¿Cuál es la agenda de trabajo del presidente Lacalle Pou desde el lunes?

GOBIERNO

El lunes 28 no va a ser un día más en el gobierno de Luis Lacalle Pou. El jefe de Estado arrancará la semana con el resultado del referéndum sobre la mesa, y la necesidad de acelerar una serie de reformas y decisiones -proyectadas en la campaña de 2019- que se vieron postergadas por la pandemia.

El primer mandatario arrancará ese día con la noticia de un respaldo a su gestión si gana la papeleta del No celeste, o un revolcón importante si triunfa la oposición política con la papeleta del Sí rosado.
Independientemente de ese resultado, Lacalle Pou ya se marcó tres grandes áreas en las que necesita poner pie en el acelerador y tomar decisiones en el corto plazo. Esas áreas están relacionadas con lo sanitario, lo económico, y la seguridad social, tal como lo comunicó Lacalle Pou el miércoles 23 en la conferencia de prensa que convocó para defender la LUC.

El primer punto es definir el levantamiento de la emergencia sanitaria decretada el 13 de marzo de 2020 cuando se confirmaron los primeros casos de coronavirus en el país. Esta definición no solo es una señal fuerte hacia la población, de que la pandemia se acabó y terminó el peligro por el coronavirus, sino que también implica una serie de definiciones legales que fueron tomadas a lo largo de estos dos años para atender la emergencia.

Uno de los puntos claves en este asunto está vinculado a la formación del Fondo coronavirus, creado por ley en abril del 2020. Esta definición será uno de los temas prioritarios que Lacalle Pou resolverá en la semana, en consulta con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

El segundo tema tiene un punto de contacto con la LUC que hoy se pone a consideración de la ciudadanía. Esta semana el Poder Ejecutivo resolverá si ajusta al alza el precio de los combustibles al público, o deberá buscar algún mecanismo para no trasladar el aumento del precio del barril de crudo al público.

Algunos de los artículos cuestionados en este referéndum son los que determinan el nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles. Estos artículos establecen la creación del sistema de Precios de Paridad de Importación (PPI).

El gobierno recibirá esta semana el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), y con esa información tomará la decisión de subir o no los combustibles. Pero el precio de los combustibles no es el único punto que el gobierno analizará, ya que Lacalle Pou adelantó en la conferencia del miércoles 23 que trabaja junto al equipo económico en una serie de definiciones para atender el aumento en el costo de vida que se registró en los últimos meses en el país.

El tercer punto requerirá más tiempo de negociación, ya que hasta el momento lo que se ha presentado sobre la reforma de la seguridad social es el informe de la delegación de nueve miembros designados por el oficialismo en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS).

La intención del presidente Lacalle Pou es tener pronto un proyecto de ley para enviar al Parlamento antes de fin de año, para evitar que la discusión se “contamine” con la contienda electoral de cara a las elecciones de 2024.

En este tema ya está trabajando el prosecretario de la presidencia de la República, Rodrigo Ferrés.

La necesidad de reformar el sistema jubilatorio es urgente, ya que el gasto en seguridad social es creciente (en 2019 representaba el 11% del Producto Interno Bruto) y la tendencia es que se mantenga, si no se toman medidas para resolver el problema. En esto hay coincidencia en todo el sistema político, pero hay diferencias sobre la forma de implementar los cambios que pueden dificultar la negociación de un proyecto de ley.

Por eso, uno de los puntos que surge en el primer borrador de las sugerencias del grupo de expertos por parte del oficialismo es aumentar la edad mínima de jubilación.

Actualmente ese requisito está en 60 años. La propuesta al Poder Ejecutivo del CESS es “no modificar las edades jubilatorias de las personas nacidas antes del 1º de abril de 1966” (los incluidos en la ley de Cincuentones) y para el resto, el informe establece dos opciones de suba gradual de la edad mínima jubilatoria.

Una de las opciones es subir de la edad mínima para jubilarse para los nacidos en 1967 (55 años actualmente), aumentando un año por cada año sucesivo, hasta llegar a una edad mínima de retiro de 65 años para los nacidos a partir del año 1971 (hoy tienen 51 años).

En esta fórmula, los nacidos en 1967 tendrían como edad mínima jubilatoria los 61 años, los nacidos en 1968 los 62 años y así hasta llegar a 65 años de edad mínima para nacidos de 1971 en adelante.

La segunda propuesta marca aumentar la edad mínima a razón de un año, pero a partir de las personas nacidas en el año 1971, quienes podrían acceder a la jubilación a los 61 años, terminando la transición con las personas nacidas en 1975 (47 años actualmente).

Esta segunda opción, implica una dinámica de contención y reversión de la trayectoria al alza del nivel de gasto público previsional más lenta, por lo que si el gobierno optara por ella, tendría que modificar otros parámetros.