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El riesgo latente de que los narcos financien la política uruguaya: ¿una realidad lejana o posible?

La corrupción vinculada al narcotráfico está presente en gobiernos de la región. ¿Hay chances de que penetre en la política uruguaya? Una nueva ley de financiamiento de los partidos está a punto de votarse.

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Palacio Legislativo por la noche.
Palacio Legislativo por la noche.
Foto: Fernando Ponzetto.

En el primer aniversario del presidente Gustavo Petro en el poder, el escenario político colombiano se tiñe de turbulencia. Su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, está enfrentando acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ya en calidad de imputado y para poder acceder a un juicio abreviado, confesó haber recibido fondos para respaldar la campaña presidencial de su padre en 2022, provenientes de figuras vinculadas con el narcotráfico y el contrabando.

Dada la gravedad de los delitos confesados, Nicolás Petro podría enfrentar una condena de entre 10 y 30 años. En una trama compleja, la Fiscalía sostiene que el dinero ilícito provino de dos fuentes principales: Samuel Santander Lopesierra, apodado “El Hombre Marlboro”, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y contrabando, quien regresó al país en 2021 tras cumplir condena; y Gabriel Hilsaca, hijo de “El Turco” Hilsaca, un empresario bajo investigación por sus conexiones con grupos armados. Ambos personajes, según Petro Burgos, habrían contribuido con una suma significativa de dinero, estimada en al menos 300.000 dólares, para respaldar la campaña presidencial.

¿Qué tan cerca puede estar Uruguay de una situación así? Todos los especialistas consultados para este informe coinciden, con matices, en una idea: no pueden afirmar que el crimen organizado y el narcotráfico hayan penetrado en la financiación de la política uruguaya, pero el país debe prepararse para que el escenario se pueda dar en poco tiempo. El caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset puso el tema otra vez sobre la mesa y generó críticas desde el Frente Amplio sobre una eventual implicancia del gobierno o de funcionarios en asuntos de corrupción. La vicepresidenta Beatriz Argimón fue una de las que respondió: “En ningún momento se me dio por pensar que había un narco-Estado cuando se escapó (Rocco) Morabito y el presidente era (Tabaré) Vázquez”.

Por estos días seestá discutiendo un proyecto de ley para el financiamiento de las campañas de los partidos políticos. El Partido Colorado, el Frente Amplio y el Partido Independiente ya están de acuerdo en el texto. Cabildo Abierto también apoyaría la normativa y el Partido Nacional aún no se ha expresado, pero sin sus votos el texto se aprobaría de todas formas en la Cámara de Diputados.

El senador nacionalista Jorge Gandini dice que “el narcotráfico que existe en Uruguay genera fenomenales cantidades de recursos que tienen que tener mecanismos para lavar activos”, pero no ve “que eso esté vinculado al sistema político; capaz que está vinculado al financiero”. Gandini cree que hasta el momento de forma directa ni indirecta las campañas políticas electorales han recibido dinero del narcotráfico.

¿Por qué? “Lo primero es que en Uruguay nos conocemos todos, y sabemos más o menos el bolsillo de cada uno. Si un político cambia sus estándares de vida, eso ya saltaría de forma inmediata”. El senador dice que “cualquier movimiento nuevo” sería notado no solo por los otros políticos, sino que por los propios ciudadanos. “Ningún político tiene en Uruguay autos de lujo o mansiones”.

Conferencia de Jorge Gandini por Rendicion de Cuentas
Senador del Partido Nacional, Jorge Gandini.
Estefania Leal/Archivo El Pais

Los políticos son los que están más controlados, según opina Gandini, porque son lo que el Banco Central define como Personas Políticamente Expuestas (PPE) y sus movimientos bancarios, igual que los de sus parientes, cónyuges e hijos, son controlados por esa institución. ¿Quiénes son estas personas? Aquellas que desempeñan o han desempeñado en los últimos cinco años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero. Van desde legisladores e integrantes del gobierno nacional y departamental, hasta integrantes de partidos.

Las personas que están en esta lista tienen que completar formularios y dar cuenta de todo los movimientos que hacen, sin importar el monto. El Banco Central les exige saber sobre todas sus tarjetas, así como de los pequeños movimientos que hacen por una red de cobranza o los pagos de las tarifas de Antel o UTE. “Si tengo que hacer un giro de 3.000 pesos por Abitab, tengo que explicar por qué lo estoy haciendo. Así que para enviarle dinero a un correligionario mío de Treinta y Tres para que pague la luz del comité, tengo que llenar cuatro hojas de formularios”, dice Gandini.

