Yanina Morales pensó que sería millonaria. Ciento veinte mil pesos le iban a cambiar la vida. Nunca vio la plata. Su vida cambió igual.
Durante tres años pudo llevar a sus hijos a la escuela, pero no a la plaza. Ir al médico por una urgencia, no al almacén. Cocinar empanadas para vender desde su casa, en lugar de salir a buscar trabajo. Tenía la puerta abierta y el mundo prohibido.
En 2021, su pareja estaba presa en la cárcel de Canelones. En una de las visitas, en el módulo se habló de conseguir a alguien de afuera para meter algo adentro. Le dijeron que eran celulares. Ella preguntó y le insistieron: celulares. Sabía que era ilegal. Eso no lo niega, pero no sabía que era droga; sí, era un riesgo. No la vida partida en dos.
Cuando le preguntaron si había encontrado a alguien para hacerlo, les mintió. No dijo que lo haría ella. La promesa era simple y enorme: 120.000 pesos. Le adelantarían una parte y el resto vendría después. Nunca vio un peso.
Aquel día la fueron a buscar en auto a la entrada del barrio. Era plena pandemia. Iban dos con tapabocas, lentes de sol, gorra. No abrieron la boca. Ella volvió a preguntar si eran celulares. No le contestaron.
Ahí empezó el miedo de verdad. Le temblaban las piernas, le temblaba el cuerpo: “Ya estaba en la cuerda y lo único que quedaba hacer era bailar”.
Próximo al mediodía, la dejaron en la rotonda cercana a la cárcel de Canelones. Vio una camioneta en la esquina, pero no le dio importancia. Caminó hasta el lugar que le habían indicado: el lado de afuera de la cocina de la cárcel, junto al tejido. Alguien iba a enganchar el paquete desde adentro.
Yanina lo dejó y caminó hacia la parada del ómnibus. Entonces, la camioneta que estaba parada se movió y se le puso delante. Del vehículo bajaron funcionarios de la cárcel, le preguntaron si sabía que la habían “mandado en cana” y si sabía qué había dentro del paquete. Repitió lo que le habían dicho: celulares. Pero eran 1,7 kilos de cocaína y marihuana.
En los primeros momentos pensó que, si colaboraba, tal vez podía zafar con tareas comunitarias. Se lo habían insinuado, pero la historia tomó otro camino. La condenaron a cinco años y seis meses por “tentativa agravada de entrega de estupefacientes (marihuana y cocaína) en un centro penitenciario”. Cumplió un año y medio en la cárcel. El resto, casi tres años, con prisión domiciliaria y tobillera electrónica.
Yanina entró a la Unidad 9, El Molino, un viernes de noche. Tenía a Camila, su hija más chica, todavía bebé y prendida al pecho. Sus otros tres hijos quedaron con su madre. Había pasado por la comisaría, por la Fiscalía, por el juzgado, por la frase que le partió la vida en dos: cinco años, seis meses. “Señora para acá y señora para allá”, le decían los funcionarios en los primeros momentos tras el arresto. “Después de que se llevaron a Camila, fue otra cosa. Ya no te trataban como una persona, sino como si fueras la peor basura del mundo”. Pidió un cigarro para calmar los nervios: “Me dieron dos palazos, uno en las costillas y el otro en el brazo. Me amenazaban con que, si hablaba, me iba a ir peor, y que tenían gente en la cárcel que podía lastimarme aún más. Por eso no lo hablé, por miedo. Obviamente me arrepentí de no haber denunciado, pero con el arrepentimiento no se hace nada”, cuenta.
Recuerda los primeros días como una mezcla de ruido, culpa y desorientación. Dormir en una cama que no era suya. Compartir baño con desconocidas. Aprender los códigos de un lugar donde la convivencia podía ser compañía o amenaza, según el día, según la persona, según el humor del encierro.
Lo primero que hizo cuando pudo fue pedir trabajo y estudiar porque no había terminado primero de liceo. Una matemática elemental que le permitió reducir la pena. Cada día ocupado era un día menos adentro.
Empezó con tareas de mantenimiento: jardín, patio, espacios comunes. Pasó a la cocina, aunque avisó que no sabía cocinar más que lo básico: arroz, papa, huevo. Le dijeron que no se preocupara. Le enseñaron, aprendió, hizo cursos, sacó el carné de manipulación de alimentos. Entró sin oficio y salió cocinera.
Aprendió también a valorar la libertad y a mirar a su familia de otra manera. Que la cárcel no es un lugar para una persona.
