Exjerarcas de ASSE pidieron reunión con el directorio horas antes de la rescisión del convenio con Círculo Católico

Los exdirectores de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) del gobierno de Luis Lacalle Pou enviaron este miércoles una carta al directorio actual, a la que accedió El País, solicitando una reunión para “aclarar” las versiones de “presuntas irregularidades” en la pasada gestión, tras valorar que estas “lesionan su honor”.

La misiva fue enviada horas antes de que el directorio de ASSE resolviera, este jueves, la rescisión de un convenio vigente desde noviembre de 2022 de complementación de servicios con el Círculo Católico, tal como informó El Observador y confirmó El País. El acuerdo comprende, entre varios puntos, la compra de 15 camas de CTI y 30 de cuidados moderados por mes.

Leonardo Cipriani, presidente de ASSE entre marzo de 2020 y mayo de 2024, fue director técnico de la mutualista antes de llegar al cargo público, lo que generó suspicacias políticas por este convenio y otras compras estatales a la institución de salud. Cipriani volvió a trabajar al Círculo Católico en agosto de este año.

La resolución de ASSE, a la que accedió El País, indica que la rescisión del convenio fue por "razones asistenciales y de buena administración". Entre los motivos que planteó la gerencia general, encabezada por Federico Martiarena, fue la firma de acuerdos de complementación con el Hospital Policial y Sanidad Militar, que incluyen camas de CTI y de cuidados moderados, por lo que se entendió "conveniente reconsiderar" el contrato con el Círculo Católico.

Cipriani apuntó a El País, en junio de 2023, que las críticas del Frente Amplio al convenio con el Círculo Católico eran "politiquería", con la intención de "querer manchar y hacer un escándalo". El acuerdo permitía, según dijo, acceder a camas de internación a un precio menor al del mercado.

Los expresidentes de ASSE, Cipriani y Marcelo Sosa, así como el exvicepresidente Néstor Graña, el exvocal Julio Micak y los representantes de los trabajadores y los usuarios, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra, respectivamente, firmaron la misiva enviada este miércoles, a la que accedió El País.

El pedido de reunión con las autoridades de ASSE fue por varias razones. “Desde hace ya bastante tiempo, desde distintos medios de prensa, se señala la presunta existencia de irregularidades en la gestión de ASSE durante el periodo anterior, esas afirmaciones surgirían de integrantes del actual gobierno”, comenzaron indicando los exjerarcas.

“Convencidos de que la gestión realizada, en el acierto o en el error, fue guiada siempre por la buena fe y la ética, con el fin supremo de brindar una mejor calidad en la atención de los usuarios, es que entendemos oportuno solicitarles una reunión”, añadieron.

Tras las elecciones nacionales de 2024, que implicaron un cambio de signo político tras la victoria de Yamandú Orsi en las urnas, “no existió una instancia de intercambio entre todas las autoridades entrantes con todas las autoridades que ejercieron el rol de ocupar el Directorio de ASSE en el periodo 2020-2025”, apuntaron.

“Guiados siempre por la transparencia y la buena disposición, con el rol que le tocó a cada uno, directores políticos del oficialismo y sociales de contralor (trabajadores y usuarios) creemos necesario aclarar los puntos que se entiendan pertinentes por parte de las autoridades actuales”, acotaron.

“Entendemos que las aseveraciones realizadas, de las cuales desconocemos sus fundamentos, lesionan nuestro honor y nuestro prestigio profesional, por lo tanto, estamos en nuestro derecho de solicitar esta instancia”, remataron los exjerarcas, que aguardan una “pronta respuesta”.

La misiva fue enviada en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición por la situación de Álvaro Danza —actual presidente de la administración que mantiene en paralelo trabajos en mutualistas y en la Universidad de la República—, los que se agudizaron en los últimos días tras conocerse la superposición de tareas como docente y titular de ASSE.

Con pedidos de renuncia reiterados, dirigentes opositores consideran incompatible su tarea como presidente de ASSE, y en simultáneo como médico tratante y consultante en tres mutualistas, docente grado 5 e investigador, por cuestiones jurídicas y éticas.

El caso Danza escaló esta semana cuando la oposición resolvió interpelar a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg. La postura del gobierno es de respaldo al médico internista, mientras se aguarda un informe encomendado a la Jutep, el que saldría a la luz la próxima semana.

Fuentes políticas oficialistas indicaron a El País que este jueves de tarde se resolvió suspender la comparecencia de una delegación de ASSE, encabezada por Danza, a la comisión del Senado que trata el proyecto de Presupuesto nacional, que estaba prevista para el lunes próximo.

Al asumir, en medio de cruces por la deuda heredada que el gobierno calculó en US$ 280 millones, Danza anunció la activación de una serie de auditorías de la gestión pasada, de las que al momento se desconocen sus resultados.

“Advierto que pueden haber algunas cuestiones delicadas que me parece que generan una gran conmoción y preocupación”, dijo hace un mes el presidente de ASSE a Canal 10. Respecto a si esto puede explicar la postura de la oposición en cuanto a su situación, retrucó en ese entonces: “Podría ser que ese sea el origen”.