El diputado Juan Martín Rodríguez compareció junto al senador Carlos Moreira, ambos integrantes de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo, para informar a las bancadas del Partido Nacional sobre lo expuesto por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, respecto de las intenciones de la jerarca de realizar una importante intervención no solo en el histórico edificio, sino también en su entorno.
Con relación a las obras proyectadas, las conclusiones de los blancos en línea con lo planteado desde un principio fue decir que “no” al anteproyecto original de la vicepresidenta por entenderlo “inoportuno”.
A su vez, se transmitió lo resuelto al Frente Amplio (FA) y también al Partido Colorado, que no acompañará el proyecto presentado por Cosse —asistida por la ingeniera civil Natalia Castro y el arquitecto Salvador Schelotto— al entender que no corresponde realizar este tipo de inversiones en un momento de “restricciones presupuestales y de necesidades más prioritarias”.
De parte de los colorados, ya se había cuestionado que lo propuesto originalmente tendría un costo bastante superior a los US$ 10 millones con los que cuenta el Parlamento para recuperar los espacios del Palacio Legislativo, recursos asignados en el marco de los 100 años del icónico inmueble.
En una reunión que tuvo lugar el pasado 14 de mayo, en la que Cosse informó oficialmente sobre el anteproyecto, el senador colorado Tabaré Viera planteó que, según cálculos realizados por su partido, y dadas las características de lo presentado originalmente, el costo no bajaría de los US$ 15 millones, es decir, un 50% más que los recursos disponibles para recuperar espacios del Palacio Legislativo.
Por su parte, otro integrante de la Comisión Administrativa estimó que así como está proyectado el plan original, solo la construcción de un nuevo anexo rondaría en un gasto cercano a los US$ 8 millones.
En esta línea, desde el Partido Nacional se transmitió al FA que los blancos van a “quedar a la espera de lo que defina la bancada de gobierno, en relación a que aspectos del proyecto original hacen suyos, para analizarlos oportunamente”.
Tras comunicarle al oficialismo su postura, Rodríguez dijo a El País que ahora “la pelota está en la cancha del FA”.
Además, reclamaron que se suscriba un convenio de cooperación técnica con la Intendencia de Montevideo para actualizar los estudios vinculados a una ‘intervención urbana integral’, que no solo involucra al edificio y su explanada, sino que también contempla la construcción de un nuevo anexo, un CAIF, un hogar estudiantil y la semipeatonalización de un tramo de la avenida General Flores, según el borrador original.
La Comisión Administrativa está integrada actualmente por cuatro legisladores del oficialismo (Cosse, Daniel Caggiani, Carlos Reutor y María Inés Obaldía) y tres de la oposición: Rodríguez y Moreira, por el Partido Nacional, y Viera, por el Partido Colorado.
Para que un proyecto final sea aprobado —que, en el caso de lo trascendido y según aclaró Cosse, se trata de una idea “disparadora” con posibilidad de cambios— se requiere la mayoría de votos en la Comisión Administrativa, sin necesidad de que pase al pleno ni por la Asamblea General.
No obstante, aunque el FA aún no definió una postura oficial, a la interna existen diversos reparos respecto al financiamiento del anteproyecto original y se entiende que, para llevar adelante obras de infraestructura como la planteada —sobre cuya necesidad de restaurar distintos espacios del Palacio Legislativo existe coincidencia entre todos los partidos—, se requiere consenso y un acuerdo multipartidario.
Por lo pronto, desde el oficialismo se ha optado por mantener silencio y predomina la posición de que se siga analizando la posibilidad de hacer una intervención más acotada a la originalmente planteada. Por tanto, dada la negativa de blancos y colorados, es poco probable que el FA haga valer su mayoría para aprobar el anteproyecto original, que seguramente será reformulado en el correr del año.
Valor patrimonial
Durante la sesión de la Comisión Administrativa del pasado jueves 14, Cosse argumentó la necesidad de hacer una intervención: “El Palacio tiene una enorme carga funcional. Es un edificio histórico patrimonial, que tiene un valor excepcional —invaluable, seguramente—, pero que hoy concentra usos, archivos, circulaciones, oficinas y actividades que no siempre son compatibles con su preservación, con la seguridad de las personas que trabajan acá y en general con las exigencias actuales de funcionamiento. Entendemos que cuidar el Palacio no es solamente restaurarlo, que es muy importante, ni es solamente iluminarlo. Es un proceso que también debe incorporar a su entorno. La idea, entonces, es descomprimirlo, descongestionarlo, protegerlo, ordenar sus usos, generar condiciones para que pueda seguir cumpliendo su función institucional sin deteriorar su valor patrimonial”.
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