Congreso de Ediles se opone a regular ingresos a intendencias: “Coarta posibilidad de ayudar a las personas”

Redacción El País
En representación del Congreso Nacional de Ediles, un grupo de curules compareció la semana pasada a la comisión de Constitución y Legislación del Senado, que tiene a estudio el proyecto de ley para regular los ingresos a las intendencias departamentales, iniciativa que fue aprobada en Diputados a principios de mayo.

La delegación, compuesta por ocho dirigentes locales, presentó una visión crítica con respecto a que la designación de funcionarios o de ascenso de personal se limite a hacerlo por concurso público y abierto, o mediante sorteo.

Alejandro Silvera, coordinador de la bancada del Partido Nacional, planteó que la normativa que busca aprobar el Parlamento “condiciona el ejercicio de las potestades de los gobiernos departamentales”, por lo que “se aparta de la Constitución".

Silvera, expresidente de la Junta Departamental de Artigas, cuestionó el proyecto desde el punto de vista normativo, pero al final de su alocución interpeló a los senadores presentes: “Hasta el propio gobierno nacional ha realizado y realiza designaciones directas. Un ejemplo de ello es el caso de quienes tienen hoy la oportunidad de trabajo a través del programa Accesos. Sus designaciones llegan a nuestros departamentos desde Montevideo, en los anteriores gobiernos y en el actual. No hay posibilidad, ni siquiera de las oficinas locales, de calificar la oportunidad de muchas situaciones”.

Y añadió: “Señores senadores, existiendo mecanismos de control por la población, inclusive como último recurso el voto, ¿no les parece raro que no se condene en cada departamento a quienes, según ustedes, cometen lo que intentan legislar?”.

Miguel Giménez, edil de Artigas y presidente de la Comisión de Legislación del Congreso, reclamó la revisión de la normativa que se pretende aprobar desde un punto de vista más político.

“Los ediles departamentales somos la primera puerta donde el ciudadano va a golpear para plantear sus inquietudes. Con este proyecto de ley que hoy está en cuestión se está avasallando el derecho y la autonomía de los gobiernos departamentales. Es por eso que sin ser técnicos, pero con varios años de militancia y 25 años como edil, le venimos a pedir al Senado que piense muy bien su decisión, porque las realidades son totalmente diferentes en la capital y en los departamentos más alejados”, opinó.

El curul del norte del país contrastó la realidad de Artigas, donde existe un alto índice de pobreza y de desempleo, con las de otras regiones del país. En esta línea, sostuvo que a nivel departamental necesitan “tener autonomía para atender las situaciones especiales que se dan en su departamento”.

“Solicito que consideren y piensen muy bien nuestro planteo. Varios vecinos nos han preguntado qué va a pasar ahora cuando vayan a golpear la puerta de la intendencia para que les solucionen un problema. Nosotros, los ediles, nos preguntamos qué va a pasar cuando pidamos ser recibidos por el intendente para plantear la situación de un vecino en Sequeira o en Yacaré (localidades de Artigas). Va a ser una situación bien complicada. Probablemente con esta ley no vamos a poder solucionar la situación de ese vecino. Pero después a los cinco años vamos a salir, como lo hacemos siempre, a golpear puertas. ¿Qué nos van a decir? Seguramente en pueblos tan dejados de lado como Yacaré nos digan que no pudimos hacer nada porque dependíamos de una ley nacional”, desarrolló.

Posteriormente, el curul nacionalista añadió: “Me parece que ustedes están coartando una posibilidad enorme que tenemos de ayudar a las personas”.

En tanto, el diputado colorado Walter Cervini, quien estaba supliendo a Pedro Bordaberry en el Senado y fue el responsable de presentar nuevamente el proyecto de ingresos a las intendencias, defendió ante los cuestionamientos la iniciativa desde el punto de vista jurídico y consideró que la autonomía de los gobiernos departamentales “no pasa por el hecho de que los intendentes tengan el criterio para designar ingresos por contrataciones directas para generar una política de trabajo”.

“Es inviable y me parece que nadie en el país debería estar de acuerdo con ello”, consideró.

Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

A su turno, el coordinador de bancada de ediles del Frente Amplio, Juan Ripoll, también puso sobre la mesa algunas interrogantes sobre la propuesta parlamentaria.

“Para nuestra fuerza política es prioritario que se apruebe un proyecto de ley con determinada redacción. Esto es fundamental porque es parte de nuestros principios. Pero eso no quiere decir que sea cualquier norma”, expresó.

En esta dirección, el edil canario puso en tela de juicio la aplicabilidad real de la norma, al no establecer sanciones por su falta de cumplimiento.

“Aplicable, pero no tanto. Quiero una norma que obligue a las intendencias y que potencie el rol de las juntas departamentales en el contralor”, resumió.

Institucionalmente, el Congreso Nacional de Ediles fue creado por la ley 19.992 en octubre de 2021 y uno de sus cometidos es representar y jerarquizar el rol de los 589 legisladores departamentales que tiene el país. No obstante, los ocho dirigentes que comparecieron al Senado aclararon que si bien consultaron con las juntas departamentales su posición sobre este tema, todavía resta la respuesta de algunas de ellas.

El proyecto establece que “la designación y los ascensos del personal presupuestado o contratado de los gobiernos departamentales deberán realizarse por concurso público y abierto conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona”.

Además, añade la posibilidad de utilizar los mecanismos de sorteos para cargos que así lo ameriten, siempre y cuando el jerarca fundamente expresamente la razón para implementar ese mecanismo.