El Congreso de Intendentes aprobó la reducción del 50% de las multas de tránsito consideradas "menos graves"

El Congreso de Intendentes aprobó la reducción del 50% para las multas de tránsito consideradas menos graves. Aplicará para los conductores que reconozcan las infracciones y paguen al contando antes del vencimiento de la primera cuota de la patente del año siguiente. Para que quede efectivo, aún queda que se publique un decreto del Poder Ejecutivo, por lo que se envió la resolución a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

Por lo tanto, se aplicará el beneficio a las personas, por ejemplo, que abonen las sanciones económicas recibidas en 2026 antes de enero de 2027.

El beneficio es para las multas de tránsito que no se consideran de mayor gravedad. Esto significa que no se aplicará para las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas (o negarse a la prueba), participar de picadas, conducir al doble o más de la velocidad permitida, no tener el permiso de conducir, no tener puesto el cinturón de seguridad o cuando un menor de 12 años esté en el asiento delantero o sin el sistema de retención infantil.

El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, indicó que la sanción es una de las formas, “quizás la de más fuerza, para corregir conductas”. Sin embargo, continuó el jerarca municipal de Paysandú, no solo se trata de aplicarla, sino de que “la gente pueda cumplir con esta”.

“Preferiría ser un intendente que no tuviera que poner una sola multa porque significa que la gente maneja bien, lo que implicaría que no haya accidentes y no se morirían las personas”, añadió.

Esta decisión se da en el contexto de que se aplicaron más de un millón de multas de tránsito en 2025, lo que significó una recaudación equivalente a unos US$ 66 millones. No obstante, hubo un nivel de morosidad superior al 67%.

Por otra parte, a nivel parlamentario, diputados de la oposición y del oficialismo revisan los montos de las multas de tránsito en una comisión especial que se creó este martes para estudiar un proyecto de ley de los legisladores Conrado Rodríguez, Sebastián Andújar y Álvaro Perrone. La idea que reina es buscar un “punto de equilibrio” para que las personas puedan abonar y que, al mismo tiempo, se genere una disuasión de la infracción.