidad técnica y administrativa de identificar, clasificar o trazar siquiera una sola de estas denuncias dentro del sistema penal (…). No existe un método estadístico que permita conectar cuantas de las denuncias presentadas por el Comisionado parlamentario han sido investigadas, archivadas o han obtenido condena”, escribió Piquinela.

En la tesis también se destaca que la Unidad de Víctimas de la Fiscalía general de la Nación, no dispone de un registro que identifique cuántas víctimas privadas de libertad se encuentran bajo seguimiento por hechos de violencia institucional.

“Esta imposibilidad técnica y administrativa de identificar la naturaleza del hecho y la procedencia de la denuncia genera un vacío que neutraliza el potencial de control de los hechos denunciados y obstaculiza la trazabilidad de la violencia en contextos de encierro”, escribió Piquinela.

Y advirtió, además, que “según la información relevada, las personas privadas de libertad que desean presentar una denuncia no cuentan con un acceso efectivo a una defensa técnica dentro del Servicio Público que las represente en calidad de víctimas”.

Piquinela señaló, en este sentido, que la Suprema Corte de Justicia le informó en diciembre pasado que a nivel nacional hay 41 defensores públicos asignados a la atención de víctimas en procesos penales, de los cuales dos se desempeñan en Montevideo y 39 en el interior.