Bordaberry criticó “fracaso total” de gobiernos del FA en seguridad; Negro destacó mejora “sustancial” de indicadores

El ministro del Interior, Carlos Negro es interpelado desde la mañana de este jueves por el senador colorado Pedro Bordaberry, quien ha sido un fuerte crítico de su gestión en seguridad pública, así como por del plan presentado a fines de marzo por el gobierno para combatir la delincuencia.

En su intervención inicial, el líder de Vamos Uruguay se refirió a los gobiernos previos del Frente Amplio (FA) y pidió no cometer los “mismos errores”. Incluso aseveró que la década de 2010 fue la “peor” en materia de seguridad en la historia del país.

“Regionalmente estamos muy mal, somos los peores de la clase”, sostuvo, principalmente en comparación con los países del Mercosur.. El legislador afirmó que, después de 15 años, “dejaron un país destrozado” en seguridad.

Tras esto, dijo que Negro “repite algunos errores de sus antecesores”, con una “estrategia de visión tradicional izquierdista de la seguridad”, la cual “justifica” el delinquir. “La teoría fue llevada a la práctica por el FA y fue un total fracaso”, insistió.

“El primer error fue la política carcelaria”, dijo, y criticó la decisión de “liberar 1.000 presos”, al tiempo que manifestó que el sistema penitenciario “no es digno”.

“El segundo error fue la equivocada percepción de la seguridad, sobre que el crecimiento de penas generaría más inseguridad”, continuó.

Según Bordaberry, “el tercer error fue el concepto de ‘sensación de inseguridad’”, por el que se describió las circunstancias de inseguridad de períodos anteriores como una “sensación térmica”, que implicó “operaciones mediáticas”.

Los últimos dos errores fueron “no percibir el problema del narcotráfico” y “culpar a la pobreza de la inseguridad”, afirmó.

“El presupuesto del ministerio se cuadruplicó” en los gobiernos del FA, criticó el colorado. Y agregó: “Creyeron que alcanzaba con más recursos, que la plata arreglaba todo”.

Asimismo, aseguró que el gobierno de Yamandú Orsi “envía un mensaje de derrota” y que el Plan Nacional de Seguridad Pública tiene “pocas medidas concretas y pocas nuevas”.

También volvió a reclamar que Uruguay integre el Escudo de las Américas: “El narco es un fenómeno transnacional, si no hay coordinación estamos perdidos”.

A su turno, Negro dijo que “la seguridad pública debe ser asumida como una causa nacional”, lo cual “no supone dejar de lado las diferencias”, sino “discutirlo con responsabilidad”.

Además, expresó que “Uruguay ha experimentado un crecimiento sostenido de los indicadores de criminalidad desde al menos el inicio de la transición democrática”.

Incluso, el ministro dirigió críticas al “último gobierno colorado”, el de Jorge Batlle (2000-2005), en el que “los hurtos se despegaron, las rapiñas también crecieron y los homicidios se mantuvieron en niveles elevados”.

Tras esto, presentó una serie de datos y estadísticas de baja de las cifras de delitos: “No solo se contuvo el delito, sino que se mejoraron sustancialmente los guarismos en prácticamente todos los indicadores”.

Con respecto al plan presentado a fines del mes pasado, afirmó que este “no esperó pasivamente para comenzar a existir en la práctica”, pues el documento es el “marco teórico” para las “medidas concretas”.

También resaltó que “lo que funciona debe permanecer, aunque se haya iniciado en administraciones anteriores”. Y remarcó: “Este gobierno reconoce la calidad de lo que se ha hecho”.

Luego, mencionó una serie de iniciativas que se aplicarán, algunas por vía legislativa (tanto del oficialismo como de la oposición): se presentará un proyecto del oficialismo para sancionar porte y tráfico de armas “más severamente”; se potenciará “blindaje de fronteras” con apoyo de las Fuerzas Armadas; se realizarán campañas de prevención de fraude; y a través de la reforma del CPP (Código del Proceso Penal), se restaurará la suspensión condicional del proceso a prueba.

Negro informó que el proyecto de ley para descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se presentará por parte del Poder Ejecutivo a fines de abril, como “primer paso” para encarar la “crisis histórica” que sufre el sistema penitenciario.

Foto: Leonardo Mainé.

Tras las primeras intervenciones, Bordaberry insistió con las cerca de 20 preguntas que planteó al ministro, incluidos cuestionamientos sobre el financiamiento y costo del plan, cuáles son sus metas cuantificadas, así como la voluntad de integrar el Escudo de las Américas y sobre el agravamiento de penas, entre otros.

Gabriela Valverde, subsecretaria de Interior, acotó que el plan se financia con recursos “genuinos” del Presupuesto Nacional y recursos provenientes de “cooperación internacional”.

Si bien dijo que “el plan no tiene un cifra única y aislada”, manifestó que una “proyección de costos estimados” se ubica en “más de US$ 70 millones” para nuevas tecnologías e inversiones, como cámaras de vigilancia, drones, tótems y radares para rutas y fronteras.

Sobre los recursos externos, dijo que se cuenta con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$ 25 millones, destinado a la construcción de cárceles, ampliación de educación policial, tecnologías de investigación, etc.

Por su parte, Negro enfatizó que “el plan se empezó a ejecutar el 1 de marzo de 2025” y descartó que tenga un “sesgo ideológico”. A su vez, indicó que ningún jerarca ni autoridad del gobierno recibió invitación para integrar el Escudo de las Américas.

En cuanto al agravamiento de penas, sostuvo que “no sirve para controlar la delincuencia ni como herramienta de seguridad pública”. Sin embargo, aclaró que “la dosimetría penal uruguaya no se adecúa a los tiempos” actuales.

“La pena máxima del homicidio es 30 años. Estamos asistiendo a homicidio indiscriminados con armas automáticas donde se matan mujeres, vecinos y niños que pasan casualmente o por azar detrás del objetivo que persigue el sicario de ocasión. Una pena de 30 años para un homicidio de estas características no puede ser la misma quien comete un homicidio y que de repente tiene una pena de 25 años por tener un agravante muy especial. En esos casos estuvimos propugnando algún aumento de pena”, explicó el ministro, para delitos “tan graves”.