PRIMER GRAN DEBATE DEL AÑO LEGISLATIVO

El dinero pasa a ser un tema central en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche dijo en conferencia de prensa el viernes: “tenemos la tranquilidad absoluta de que se cubrirán todas las necesidades sociales y sanitarias”. El mantra que ha repetido Arbeleche en reuniones del gabinete es que no van a faltar recursos para atender los efectos de la pandemia.

Por eso hoy el Senado votará el proyecto de ley que crea el Fondo Coronavirus que se nutrirá entre otros del “Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19” que recaerá sobre los funcionarios públicos que perciban más de $ 120.000 nominales, en principio por dos meses, y de un adicional del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que abarcará a todas las jubilaciones de más de $ 120.000.

Si bien la recaudación por ambos no superaría los US$ 20 millones de acuerdo a estimaciones iniciales, en el gobierno de Luis Lacalle Pou ven al proyecto de ley como un “gran señal” en tiempos de “especial delicadeza social”. Así incluso lo conversó el jefe de Estado con la delegación del Frente Amplio que ayer fue a la Torre Ejecutiva.

El borrador del proyecto, al que accedió El País, establece la creación del “Fondo Solidario COVID-19” que estará destinado a atender los gastos de “toda actividad estatal destinada a la protección de la población frente a la emergencia sanitaria nacional”, los del Ministerio de Salud Pública y prestadores públicos de salud y el pago de los seguros por enfermedad y desempleo brindados por el Banco de Previsión Social (BPS), en este caso desde el 13 de marzo.

La estimación inicial del gobierno es que el costo del seguro de desempleo y de enfermedad, más las acciones que ha tomado el Ministerio de Desarrollo Social (canastas alimentarias, refugios, etc.) es de US$ 400 millones, pero tiene la incertidumbre que genera la propia pandemia del coronavirus. A eso hay que sumarle los mayores gastos sanitarios.

¿Cómo se va a nutrir este fondo? El borrador del proyecto establece que irán “hasta el 100% de las utilidades acumuladas hasta el momento de la promulgación de la ley de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND)”, las “utilidades del ejercicio 2019 del Banco República a que refiere el artículo 40 de la ley 18.716”.

Ese artículo, dice que “el Poder Ejecutivo podrá requerir” del BROU “contribuciones adicionales de hasta un 30% de sus utilidades”. En 2019 el banco ganó US$ 504 millones, por lo que al Fondo Coronavirus destinará US$ 151 millones aproximadamente.

Además, “préstamos de organismos internacionales” y “donaciones en dinero” se volcaron al fondo. La otra fuente de financiamiento, es la más polémica: “El producido total de los tributos transitorios que se crean por la presente ley”.

Allí está el impuesto, “de carácter mensual”, denominado “Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19”, que gravará las remuneraciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados al Estado, gobiernos departamentales, entes autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la relación de dependencia, correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020. Aunque se habilita al Ejecutivo a extenderlos hasta por tres meses más.

El tributo tendrá escalas y alcanzará a salarios de más de $ 120.000 nominales.

El impuesto también recaerá sobre los subsidios a quienes ocuparon cargos públicos o de particular confianza y no será aplicado al personal de salud, tanto médico como funcionarios.

En el caso de los cargos políticos (presidente, vicepresidenta, ministros, legisladores, intendentes, funcionarios del Servicio Exterior y de confianza política) serán gravados con una tasa del 20%.

En ningún caso el líquido a cobrar puede ser inferior a los $ 80.000 mensuales o inferior del que cobra más de la franja anterior.

A su vez, se crea un adicional al IASS que gravará los ingresos correspondientes a las jubilaciones y pensiones, tanto de instituciones públicas y privadas superiores a los $ 120.000 nominales, con iguales escalas que el Impuesto Emergencia Sanitaria y también por abril y mayo, prorrogable por hasta tres meses más. En este caso ningún jubilado cobrará menos de $ 100.000 líquidos mensuales.

Según supo El País, las jubilaciones del BPS por encima de $ 120.000 líquidos son unas 50.000. De ese total, un 35% aproximadamente corresponden a aportantes a la caja civil -que abarca a los funcionarios del Estado- y el 65% a jubilados de industria y comercio.

Según la información que envió la Caja Notarial al gobierno -a la que accedió El País- hay un total de 811 jubilaciones y pensionistas que paga esta caja paraestatal por encima de los $ 120.000 líquidos. De hecho, hay 124 que cobran retribuciones por encima de $ 200.000 líquidos. (Producción: Mathías da Silva)