Camioneta de Orsi vuelve a la agenda: el gobierno respondió con un informe que no conformó en la oposición

El gobierno de Yamandú Orsi considera superado el episodio que tuvo bajo presión mediática al mandatario durante una semana entre fines de mayo y comienzos de junio, cuando tuvo que explicar en más de una oportunidad cómo fue que adquirió la camioneta Hyundai modelo Santa Fe con un descuento de US$ 25 mil, misma marca del vehículo que el que utilizó durante su asunción el 1° de marzo y que lo trasladó desde el Palacio Legislativo hasta Plaza Independencia.

Sin embargo, el tema volverá a la agenda a partir de la respuesta que, en las últimas horas, la Torre Ejecutiva brindó a la oposición —concretamente, al diputado por el Partido Colorado Felipe Schipani—, además de que el asunto no terminó de disiparse de la discusión pública, puesto que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) está esperando el resultado de la investigación que lleva adelante, sobre todo este episodio, su Asesoría Letrada.

El gobierno, que considera el caso cerrado en gran medida luego de que Orsi anunciara su decisión —todavía instrumentándose— de donar la camioneta a la educación pública, había sido enfático a la hora de expresar la importancia de aclarar esta polémica respondiendo la información que fuera solicitada por la oposición.

“En estos temas de transparencia hay que ser claros, categóricos y contundentes y en última instancia, cuando llegue el pedido de informes, lo contestaremos”, había declarado el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, 48 horas después de que el diputado Schipani presentara la primera solicitud de información sobre los fundamentos de la decisión de utilizar un vehículo de la marca Hyundai —y no otra— en la ceremonia de cambio de mando, y sobre qué análisis en el plano ético se había hecho acerca de que, justo a unos pocos días del 1° de marzo, Orsi se hubiera comprado para su uso personal y oficial otro automóvil también Hyundai.

El informe que la Torre Ejecutiva envió a Schipani, fechado el 26 de julio —y al que accedió El País—, fue finalmente firmado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y se dividió en dos, pues el diputado colorado había hecho un segundo pedido de informes luego de que Orsi publicara en sus redes sociales un video institucional dando una de las varias explicaciones transmitidas públicamente esa semana, pero en la que omitió que, como parte del pago de la camioneta Santa Fe, había entregado un vehículo Renault que estaba en su poder porque lo había recibido como donación en la campaña electoral —luego entregado al Frente Amplio para un sorteo, que nadie ganó.

Las respuestas a todas las preguntas —de pocas palabras, dos o tres líneas en algún caso— expresaron la limitación de que la información proporcionada solo sería la que "podía dar" al respecto Presidencia, "el organismo al que se le pidieron los informes", dijeron a El País fuentes del gobierno.

En la primera solicitud, Schipani comenzó preguntando por "quién tomó la decisión de utilizar un vehículo de la marca Hyundai para el traslado presidencial" el primer día de marzo. La respuesta a esto fue que, como ya se había dicho, "la decisión correspondió al equipo de protocolo de la transición".

No participó ningún "organismo, dependencia o jerarca" en la elección del auto, se indicó a continuación y "no" existió "contacto directo o indirecto entre Presidencia de la República y representantes de Hyundai o de algún concesionario vinculado a dicha marca", como preguntó el colorado

Tampoco hubo un "costo o contraprestación por parte de Presidencia de la República". Y no existió "un procedimiento habitual ni específico para la elección del vehículo destinado a la ceremonia de asunción presidencial".

No hubo, asimismo, "participación" de Orsi en la "selección de la marca".

"Nos remitimos a respuestas anteriores, sin perjuicio de aclarar —afirmó la respuesta de Sánchez ante la consulta de si Presidencia "evaluó" otras posibilidades de transporte para el 1° de marzo— que se consideraron tres opciones más, las que fueron descartadas por diversas razones (fuente de energía, seguridad y tamaño de apertura)".

Este primer informe concluye negando que hubiera algún "acuerdo institucional, comercial, publicitario o protocolar con Hyundai", tal como fue preguntado, y se remitió a "las respuestas anteriores" como contestación a la solicitud de acceso a la "copia de toda documentación, expediente, comunicación oficial o intercambio vinculado a la selección u utilización del referido vehículo".

En las preguntas ampliatorias que Schipani elevó días después —el 9 de junio—, Presidencia respondió ya de arranque, ante la consulta sobre el "motivo" por el cual Orsi "omitió toda referencia al vehículo Renault que fue entregado como parte de pago" de la camioneta Hyundai en su video personal, que no se estaba solicitando "información en poder del Estado".

Schipani volvió a solicitar el acceso a "documentación", en este caso que acreditara "la adquisición" del Renault durante la campaña; detalles sobre "el padrón o titularidad registral" de la Santa Fe; y que se confirmara o rechazara la existencia —según informó en su momento el programa Así Nos Va, de Radio Carve— de "una reunión mantenida en Cabo Polonio entre el señor Oliva (concesionario) y el señor Presidente de la República, en la cual se habría acordado la utilización de un vehículo Hyundai para los actos del 1º de marzo y el posterior descuento otorgado para la adquisición de una camioneta Hyundai Santa Fe"

Para todas estas preguntas, las respuestas del secretario de Presidencia fueron que se remitía a las "anteriores". Es decir, a que no se estaba preguntando por "información en poder del Estado".

Sí se especificó que la decisión de donar la camioneta Santa Fe a la Administración Nacional de Educación Pública se debió a la posibilidad de "beneficiar a los estudiantes" y que "la adquisición fue realizada mediante el procedimiento de Compra por excepción, amparada en la causal de secreto por razones de seguridad presidencial".

Consultado al respecto, Schipani dijo a El País que consideraba "absolutamente insuficiente" la información aportada, y que dejaba "más dudas que certeza".

"En primer lugar, llama la atención lo escueta que es la información brindada. En segundo lugar —siguió—, hay episodios de enorme relevancia, como la presunta reunión en Cabo Polonio, que ni siquiera fueron desmentidos. Presidencia se limita a decir que esa información no obra en su poder, pero el presidente de la República sabe perfectamente si esa reunión existió o no".

Cuestionó además que no se adjuntara "ninguna de la documentación" requerida, por lo que la "sensación" que le quedó es que "sigue existiendo una preocupante opacidad en torno a este asunto". "Por eso vamos a realizar consultas políticas dentro del Partido Colorado y de la coalición republicana para evaluar cuáles serán las próximas acciones parlamentarias. De ninguna manera —concluyó— damos este tema por cerrado ni quedamos satisfechos con las explicaciones brindadas