Redacción El País
Los tiempos de espera por los que deben pasar los usuarios del sistema integrado de salud son un problema que afecta a la población en todo el país desde hace años, y ahora vuelven a estar sobre la mesa como parte de un reclamo político, esta vez de parte de la oposición.
Días atrás el senador del Partido Nacional (PN), Martín Lema, elevó un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública (MSP) enmarcado en un reclamo que no es nuevo, y que trae consigo un cuestionamiento a la ministra Cristina Lustemberg, así como el pedido de esclarecimiento de qué es lo que se hará para poder solucionar el problema, y con qué presupuesto.
Lema sostuvo que en diversas oportunidades la ministra Lustemberg ha manifestado su preocupación por los extensos tiempos de espera que existen actualmente, y que si bien ha anunciado que el Presupuesto Nacional prioriza la creación de “una salud sin espera”, sus dichos se contradicen con un decreto que existe desde el año 2007. Esa resolución, decretada durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, establece cuáles deben ser los límites de tiempo en los que el sistema de salud debe brindar atención, y hasta ahora sigue vigente.
En el pedido de informes que fue entregado a la Cámara de Senadores, Lema sostiene que Lustemberg ha hablado acerca de que su cartera buscará cumplir con tiempos de acceso de no más de 30 días para un especialista, no más de cinco días hábiles para un médico general y una espera de no más de dos días para acceder a un pediatra o médico tratante de niños o adolescentes; sin embargo “el decreto 359/007 establece plazos mas exigentes”, afirmó el nacionalista.
El decreto mencionado indica que los plazos deben ser de 24 horas para consulta de medicina general, pediatria y ginecobstetricia y 30 días para las restantes especialidades médicas y quirúrgicas. En ese marco el senador expresó en su pedido de información: “Los nuevos objetivos ministeriales amplían los plazos máximos de espera actualmente establecidos, lo cual contradice el propósito de reducirlos en aras de otorgar un servicio más oportuno a los usuarios”.
Lema también le pidió al ministerio que aclare una serie de consultas vinculadas a la ejecución de una posible solución y al dinero que se necesitará para llevarla adelante.
Si el objetivo de la nueva cartera de Salud Pública es disminuir los tiempos de espera, “¿cómo se explica que los tiempos anunciados por la ministra sean más extensos que los establecidos en una normativa vigente desde 2007?”, preguntó.
Por otra parte consultó si el ministerio prevé modificar o derogar el decreto 359/007, y solicitó que se detalle qué nuevas metas de tiempo se establecerían en caso de que la respuesta al cambio fuera positiva.
Solicitó asimismo información sobre la fiscalización que se lleva a cabo actualmente y las sanciones impuestas a los prestadores de salud que incumplen con los tiempos de atención. Y también sobre qué mecanismos tiene previstos el ministerio para instrumentar los tiempos de espera referidos por Lustemberg; sobre qué medidas se adoptarán para mejorar la gestión organizativa de los prestadores integrados de salud, sin incrementar el presupuesto utilizado; y sobre qué etapas y plazos se proyectan para llevar adelante la implementación del plan de acción definido por el gobierno.
Finalmente, el reclamo del senador blanco incluye un pedido de información sobre los recursos presupuestales que se destinarán a mejorar los tiempos de espera que hoy existen, así como la interrogante de si el ministerio considera que el problema se puede solucionar a través de la educación de los usuarios.