Defensa e Inisa firman acuerdo para capacitar a jóvenes en el Ejército y surgen críticas en sectores del FA

Redacción El País
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), liderado por Jaime Saavedra, firmará este martes un convenio con el Ministerio de Defensa, con el fin de que entre 20 y 30 jóvenes privados de libertad a cargo del organismo —y que cumplan con determinadas condiciones, como ser mayor de edad o estar próximo a serlo— tengan instancias de formación en el Ejército Nacional.

El planteo, impulsado por las autoridades del Inisa, ha generado tensiones internas con determinadas sensibilidades de algunos sectores de la coalición de izquierda y ya provocó repercusiones y declaraciones contrarias a la iniciativa.

Como era previsible, una de las primeras expresiones contrarias provino de Casa Grande, el sector liderado por la senadora Constanza Moreira, quien a lo largo de toda su trayectoria política ha sido una de las voces más críticas contra las Fuerzas Armadas, incluso sobre la pertinencia de su existencia para un país como Uruguay.

En un comunicado, la agrupación afirmó que considera la iniciativa "incompatible con el enfoque de derechos humanos que debe regir toda intervención estatal sobre adolescentes privados de libertad o sometidos a medidas judiciales, conforme a los estándares internacionales de justicia juvenil, que establecen el interés superior del niño, la no criminalización, la no militarización y el carácter eminentemente educativo y restaurativo de las medidas”.

En tono crítico, Casa Grande recuerda que parte de los cometidos de Defensa es “el disciplinamiento militar, orientado a la obediencia y la jerarquía”.

“Resulta ajeno —y contradictorio— a los objetivos de las medidas socioeducativas que requieren los jóvenes en conflicto con la ley”, finaliza el documento, que fue replicado en X por la directora general del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Andrea Venosa (dirigente del sector).

En una dirección similar, el senador del Partido Socialista, Gustavo González, también manifestó su desacuerdo. “Considero que la educación militar tiene un carácter vertical históricamente. Para eso nació. A mí me gusta la educación participativa, que tenga una orientación de integración social. El trabajo educa. Yo lo haría con UTU, por ejemplo. Hiere muchas sensibilidades y Ejército en general todavía tiene muchas cosas que decir sobre el tema de los desaparecidos. Hay un debe. Educar teniendo desaparecidos yo no lo veo”, dijo González consultado por Canal 5.

En tanto, desde otros sectores del Frente Amplio y desde las principales autoridades se defiende la iniciativa que es vista como otro mecanismo de política pública para lograr capacitar adolescentes, de los cuales el 80% de los que están institucionalizados en el organismo no tienen ciclo básico terminado.

“Tampoco soy tonto, no es un convenio más. Pero como vamos a prescindir nosotros de semejante institución como las Fuerzas Armadas. Todo el mundo está invitado porque la causa es muy noble. El convenio con Inefop es de 270 capacitaciones y no generó lo mismo. Otro se realizó con la Secretaría Nacional de Drogas. Me llevó cinco minutos conversarlo con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y su gente. En estos días estamos empezando con trabajo pago formal para los chiquilines en Batallón Belloni. Pero, ¿por qué no estaba la Secretaría y el Ejército? Había que ir a conversar”, defendió Saavedra su posición este sábado en entrevista con El País.

Por su parte, el director Daniel Radío dijo que se trata de “una experiencia piloto para testear si funciona”. Detalló que una primera etapa tendrá lugar en la Colonia Berro y una segunda —que requerirá de autorización judicial por tratarse de menores de edad— implicaría concurrir a instalaciones militares por parte de los jóvenes que adhieran voluntariamente.

El exministro de Defensa Javier García también se refirió a la iniciativa y recordó que durante su gestión se firmó un convenio con el INAU, "institución que es prima hermana del INISA".

"Se habilitaron cupos en las unidades militares que egresaban de los hogares, que muchas veces son estigmatizados, tuvieran una primera experiencia laboral que les permitiera demostrar que pueden salir a lucha de conseguir un trabajo como cualquier muchacho joven. Para eso fue que les abrimos las puertas de las unidades militares. Si esto fue bueno para el INAU, con más razón lo es para el INISA. Se trata de muchachos en conflicto con la ley que pueden adquirir métodos de trabajo, disciplina, valores, contención profesional y aprender un oficio. Hay que darles una mano para que puedan reinsertarse en la sociedad", opinó.

En el caso de la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, en la previa a la firma del convenio ؅dijo que la propuesta es una inquietud que desde el día uno planteó el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien estará presente en la firma del convenio.

“La idea es generar procesos educativos que apuesten a la inserción social y laboral de los jóvenes, en particular de infractores primarios. La cuestión de la defensa de la soberanía nacional tiene una pata militar, pero también una civil. Y esa responsabilidad sobre lo que pasa con los jóvenes uruguayos encaja perfectamente en este plan piloto que se llevará adelante”, desarrolló Lazo en FM Del Sol.

Otro dirigente frenteamplista consultado recordó que ya existieron experiencias similares, durante la gestión del exministro Eleuterio Fernández Huidobro, con el liceo de Tacuarembó y la UTU, por ejemplo. En el Movimiento de Participación Popular (MPP) se apoya la iniciativa, mientras que de parte del Partido Comunista todavía no hubo un pronunciamiento de carácter público.

A su vez, la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, planteó dudas al respecto. Adelantó que el organismo estudiará el programa (una vez que se conozca) y posiblemente se pronunciará al respecto.