Defensa de Carrera pidió excluir como prueba grabación de Hernández por ser "ilícita", pero jueza no aceptó

En una nueva instancia judicial que tuvo como protagonista al exsenador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera, la Fiscalía presentó una a una las pruebas materiales que considera parte de los insumos en los que sustentará su acusación durante el juicio, luego de que el dirigente del Frente Amplio fuera imputado por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada.

En la audiencia de “control de acusación”, una etapa intermedia entre la acusación fiscal y el juicio, la primera prueba presentada por el Ministerio Público fue el del audio que grabó presuntamente en 2013 Daniel Hernández, hermano de Víctor Hernández, quien fue herido por una bala perdida en su casa en La Paloma que le provocó una lesión vertebral y parálisis de miembros inferiores.

Tras la presentación de la primera evidencia, que fue la que disparó el caso contra Carrera, la defensa del exlegislador procuro que el medio probatorio no fuera tomado como válido por entender que se trataba de una prueba adquirida de forma ilícita, y por tanto era inadmisible para ser considerada en un juicio.

Los representantes legales de Carrera, además, argumentaron que al ser grabado por Hernández sin consentimiento y de “forma premeditada” se violentaron principios fundamentales del acusado como su derecho a la privacidad y al secreto de las comunicaciones, entre otros.

A su vez, se cuestionó que la grabación en cuestión no contaba con información relevante como la fecha en la que fue grabada, el lugar, no se detallaban los partícipes de la reunión y se puso en tela de juicio la “cadena de custodia” que tenía la prueba, lo que dificultaba constatar su fiabilidad como elemento probatorio.

No obstante, de parte de Fiscalía se defendió la validez del audio y se aportó como elemento justificador para su utilización que quién había sido la persona que lo grabó y aportó al Ministerio del Interior —que radicó la denuncia contra Carrera— iba a ser testigo durante la causa.

Por tanto, la fiscal Valeria Bovio, integrante de la Unidad Especializada de Litigación, argumentó que no correspondía excluir la prueba, ya que quien la aportó dará testimonio y participó en la reunión. Es decir, no se trató de un tercero ajeno —lo que sí implicaría una violación del secreto de las comunicaciones—, sino de uno de los interlocutores. Además, el encuentro tuvo lugar en un lugar público, según sostuvo la Fiscalía, ya que la grabación fue realizada en el despacho de Carrera cuando se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior.

Bovio agregó que, en la instancia del juicio, correspondería a la defensa, en todo caso, probar la credibilidad o autenticidad de la prueba aportada por el Ministerio Público.

Finalmente, y tras dos horas de discusión jurídica la jueza de Crimen Organizado de 2do Turno, Diovanet Olivera, dio lugar a lo expuesto por Fiscalía y la prueba fue incorporada para ser considerada durante el juicio.

De parte de los abogados de Carrera, Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández, se interpuso un recurso de apelación y la decisión de la magistrada fue elevada a un tribunal de alzada, el de Apelación en lo Penal de 2° Turno. La fiscal Sandra Fleitas no participó de la instancia.

La demanda presentada contra Carrera sostiene que hubo un perjuicio generado al Estado de $ 6 millones por las internaciones y los gastos de Víctor Hernández en el Hospital Policial. Ese cálculo surge de la hospitalización y los estudios que, según Fiscalía, generaron gastos por $ 5.214.668 y del pago de tickets alimentación por tres años, cuyo monto fue de $ 940 mil.

La Fiscalía pidió que Carrera fuera condenado a cuatro años de prisión, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de 1.000 Unidades Reajustables (aproximadamente $1.900.000), por entender que cometió los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada. Hernández vivía en frente a una casa propiedad del Estado que estaba asignada a un comisario de La Paloma (Rocha), quien presuntamente ese día estaba haciendo una fiesta.

Aunque la sospecha siempre fue que la bala había salido de esta vivienda y se iniciaron procedimientos administrativos que terminaron en sanciones, nunca se comprobó judicialmente.

El herido estuvo internado en el Hospital de Rocha y, por la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital de Clínicas el 11 de noviembre de 2012. Estuvo allí hasta el 24 de julio de 2013 y ese mismo día ingresó al Hospital Policial.

En la denuncia realizada en 2022 por la administración pasada "se advirtió la ocurrencia en el año 2016 de una situación anómala respecto a la internación gratuita en el Hospital Policial de un particular, que no siendo funcionario policial, ni equiparado, ni familiar de un policía, recibía asistencia en dicho centro de salud y además percibía mensualmente la suma de $ 20.000 de la partida de canastas de fin de año, que en ese momento se pagaba con tickets de alimentación". La orden, según la acusación, fue dada por Carrera.

Daniel Hernández, por su parte, estuvo ingresado en el hospital en calidad de acompañante durante los tres años y medio que duró la internación de su hermano y usufructó los servicios de hotelería de la institución. La grabación de la reunión, en la que participaron varias personas y jerarcas, fue divulgada en 2022 por el programa Santo y Seña.