Coalición vuelve a la carga con críticas al nuevo sistema de transferencias: Bordaberry dijo que hay "trampa"

El nuevo sistema de transferencias sociales, con el que el gobierno de Yamandú Orsi busca concentrar todas las partidas sociales y a la vez dar un incremento para favorecer a los hogares más vulnerables con niños de 0 a 3 años, presenta varios cuestionamientos en filas de la coalición republicana. Uno de ellos tiene que ver con el mecanismo de pago, ya que, si se aprueba la Rendición de Cuentas, la población objetivo podrá cobrar todos los beneficios en efectivo, dejando de lado el uso de la Tarjeta Uruguay Social, que trae consigo algunas limitaciones a la hora de efectuar gastos —no permite, por ejemplo, la compra de alcohol y tabaco.

Pero en esto hay una "trampa del gobierno", dijo a El País el senador colorado Pedro Bordaberry, uno de los legisladores más activos en este tema y que, por señalar que "la última vez que entregaron efectivo aumentó la venta de celulares", recibió cuestionamientos del oficialismo y hasta del diputado cabildante Álvaro Perrone.

"Cuando compran con la Tarjeta Uruguay Social no se paga el IVA, pero ahora, como quiere hacer el gobierno, los beneficiarios van a pagar IVA, con lo que se les dará un aumento por un lado, pero se les sacará por el otro", lamentó el líder de Vamos Uruguay, que hizo un cálculo de cómo esta situación afecta el incremento de las partidas.

Para el decil 1 de los hogares objetivo, por ejemplo, que, de acuerdo a lo anunciado por el Ministerio de Economía, hoy reciben $ 5.731 y pasarán a recibir $ 10.000, al pagar IVA en las compras en realidad tendrían un aumento real de $ 4.629. Es decir, un 39% del incremento queda "licuado" por el impuesto. Situaciones similares ocurren con los deciles 2, 3 y 4, pero en el quinto, según el cálculo de Bordaberry, ocurre en realidad una pérdida de $ 91 —es decir, en lugar de pasar de $ 2.796 a $ 3.000, el monto se reduciría mínimamente.

"El aumento que el gobierno anuncia como logro social se licúa, decil por decil, por el propio impuesto que hoy no se cobra", cuestionó el senador, que también afirmó: "Nadie discute que las familias deban poder decidir con libertad en qué gastar lo que reciben del Estado, ni que corresponde revisar instrumentos que cargan un estigma innecesario". Sin embargo, añadió, "libertad de uso y devolución del IVA no tienen por qué ser incompatibles: si el gobierno quiere dar ese paso, tiene la obligación de decir con precisión cómo preservará el beneficio fiscal para el nuevo instrumento, o de reconocer que el aumento que anuncia es, en los hechos, bastante menor al proclamado y en el quinto decil, negativo".

Este problema había sido señalado días atrás por el exministro de Desarrollo Social Martín Lema. En un tuit el 14 de julio, el senador nacionalista había dicho que esta medida del gobierno estaba en contradicción con el impulso, años atrás, de la Ley de Inclusión Financiera. "Por si eso fuera poco —escribió—, los usuarios que cobren todo en efectivo, perderían el beneficio del descuento del IVA que hoy brinda la Tarjeta Uruguay Social. ¿La razón de este planteo? No se entiende".

El miércoles pasado, en el primer programa de En Clave País, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, había defendido estos cambios porque, entre otras cosas, permitirían a las familias resolver algunas situaciones apremiantes.

"¿Por qué es importante que esta partida tenga las características que estamos planteando nosotros? Porque capaz que esa jefa de hogar, que cobra esa partida, la dedica a pagar la pensión que hoy con la Tarjeta Uruguay Social no puede. O capaz que se paga el boleto para ir a hacer la changa", señaló el jerarca.

"Con esto queremos una ayuda a la familia. Estamos hablando de 50.000 familias aproximadamente, que puedan tener una ayuda para salir". "La mayoría de esas familias pobres trabajan. Muchas veces en el mercado informal, en la feria, viven de changas. Agarran un laburito pero ganan menos de $ 25.000 por mes, y esto los va a ayudar a que lleguen a fin de mes", defendió Sánchez.