"Si quieren bala, van a tener": asambleas con trabajadores armados y aprietes a horas de que zarpen los barcos

El sindicato de la pesca (Suntma) decidió levantar elconflicto iniciado hace unos 80 días y que generó pérdidas a las empresas por cifras que oscilan entre US$ 40 millones y USS 50 millones.

Esta decisión se dio en medio de un ambiente más que tenso entre los trabajadores agremiados. En tres asambleas, realizadas entre el lunes 11 y ayer, los trabajadores concurrieron armados, hubo aprietes y amenazas.

En una de los encuentros entre el oficialismo y la oposición del sindicato, uno de los trabajadores que estaba a favor de levantar el conflicto -argumentando la necesidad de trabajar-, se dirigió a dirigentes gremiales con una fuerte amenaza: "Si ustedes quieren bala, van a tener bala".

Según supo El País de fuentes pesqueras, en las asambleas participaron personas armadas que respaldaban ambas posiciones. Al finalizar una de las discusiones, dirigentes oficialistas fueron detenidos por integrantes de la oposición reclamando el cese inmediato del conflicto en el sector.

La dirigencia del sindicato pesquero también dialogó con al menos cuatro empresarios, quienes les advirtieron que iban a parar todos los barcos hasta enero del próximo año si no se levantaba el paro a la brevedad. Ello significó una presión doble a los directivos gremiales que reclamaban la contratación de un marinero extra para que supliera al capitán cuando este descansara. Tal extremo no estaba incluido en el convenio vigente firmado por los empresarios y el gremio en 2024.

En un comunicado de prensa emitido ayer, los trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), reunidos en asamblea general, resolvieron continuar las instancias de diálogo sobre los temas que motivaron el conflicto "con la flota operativa".

Como se dijo, el único tema que generó el conflicto fue la contratación de un marinero más, lo cual fue rechazado por las empresas pesqueras porque representaban un incremento de costos.

En el comunicado, la Comisión Directiva del gremio agregó: "Los tripulantes están a la orden esperando ser convocados para emprender viaje".

Según fuentes de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (Cipu), varios barcos congeladores —procesan el pescado en sus bodegas— comenzaron a alistarse este lunes para zarpar en las próximas 48 horas. Agregaron que la totalidad de buques —28 costeros y 15 congeladores— demorará al menos unos 10 días en estar lista para zarpar.

"Pero la zafra se terminó. Esta es la segunda zafra que perdemos por conflictos generados por el sindicato en 2024 y en 2025", lamentó un empresario a El País.

Los barcos costeros, cuyas esloras (largos) oscilan entre 16 y 27,80 metros, navegan al sur de Montevideo en función de la ubicación del pescado. En otras ocasiones se dirigen hacia el este, a la altura del balneario de La Paloma (Rocha). Llevan cinco o seis tripulantes.

En tanto, los barcos congeladores navegan hasta el Atlántico sur. Poseen sistemas sofisticados de pesca, cámaras de frío y cuentan con unos 15 tripulantes.

Foto: Leonardo Mainé/Archivo El Pais

El diferendo en la pesca comenzó el 27 de mayo de este año con la detención de tareas en 28 barcos costeros. Como se dijo, se trata de pequeñas embarcaciones que pescan a poca distancia de la costa.

Al ver que la medida no surtía los efectos esperados, un dirigente sindical, acompañado por otras autoridades del gremio, incluyeron en el conflicto a 15 barcos congeladores. Estas embarcaciones tienen un capitán, dos oficiales y unos siete marineros, por lo que cumplen con los reclamos del gremio.

El conflicto, que llevó a los empresarios a tomar una medida inédita de contratar empleados que no tengan vinculación con el gremio, tiene un origen personal. Operadores portuarios y trabajadores pesqueros coinciden en que el punto de partida es un largo enfrentamiento personal entre un dirigente del sindicato y el dueño de una empresa que tiene dificultades financieras.

Las peculiares características del conflicto —originado en un enfrentamiento personal y la contratación de personal por fuera del sector— generó preocupación en el gobierno. El jueves 14, el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, se involucró en la búsqueda de una solución al conflicto pesquero.

Orsi y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se reunieron ese día con el presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros, Juan Riva Zuchelli y un asesor, según supo El País, y les dejaron en claro la gran preocupación que hay en el gobierno por lo prolongado del diferendo y por su gran impacto en el empleo.

Hoy en una web de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay hay hay anotados más de 8.000 aspirantes a trabajar en la pesca, de los cuales unos 400 cuentan con libretas de embarque. Para procesar toda la información proporcionada por los aspirantes, la Cámara utiliza un programa de inteligencia artificial.

Si uno de los barcos precisa marineros en los próximos días, la Cámara enviará a los dueños de la embarcación una lista de posibles candidatos seleccionados en función de sus capacidades. Finalmente, el propio empresario será quien decida entrevistar y posteriormente contratar a alguno de los seleccionados.

Desde el oficialismo surgieron duras críticas a la actitud de las empresas. El sábado 16, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Gabriel Otero, dijo a El País que el llamado que hicieron las empresas armadores a personas que quieran embarcar “es una medida antisindical” y que “han mostrado desprecio a la dirigencia sindical actual”.

Mientras, un empresario pesquero uruguayo afirmó a El País que la inquietud del Poder Ejecutivo tiene su justificación. "Acá se violó un convenio colectivo (por parte del sindicato). Uruguay tiene muchos convenios bilaterales y se jacta de que posee seguridad jurídica. El conflicto en la pesca demostró que esa seguridad jurídica no es tal", concluyó.