Aprendió también a mirar cosas que antes no miraba. En la cárcel había palomas, muchos pájaros. Antes no les prestaba atención. Adentro, una paloma se le paraba en la reja de la ventana y se quedaba mirándola. Aprendió cómo eran, cómo cantaban. El sol en el patio de la cárcel no era el mismo que el de su patio de casa, pero era sol. Las plantas no eran suyas, eran compartidas. Hace un tiempo, ya en su casa, pudo comprarse un jazmín. Hoy da flores todos los días. Lo dice como quien anuncia una victoria menor y enorme a la vez. El encierro le enseñó que hay cosas que no cuestan nada y que, sin embargo, se pueden perder.
Hubo un momento en que quiso quitarse la vida. Lo relata con crudeza, despojada de dramatismo. Ocurrió un día en el baño, con una cuerda al cuello, mientras a su hija la traían del CAIF al que solían llevarla. Al verla, Yanina paró: “¿Qué estoy haciendo? ¿Voy a dejar a mi hija?”, pensó. Sin sospecharlo, Camila la salvó.
Otro tipo de cárcel
Después de un año y medio, llegó la posibilidad de salir, de irse a usar una tobillera electrónica en la casa de su madre. Salir de una cárcel y entrar en otra. Era una libertad con una condición atada al tobillo. Una libertad que no la dejaba improvisar y le recordaba que la casa no era solo una casa: era un perímetro.
La libertad de Yanina, durante tres años, midió 40 metros cuadrados de techo y 20 de un patio de polvo, rodeado de tejido, con un perro —Talibán— que no conocía el silencio. La familia compartía el espacio de los padres en la casa principal, que constaba de una sala, un dormitorio y un baño para los siete. Había una pieza al fondo con dos habitaciones donde dormían Yanina y sus cuatro hijos.
A diario, Yanina se ajustaba la tobillera como quien se ajusta una media. Se bañaba con ella porque no podía sacársela. De lo contrario, volvería a la cárcel. La escena tenía algo doméstico y algo brutal: una mujer sentada en su cama, acomodándose en el cuerpo, la frontera de su propia casa.
El dispositivo le hablaba en señales y le indicaba hasta dónde podía caminar. Cuando tenía autorización para salir, cargaba en un morral la otra mitad del aparato. Si se agotaba la batería, si había un corte de luz o si no atendía una llamada, podía aparecer un móvil policial. Yanina aprendió a vivir pendiente de los porcentajes de carga y a taparse con ropa larga para que a sus hijos no les recordaran lo que ya sabían.
Cada salida requería gestión administrativa. Un minuto antes de cruzar la puerta, debía llamar al centro de monitoreo, decir su nombre y esperar a que registraran su destino. Lo hacía, al menos, dos veces al día para llevar a sus hijos a la escuela y buscarlos.
La prisión domiciliaria se presenta como una alternativa, pero también es otra forma de estar preso. Es un híbrido extraño: Yanina estaba fuera de la cárcel, pero no del sistema. Vivía sin barrotes, pero bajo vigilancia constante; con su familia, pero a medias; en su barrio, pero sin calle ni horizonte.
Como no podía trabajar afuera, empezó a cocinar adentro. Probó con pastafrolas, alfajores de maicena, salchichón de chocolate, empanadas, pascualinas. La idea surgió de sus hijos. Un día les cocinó, les gustó y le dijeron que vendiera. En realidad, eran ellos quienes salían a vender por el barrio.
El Estado no le autorizó a trabajar y ella encontró una rendija: cocinar sin salir. En esa rendija cabían la comida, el calzado, la ropa de los hijos, la autoestima, el intento de no volver a caer. Cabía la contradicción de que la cárcel le había enseñado el oficio que ahora le permitía sobrevivir a la prisión domiciliaria.
Arrepentimiento
Yanina nació hace más de 33 años en Bella Unión, pero vive en Montevideo desde chica y hace más de dos décadas que reside en el mismo asentamiento. Antes de caer presa, había trabajado en un residencial, en la cosecha de uva, en changas, en lo que apareciera. En el residencial, le pagaban tarde, poco y mal. Una vez le pagaron los 10.000 pesos del sueldo de un mes en monedas de dos pesos. Iba y venía en bicicleta. Si tenía que hacer doble turno, lo hacía. Después salió a volquetear, a juntar cosas, a hacer feria con lo que encontraba. No cuenta esa vida como excusa, sino como contexto.
No niega el delito. Lo repite: sabía que era ilegal. Se arrepiente. Pero siente que la pena fue excesiva y que la justicia no pesa igual, que es proporcionada para un lado y desproporcionada para otro.
Dice que perdió cinco años; también que aprendió. Cinco años perdidos y cinco años de aprendizaje. Aprendió que la plata fácil no sirve. Un mensaje que no tiene ruido de sermón, pero sí contorno de cicatriz.