Algo similar afirma Carlos Varela, diputado del Frente Amplio, quien integra la comisión especial con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia. “No tenemos ningún elemento de juicio para decir que algún partido político esté en convivencia con el delito organizado. Y la verdad, sinceramente creo que es así”, dice Varela, en referencia a que no hay nexos con los narcos. Pero para este diputado del Frente Amplio el riesgo existe y, más que sobre los partidos políticos, cree que las personas individualmente pueden llegar a estar contaminados por esta situación. “Hace muchos años el inspector (Julio) Guarteche cuando estaba al frente de la lucha contra el narcotráfico ya nos alertó, acá en el Parlamento, que ese riesgo existía”, dice respecto a unas declaraciones que se dieron en 2006.

Para Varela el tema ya era importante en aquel momento pero más aún en 2018, cuando el Frente Amplio presentó un proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos que, a pesar de ser gobierno, no fue aprobado porque no contó con el apoyo del diputado Darío Pérez. Faltó un voto. “Ahora no es un tema importante, es imprescindible”, dice sobre el proyecto de ley que se discute. Varela afirma que en Uruguay y en la región se ha visto un avance del delito organizado, no solo vinculado a drogas, sino al tráfico de personas, armas y contrabando.

¿Qué dice la academia? El sociólogo Gabriel Tenenbaum, especialista en crimen organizado y lavado de activos, afirma que en Uruguay está instalado el discurso de que “somos la excepción”. Y advierte: “Geográficamente estamos pegados a Brasil y cerca de Paraguay y Bolivia, al igual que de Colombia, ahí se desarrolla el mercado de las drogas ilegales”. El investigador de la Universidad de República, doctorado en México, explica que quizás Uruguay al ser un mercado chico puede no ser atractivo para las organizaciones criminales, pero detalla que es importante entender que estas operan en todo el mundo y según el lugar es la actividad que desarrollan.

“Hay lugares para plantar droga, otros para exportar. Otros para importar, lugares para distribuir al comercio. Y lugares atractivos para lavar dinero, Uruguay es uno de esos”. Tenenbaum dice que el país puede ser atractivo para refugio de líderes de estas bandas. Hay casos: desde Rocco Morabito a integrantes del excartel de Pablo Escobar.

En Uruguay.

Cargamentos de toneladas de cocaína que no son detectados por los escáners del puerto de Montevideo, narcotraficantes como Morabito que vivió años en Uruguay y se escapó caminando de la exCárcel Central, bandas locales de narcos que se disputan territorios, la presencia del sicariato o los ya tradicionales ajustes de cuentas. Estas historias salen en las noticias, la gente en los barrios sabe del funcionamiento de las bocas: no es Colombia o una serie de Netflix, es la realidad.

Incautación de droga por parte de Fiscalía.
Incautación de droga por parte de Fiscalía.
Foto: Francisco Flores.

El sociólogo Tenenbaum afirma que el tráfico de drogas se relaciona directamente con la corrupción, ya que para su desarrollo se requiere la complicidad al menos de funcionarios. En el contexto latinoamericano, destaca la prevalencia de casos de corrupción, desde altos funcionarios hasta presidentes, y plantea la posibilidad de que aquí ocurran situaciones similares, aunque tal vez no a niveles tan altos. “¿Cuánto dinero le tienen que dar a un funcionario para que deje de controlar algo que sale por el puerto?”, se pregunta el investigador, quien acaba de sacar un libro sobre el tema: Los protectores del capital: Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay.

El dinero que se genera por el narcotráfico es manejado por organizaciones que operan en muchos países a la vez. Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y exsecretario general de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), avisa: “Hay estudios jurídicos implicados, emplean todo tipo de profesionales, desde escribanos y contadores a ingenieros en sistemas. Eso no se hace a la ligera sino de forma planeada”.

Junta Anticorrupcion celebra que la ciudadanía ejerza presión por eventual acomodo de familiares para que no pase. Foto: F. Flores
Ricardo Gil Iribarne, ex director de la Jutep.
Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

-¿Hay posibilidad de que el narcotráfico esté penetrando en el sistema político?

-No hay duda de que el crimen organizado está presente en Uruguay ahora, mucho más de lo que estaba antes. Eso se manifiesta en los delitos y sobre todo en el narcotráfico, pero no es el único, también el contrabando y el tráfico de personas. Además en la existencia de sicarios y las muertes con mensajes que antes no existían. Entonces, si el crimen organizado está presente en Uruguay, lo está el lavado y la corrupción también. No tengo elementos para decir que el narcotráfico está hoy presente en las estructuras políticas. Lo que sí pienso es que no hay ninguna razón, absolutamente ninguna, para fundamentar que eso no va a pasar en Uruguay, porque pasa absolutamente en toda la región.

