Redacción El País
El diputado blanco Juan Martín Rodríguez salió de la Sala Dr. Martín C. Martínez, en el Palacio Legislativo, con un fajo de hojas resaltado en verde, amarillo y rojo.

Ayer de tarde, luego de que el Frente Amplio y los partidos Colorado e Independiente llegaran a un acuerdo sobre el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, el legislador se reunió con senadores del Partido Nacional para informarles sobre las negociaciones en la cámara baja, replicando el sistema de “semáforo” que ha utilizado la coalición de gobierno en los últimos meses. Con él los socios han marcado qué artículos comparten, cuáles les generan dudas y cuáles directamente rechazan.

Al lado de uno de los marcados en rojo durante la reunión, Rodríguez había acotado en mayúsculas: “Venezuela”.

Con este rótulo se refería al literal G del noveno artículo, donde se contempla como “donación encubierta” por parte de los medios de comunicación “la remisión de deuda actual o futura, total o parcial por la prestación de servicios de comunicación en forma desigual entre los partidos políticos”. En esos casos, “operará la caducidad de la autorización para prestar servicios de comunicación audiovisual”, conforme a la ley de medios vigente.

En diálogo con la prensa, Rodríguez ahondó sobre la supuesta “venezuelización” (sic) del sistema de medios.

“Si un canal de televisión realiza una operación -según lo denunciado por la ley- se le quita la frecuencia, con las consecuencias que eso genera, dejando gente sin sus puestos de trabajo”, dijo.

A su vez, Rodríguez valoró que de los 35 artículos acordados, hay algunos de “dudosa constitucionalidad” y de “muy difícil implementación”. También, que algunos “parecen haber sido redactados con una mentalidad sumamente montevideana, que desconocen el funcionamiento del país en los lugares más recónditos”, o que son “de muy difícil cumplimiento, cuasi embargatorios” para los medios de menor peso.

Según supo El País, el Partido Nacional convocó a los socios de la coalición a una última reunión de coordinación, después de que los diputados frenteamplistas, colorados y del Partido Independiente acordaran que el articulado se vote sí o sí este jueves en la Comisión Especial con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia, a dos días de que venza el plazo de actuación.

Todos los legisladores, pero en particular los nacionalistas, están expectantes de la comparecencia de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas en la comisión, que se llevará a cabo hoy. Rodríguez dijo que si sus respuestas no los satisfacen, los blancos no estarán “en condiciones” de acompañar ciertos artículos.

No obstante, el legislador aclaró que ven “con muy buenos ojos” algunos artículos, como el 33, donde se contempla que la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas puedan solicitar asesoramiento a la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central (UIAF).

Según supo El País, entre otras valoraciones, en la reunión se planteó cuán “absurdo” es que un candidato a edil pueda destinar de su propio bolsillo hasta 250.000 unidades indexadas para financiar la campaña, mientras que el límite para cada persona física o jurídica en esa misma contienda es superior: de 300.000 unidades indexadas.

También que el tope de aportes propios impuesto a candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia, de 1.000.000 de unidades indexadas, es “irrisorio”. Los blancos entienden que debe haber limitaciones, pero que se debería elevar este valor, correspondiente actualmente a unos $ 6.000.000.

Por su parte, en conversación con la prensa, el senador y precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, señaló cuál es -a su entender- “el gran botín” del nuevo marco normativo propuesto: “las horas de minutos gratis de televisión”.

“Hay una confiscación del tiempo de los canales”, remarcó Gandini, que recordó que si se aprueba el nuevo marco normativo, todos los canales (abiertos, de cable, nacionales o del interior) tendrán que ampliar sus tandas a 20 minutos, de los cuales 10 se destinarán a propaganda política. A eso se suma que durante 10 meses del año electoral los canales no pueden recibir publicidad de ningún organismo público.

“Los medios van a quedarse sin publicidad pública, van a tener que dar horas de su programación, agrandar su tanda y, por lo tanto, arriesgarse a perder audiencia”, remarcó.

Gandini señaló que en el marco normativo tampoco se hace referencia a cómo esa tanda publicitaria se distribuirá a la interna de los partidos.

“Es muy complejo ser equitativo y justo. No conocemos cuántas listas van a estar en competencia: ¿cómo se distribuye, quién lo distribuye?”. Consultado por El País, Gandini dijo que “no le daría” al Poder Ejecutivo la potestad de fijar dichos límites al reglamentar la ley.

En paralelo, el diputado Martín Sodano hizo llegar a los socios de la coalición el “semáforo” de la bancada de Cabildo Abierto.

El documento, al que accedió El País, está dividido en dos columnas. A la izquierda, la propuesta acordada por el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente. A la derecha, aspectos que le gustaría modificar a la banca-da cabildante. Por ejemplo, los liderados por Guido Manini Ríos marcaron como condición para el voto que el plazo para rendir cuentas de los fondos públicos recibidos sea de 120 días, en vez 90.