Dos semanas antes de la fecha estipulada para cumplir su condena, temió volver a la cárcel. Hubo una audiencia por un supuesto incumplimiento ocurrido casi un año antes. El fiscal, cuenta, pedía que la mandaran de vuelta a la cárcel. Su anterior abogada de oficio se había jubilado y la nueva ni siquiera conocía el expediente. El juez preguntó cuándo terminaba su condena y consideró que no tenía sentido agregarle dos semanas más en una celda.
Aunque le volvió el alma al cuerpo, el miedo quedó instalado. Incluso en los días finales, cuando ya estaba por cumplir toda la pena, temía que alguien le dijera que había un error, que todavía faltaba algo, que tenía que volver. Ese es otro efecto del encierro: aunque la libertad se acerque, una parte de la cabeza sigue esperando una mala noticia.
La libertad
Ahora barre las calles del Parque Rodó. La ONG Ombijam le consiguió un trabajo en la cooperativa Desde Adentro. Tiene también otro proyecto anotado en esa lista larga que está en su cabeza: abrir un comedor para niños de la calle o para familias que no tengan un plato de comida todos los días. No lo dice como una promesa grandilocuente, y sabe que no será mañana y le va a costar. Confía en cumplirlo.
Mientras tanto, el Parlamento discute si casos como el de Yanina deberían haber terminado en prisión, porque ella no cayó sola: cayó en una época. Entre 2020 y 2024, la población carcelaria femenina en Uruguay pasó de unas 600 a unas 1.400 privadas de libertad. Ocho de cada diez cumplen condenas por delitos vinculados a drogas, muchos de ellos asociados al ingreso o intento de ingreso de sustancias a las cárceles. La Ley de Urgente Consideración endureció las penas para estos delitos: antes iban de 20 meses a ocho años, y los jueces podían aplicar alternativas; después pasaron a prisión efectiva, de cuatro a 15 años.
“Es fuerte”, diría meses después, ya libre, sobre el probable cambio normativo. “Estaría bueno que las personas, las mujeres, no llegaran a eso. Formas de hacer dinero hay miles”. Pero antes de esa reflexión, a Yanina le quedaba una espera más.
Pasó dos días sin dormir porque, en algún momento, alguien tenía que ir a tocarle la puerta para devolverle la pierna y algo más. Su hija le sirvió comida y no quiso comer. La ansiedad no le daba hambre ni sueño ni calma. Llamó y le dijeron que irían “en el correr del día”. Podían venir por la mañana, por la tarde, por la noche. La libertad dependía de la disponibilidad horaria de los demás.
Terminó ocurriendo de madrugada, después de una espera de casi 24 horas y de varios años. Después de sufrir un ataque de pánico cuando le dijeron que tenía que esperar hasta el día siguiente. Después de que su vida cambiara para siempre por la ilusión de no sentirse pobre por un rato.
Yanina sabía lo que quería hacer después. Ir a la plaza con los chiquilines, ir al Jardín Botánico, pasar por el almacén, entrar al almacén, ver gente que hacía años que no veía, llevar a sus hijos a la playa, ir a verlos jugar al fútbol, jugar ella al fútbol. Eso vendría después, porque lo primero que quería hacer, después de que le cortaran el aparato de la pierna, era dar una vuelta a la manzana corriendo. Y volver para abrazar a su familia, que le decía al oído: “Libre, libre, libre”.
Un proyecto para devolver margen a los jueces
La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes estudia un proyecto de ley para modificar el régimen penal introducido por la Ley de Urgente Consideración.
El proyecto propone reducir de cuatro a dos años la pena mínima para la tentativa de tráfico de estupefacientes y establecer por ley que, cuando la droga es interceptada antes de entrar a la cárcel, el hecho se considere un delito tentado.
“Es un delito que básicamente se le imputa a la mujer”, dice a El País el diputado frenteamplista Alejandro Zavala, integrante de la comisión. “Son las mujeres las que, en general, tienen al marido preso, al novio o a un pariente, y muchas veces van chantajeadas”.
La precisión jurídica tendría efectos concretos. Si el hecho queda definido como tentativa, la pena podría reducirse hasta un mínimo de ocho meses y los jueces recuperarían margen para aplicar medidas alternativas.
“Si tenés una mujer primaria, con tres hijos en la casa, cabeza de familia, y las consecuencias de meterla presa van más allá de ella, el juez puede decir: bueno, le doy ocho meses y, además, medidas alternativas”, explica Zavala.
El cambio apunta especialmente a personas sin antecedentes, jefas de hogar o en situación de vulnerabilidad, para que la prisión efectiva no sea la única respuesta posible.
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