La opinión de Gil Iribarne no está muy alejada de la que tiene Jorge Chediak, actual secretario de la Senaclaft, quien dice que el lavado de activos “es un delito muy complejo de detectar y extremadamente complejo de perseguir, porque hay que realizar la ingeniería inversa para ver si se puede llegar al origen ilícito del dinero”.

A diferencia de la mayoría de los delitos, dice Chediak, “acá las operaciones son idénticas o muy parecidas a todas las operaciones legales. La donación es legal, la transferencia es legal, las compraventas son legales”. Y agrega que es clave entender que este delito siempre ocurre en un marco donde también se están dando ganancias reales por un negocio. “Por eso decimos que el dinero de origen delictivo no se lava puro, sino que se lava mezclado con dinero de origen lícito”, explica Chediak. Esto es porque para poder justificar el movimiento de millones de dólares, la organización tiene que tener espalda financiera. “¿Quién podría lavar medio millón de dólares? Alguien que pueda justificar que gana millones de dólares”, dice Chediak.

Jorge Chediak, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft)
Jorge Chediak, presidente de la Senaclaft.
Foto: Estefanía Leal

Si el lavado se diera en los partidos, el escenario sería gravísimo. “Probablemente no sea para adquirir un bien material, sino que lo que está haciendo es adquirir una voluntad de algún político para lograr algo. Entonces, ni siquiera ahí hay un activo rastreable en el sentido de que no hay un bien perseguible”, explican desde la Secretaría Antilavado.

Proyecto de ley.

Tal como informó El País, el jueves se logró un acuerdo entre el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio sobre el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos en la comisión especial de Diputados. La iniciativa consta de 35 artículos e incluye la contribución de empresas a las campañas, tema que generaba dudas en la oposición. El Frente Amplio cedió en este aspecto, permitiendo que partidos, sectores internos y listas de candidatos reciban aportes de personas físicas o jurídicas identificadas, con excepciones. Se establece un límite de donación de 300.000 unidades indexadas en dinero o especie durante cada campaña electoral, casi dos millones de pesos al valor actual. El artículo 9 prohíbe donaciones de entidades no autorizadas, empresas vinculadas a obras públicas, organizaciones sin personería jurídica, así como de estados y gobernantes extranjeros. El proyecto también introduce un límite al aporte del patrimonio que puede realizar el primer candidato de una lista. Según el artículo 7, cuando los candidatos a cargos electivos realicen aportes en dinero o especie, los límites serán de hasta 1.000.000 unidades indexadas para candidatos a Presidencia y Vicepresidencia (casi seis millones de pesos) y hasta 800.000 para candidatos a cargos de senadores, diputados e intendentes (más de cuatro millones y medio de pesos).

Parlamento
Legisladores en la Cámara de Diputados.
Francisco Flores/Archivo El Pais

El artículo 11 autoriza la publicidad fuera de los períodos de campañas electorales en horario central, con el propósito exclusivo de convocatorias a eventos partidarios. En estos casos, la información comunicada debe ser visible y ocupar al menos el 90% del tiempo de la pieza publicitaria.

En relación con la publicidad durante los periodos electorales, el artículo 14 establece los porcentajes de los espacios gratuitos para los lemas. Esto incluye un 47,5% distribuido de manera equitativa entre los lemas con representación parlamentaria de la elección anterior, otro 47,5% en proporción directa a los votos obtenidos en las elecciones nacionales anteriores, y un 5% para los restantes partidos, con un tope máximo para cada uno de ellos igual al partido con menor representación parlamentaria.

Financiamiento de los partidos

Diputados votará el proyecto: no se sabe postura de blancos

La intención es que se le dé trámite rápido en la comisión especial de la Cámara de Diputados, para que el proyecto de financiamiento de los partidos sea aprobado en noviembre, aunque luego debe ir al Senado. El actual proyecto no cuenta aún con el apoyo del Partido Nacional, pero de todos modos se llegaría a la mayoría por una alianza del Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Independiente y Cabildo Abierto.

Campaña electoral
Banderas de partidos políticos.
Foto: Fernando Ponzetto

Uno de los cambios en la fiscalización, si la nueva norma se aplica, es que al control que realiza la Corte Electoral se le suma el del Tribunal de Cuentas, que tendrá responsabilidades administrativas, entre ellas deberá auditar las finanzas de los partidos y esa información será utilizada por la Corte.

