Cardama: García apuntó contra el gobierno por decisión “criminal” y defendió contrato sin “observaciones”

Javier García, senador del Partido Nacional y exministro de Defensa, compareció este lunes ante la comisión especial que investiga el proceso de compra de las dos patrullas oceánicas (OPV, por su sigla en inglés) al astillero español Cardama. En la sesión, que duró casi cuatro horas, el legislador abordó varios aspectos del contrato —por unos 82 millones de euros—, en el que él fue protagonista como jerarca del gobierno de Luis Lacalle Pou antes de renunciar en marzo de 2024 y ser sucedido por Armando Castaingdebat, y aseveró que “fue criminal la decisión de dejar al país, por un tema político, sin OPV”.

Según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País, García defendió su decisión de dejar sin efecto el primer llamado porque se superaba ampliamente la “cota” de “capacidad de gasto”, de unos US$ 100 millones a unos US$ 160 millones. Este primer llamado comenzó con un proceso competitivo con varias postulaciones.

“Después de un primer proceso dejado sin efecto, la forma más adecuada que encontramos fue la de los sistemas que utilizó el Ministerio de Defensa Nacional históricamente, que utilizó el gobierno del Frente Amplio, que usaron nuestros gobiernos y que va a utilizar —¡ojalá!— el gobierno actual”, dijo en referencia a una compra directa.

En ese sentido, aseguró que la elección de Cardama vino por “seguir la recomendación de la Armada”: “El proceso empezó, como dije, con una decisión fundamentada en informes técnicos”.

El senador también recordó que el Tribunal de Cuentas no formuló “observaciones” con respecto a la adjudicación del astillero. “Si el Tribunal de Cuentas hubiera dicho que observaba el procedimiento, yo no llevaba adelante la compra de las OPV a Cardama. Lo llevé adelante porque el Tribunal de Cuentas me dijo: ‘Lo que usted está haciendo, lo que el Estado está haciendo, es legal y cumple con los requisitos’”, aseguró.

La bancada oficialista criticó que se haya elegido a la empresa previo al informe del tribunal, por entender que no se esperó su fallo. García por su lado acotó que el contrato se firmó cuatro meses después y enfatizó que el Tribunal de Cuentas opina “sobre una propuesta, no sobre el sexo de los ángeles”, al tiempo que calificó el cuestionamiento de “insólito”.

Incluso, el legislador nacionalista señaló que Kership (Francia), uno de los astilleros que se presentó originalmente, envió una carta “muy gentil” al Ministerio de Defensa luego de adjudicada la compra a Cardama, en la que expresó que “esperaba que todo siguiera andando, y se mostraba dispuesto y atento para otras oportunidades”.

“Se trataba de una empresa que había quedado relegada porque nos habíamos decidido por otra. Quiere decir que no hubo impugnación administrativa por parte de ninguno de los astilleros. Por eso después no hubo que hacer ningún recurso administrativo, porque no había qué contestar”, continuó.

Otra cuestión, a la que García también aludió en rueda de prensa, fue el uso de un informe de la consultora Dun & Bradstreet (D&B) por el gobierno actual y el oficialismo e incluido en la investigación administrativa de Presidencia. Este documento, de fines de 2023, advertía por “el riesgo financiero del astillero Cardama”.

“En enero del 2022, es decir un poco más de un año antes de ese informe, esta empresa (D&B) fue denunciada por la FTC (Federal Trade Commission, de Estados Unidos) por prácticas engañosas e injustas”, por haber “engañado a las empresas sobre el valor de sus productos y no haber corregido errores en los informes de crédito comercial”.

Incluso, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos “sancionó en una suma de casi US$ 6.000.000 para resarcir a las empresas a las cuales había embromado”.

“Esto fue utilizado e introducido en la investigación administrativa. No aparece quién lo introdujo. Esto terminó en Presidencia, quiere decir que el gobierno utilizó un informe de una empresa acusada y sancionada posteriormente por informes fraudulentos —creo que los denominan así—, engañosos”, criticó, mientras que afirmó que esa investigación está “plagada de irregularidades”.