El artículo 32 establece que el Poder Ejecutivo proveerá a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas con los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto por esta ley. El principal impulsor de la propuesta, el diputado colorado Conrado Rodríguez, explica que se discutió la falta de recursos de la Corte Electoral, especialmente para contratar contadores. Y que por eso se propone la participación del Tribunal de Cuentas. “Para que maneje los fondos de los partidos políticos y audite las cuentas presentadas por ellos. Creemos que el Tribunal, con su experiencia y conocimiento, puede realizar estas tareas”. El próximo martes el proyecto será tratado en comisión, y podría ser elevado a la cámara para su votación.

La democracia.

Sobre las cuatro de la tarde del jueves pasado en el barrio Nuevo París, entre las fachadas de fábricas abandonadas y el olor de las pocas curtiembres que quedan, se da una “transa” de cocaína. A metros de una parada de ómnibus, un auto para, aparece una moto y se da el intercambio. Baja un hombre del auto, entrega la droga al copiloto de la moto, y este antes saca plata del bolsillo y le paga. Todo a plena luz del día. Este tipo de microtráfico es casi el último eslabón, pero para que esto ocurra antes hubo toda una organización criminal trabajando.

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Cocaína, estimulante adictivo, realizado a base a hoja de coca.
Foto: Public Media.

Gil Iribarne, el expresidente de la Jutep, cree que combatir estas acciones de microtráfico son importantes, pero que se deben de hacer al mismo tiempo que se lucha contra el gran narcotráfico, porque “si gana el narco, perdemos todos; es absolutamente peligroso para el país”.

Gil Iribarne dice que hay que fortalecer las leyes que tenemos, y las autoridades tienen que entender que hay un problema “tocando la puerta”. Afirma que tenemos una ley que nadie controla: “Hay candidatos que aportaron más de cien millones de pesos y no se sabe de dónde sacaron la plata. Hoy por hoy estamos regalados”.

Existe una preocupación compartida: el debilitamiento de la democracia. Rodríguez, el diputado colorado, se pregunta: “¿Qué pasa con las instituciones cuando la ciudadanía comienza a dudar?”. Chediak dice que “está bárbaro que vengan mil millones de dólares y que se inviertan en la construcción, lo importante es que sean de origen lícito, porque si no, básicamente van corrompiendo las bases de la jurisdicción del estado, entonces todo se corrompe”. Para Rodríguez el asunto es profundo: “Tenemos que generar más credibilidad de la gente hacia los partidos políticos. El fin último es fortalecer de esta manera la democracia”.

Exportación de oro.

Cuando Pablo Escobar lavó millones en Uruguay

El primer caso de lavado de activos grandes por el narcotráfico se dio en Uruguay al regreso de la democracia. A fines de la década de 1980 el Cartel de Medellín, con Pablo Escobar a la cabeza, llegó a operar en estas tierras.

Pablo Escobar.

¿Cómo era la maniobra? Raúl Vivas, un joyero argentino, fue detenido por la Policía uruguaya en 1989, luego de operar como testaferro y de encargarse de la operativa de vender oro a Estados Unidos. En esa operativa se llegaron a lavar cerca de 1.200 millones de dólares para Escobar. El joyero lavaba dinero a través de la venta real y luego ficticia de oro. En 1987 Uruguay era el segundo país exportador, detrás de Sudáfrica. A Vivas lo extraditaron y sigue preso en Estados Unidos: fue condenado a 551 años de prisión. Estos hechos son contados por el hijo del narcotraficante, Juan Pablo, en un libro, Pablo Escobar In Fraganti, donde también relata que viajaba seguido de Argentina a Colonia, para renovar sus visas, ya que junto a su madre se exiliaron en 1994 en el vecino país.

El sociólogo Gabriel Tenenbaum investigó sobre el tema y, según detalla en su último libro Los protectores del capital: Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay, la fachada era la exportación de oro a Estados Unidos, teniendo en cuenta que Uruguay maneja escasas cantidades nativas de este metal precioso.

Las alarmas sonaron y la Administración de Control de Drogas (DEA) detectó el caso. El sociólogo dice que “esto es solo un ejemplo de cómo la legalidad, el sistema financiero, el ordenamiento jurídico, a veces sin explícitamente buscar esa finalidad, termina colaborando con estas organizaciones”.

Para Tenenbaum, con la legislación actual -más los controles que sigue habiendo desde Estados Unidos- sería muy difícil que se diera un escenario de estas características. Pero también opina que otras grandes organizaciones criminales, como el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Jalisco Nueva Generación, pueden estar operando con otro tipo de lavado.

“Porque se mueven por el mundo exportando sustancias psicoactivas, importando principios activos para fabricarlas. Y después para poder lavar el dinero”, indica el experto.

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